Solana considera la suspensión parcial de la ayuda a Guinea Ecuatorial

El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, se mostró ayer dispuesto, a petición de la oposición parlamentaria, a estudiar la suspensión de tres modalidades de la cooperación española con Guinea Ecuatorial "para ver si conseguimos así enviar una clara señal de firmeza al Gobierno ecuatoguineano" sobre la necesidad de democratízar su país. España, advirtió el ministro, no admitirá "execesos ni arbitrariedades" con los españoles que trabajan en Guinea.

Solana hizo esta afirmación -que afectaría a algunas becas concedidas a militares, policías y a hijos de dignatarios del régimen, a la tramitación de los visados para viajes particulares a España y al regalo de billetes de Iberia para volar a Madrid- en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

El ministro acudió ante la comisión para dar cuenta de las gestiones efectuadas por el Gobierno con vistas a obtener la liberación de los empresarios españoles Salvador Vilarrasa y Santiago Hanna, de origen libanés, condenados en Bata el lunes a 12 años de cárcel por un supuesto intento de golpe de Estado e inmediatamente indultados por el presidente Teodoro Obiang que no les perdonó, sin embargo, parte de la cantidad (129 millones) que deben abonar en concepto. de responsabilidad civil.

Los dos empresarios, que abandonaron la cárcel en la tarde del martes, no pueden salir del país mientras no paguen la multa. A pesar de que su esposa le insta a regresar a Valencia cuanto antes, Vilarrasa, precisé el ministro, "no ha solicitado permiso de salida" porque tiene la intención "de recurrir la sentencia por la vía judicial" con objeto de lograr ser absuelto de la condena pecuniaria.

Recurso

[Vilarrasa, por su parte, dijo ayer a la Cadena Cope que su intención es seguir "si puedo" trabajando en Guinea. Fuentes familiares confirmaron la intención del empresario de recurrir contra su sentencia y pusieron de relieve el hecho de que el indulto se produjera antes de que la sentencia fuera firme"].

La oposición tildó en general de "tímida" la actuación del Gobierno no tanto en la defensa de los dos españoles como, señaló Nicolás Sartorius de Izquierda Unida, como en la de los guineanos víctimas de atropellos en materia de derechos humanos.

Aunque con algunas excepciones pidió que se utilizase la cooperación que no sea ni sanitaria ni educativa para presionar al régimen de Malabo e incluso José Ramón Caso, del Centro Democrático y Social, y Jordi Casas, evocaron la posibilidad de enviar al Ejército a Guinea para garantizar la seguridad de los residentes españoles.

Tras recalcar que "no se puede pagar la multa porque equivaldría a negociar con criminales", Javier Rupérez, del PP, hizo una larga enumeración de los aspectos de la cooperación española que deben ser interrumpidos y que, en parte, Solana prometió tomar en considerción. Rupérez hizo especial hincapié en que RTVE mantiene la radio y televisión guineana.

El ministro le recordó que era un medio de difusión del idioma español y que si España dejase de mantenerla "sería sustituida por la ayuda de otro país y la televisión transmitiría en otro idioma", en alusión a Francia. El 90% de la cooperación española es sanitaria y educativa y para Solana es intocable.