El Parlamento italiano debate prohibir la informacion judicial previa a los procesos

El Parlamento italiano debatirá la próxima semana un borrador de ley que prevé prohibir a la prensa, bajo severas sanciones para periodistas y medios, que informe con anterioridad a la petición de procesamiento sobre el contenido y el carácter mismo de actuaciones judiciales en curso. La propuesta apenas tiene posibilidades de prosperar, y el Gobierno se ha distanciado de ella, renunciando a regular la materia, después de advertir que terminará con unas fugas de noticias que han desembocado en hechos sangrientos.

Media docena de personas, en su mayoría políticos, pero también un empresario, un abogado y un magistrado, se han suicidado en los últimos meses en Italia tras haberse publicado la noticia de que eran investigados por presuntos hechos de corrupción financiera de partido o por supuestas conexiones mafiosas.La polémica sobre los suicidas ha sido despiadada mientras se mantuvo en el ámbito de la corrupción política que la originó. El líder socialista Bettino Craxi, el más afectado por el escándalo derivado de la financiación ilegal de los partidos, reaccionó atacando a una magistratura politizada, a la que acusó de representar intereses de parte; denunció que los partidos trataban de explotar con hipocresía unos hechos que implicaban a todos los políticos, y fustigó a los periódicos que, según él, trabajan para oscuros proyectos partidistas o empresariales.

Una imagen dictatorial del líder socialista, empeñado en amordazar a todo el mundo, fue la respuesta más corriente a estos argumentos. Claudio Martelli, ministro socialista de Justicia y rival político de Craxi, templó las tensiones con los jueces y tomó, en cambio, medidas concretas en relación con la prensa. Prohibió fotografiar a los políticos esposados, en el momento de ser detenidos o conducidos a los tribunales.

Testigos 'arrepentidos'

Con los recientes avances en la investigación de las conexiones entre Mafia y política, el grueso de la polémica se centró en los arrepentidos, considerados abiertamente por muchos políticos como testigos indignos.Los medios de comunicación sólo se vieron en el centro de la tormenta tras el suicidio de un juez palermitano, el pasado 3 de diciembre. Domenico Signorino, ex fiscal del maxiproceso contra la Mafia de 1984, había sido considerado un magistrado intachable hasta que el diario L' Unitá, ex comunista, reveló en exclusiva a primeros de mes que el arrepentido Gaspare Mutolo afirmaba que un mafioso había ayudado a Signorino a conseguir un piso de bajo precio.

Signorino no había sido informado de esa investigación; el hecho que le implicaba no había sido comprobado por los jueces, y su nombre fue el único filtrado de una lista de tres magistrados acusados por el arrepentido Mutolo. Todo contribuía, pues, a potenciar protestas del tipo "la prensa le ha asesinado" o "en este país los periódicos te declaran culpable antes de ser procesado".

A este tipo de actitud parece responder el borrador parlamentario redactado por el democristiano Giuseppe Gargani. El borrador prevé penas leves de cárcel para el periodista por la información concreta sobre indicios procesales y por la revelación de simples actos como puede ser una detención o una apertura de sumario; le impone la obligación de revelar la fuente, de una filtración ilegal a requerimiento del juez, y prevé la creación de un órgano profesional que aplique el derecho de rectificación e incluso la suspensión de medios.

Entre los contrarios a estas medidas están los magistrados cuya asociación profesional, ha declarado que la publicidad de sus actuaciones es fundamental, sobre todo por lo que se refiere a los políticos, ya que sus responsabilidades son más amplias que las estrictamente penales que pueden exigirles los jueces.

Revelar la fuente

Contrarios son también los medios de comunicación y la generalidad de los periodistas, con la excepción del director del telediario de la RAI-2, socialista.No obstante, parece ganar terreno la idea de que sea obligatorio revelar la fuente, defendida por periodistas independientes de partidos como el director de La Repubblica, Eugenio Scalfari.

El borrador de Gargani ha encontrado también una fuerte oposición en medios políticos, sobre todo en los que no están comprometidos con el Gobierno de cuatro partidos. Pero también el ministro de Justicia, Martelli, ha declarado: "Yo no amordazaré a la prensa", y ha sugerido que renuncia a la idea de una ley específica sobre las filtraciones. "El responsable de éstas es, sobre todo, la fuente, y la revelación de secretos ya es un delito legislado", dice.

El jefe del Estado, Oscar Luigi Scalfaro, dijo ayer que la información es un problema moral del periodista y que por tanto sobran leyes sobre el tema.