A la caza del talón sospechoso

El caso Filesa, un escándalo en principio limitado a unas empresas sospechosas de financiar irregularmente al PSOE, ha desembocado en un interminable recorrido de comitivas judiciales por bancos a la caza del talón sospechoso. A la espera de que esta semana se levante el secreto del sumario y se calibren los resultados de las pesquisas, la situación comienza a estabilizarse: a cada nuevo registro del juez del Tribunal Supremo Marino Barbero sucede un recurso del fiscal general del Estado y un nuevo intento del PSOE por frenar el ímpetu investigador del magistrado.

¿Dónde atacará hoy Marino. , preguntan no sin malicia sus compañeros del Supremo. Hasta ahora, el juez ha reventado una caja de seguridad de los socialistas, catalanes en el Banco Atlántico de Barcelona, ha irrumpido -con la policía en el Banco de España y ha enviado a un secretario judicial a las sedes del PSOE y del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) en Madrid. Los dirigentes socialistas se esperaban la visita, pues habían recibido múltiples llamadas de sus proveedores adviertiéndoles de que el juez había revisado sus departamentos contables.Las expectativas se centran ahora en conocer qué ha podido conseguir el juez en estos registrosí. Si tras prorrogar cuatro veces el secreto del sumario, el juez lo levanta finalmente esta semana, los abogados podrán comprobar si hay material para apoyar la ácusación.

El otro plato fuerte serán las declaraciones. del diputado Carlos Navarro y del senador Josep Maria Sala, previstas para comienzos de diciembre. Aunque no tienen obligación de presentarse, ambos parlamentarios han asegurado que lo harán, si bien entre protestas por tener que declarar sin un suplicatorio a las Cámaras.

Medios jurídicos próximos al PSOE subrayan que el primer y grave error fue la oposición del fiscal a que el Supremo remitiese al Congreso y al Senado estos suplicatorios en octubre de 1991. De haberse continuado tal trámite, es muy posible que a estas alturas los suplicatorios hubiesen sido denegados y la causa, sin aforados, estuviese en algún juzgado de Barcelona. Pero el aparato socialista confló en que la causa durmiese, como tantas otras, en una secretaría del Supremo.

Al principio así fue. La instrucción había correspondido a Marino Barbero, catedrático de Derecho Penal designado magistrado del Supremo con el apoyo de los consejeros propuestos por el PSOE en el anterior Consejo General del Poder Judicial. No había especiales motivos de intranquilidad. Barbero no había instruido antes ningún sumario y una causa especial que le había correspondido previamente, una querella contra el portavoz de HB, Jon Idigoras, llevaba un año sin que nadie le quitase el polvo. En abril, casi un año después de estallar el escándalo, sólo había declarado en el caso Filesa el chileno Carlos van Schowen, el contable que destapó la trama tras su despido.Punto de inflexiónTras las primeras denuncias de la prensa sobre la paralización del s,umario, declaran empleados de Filesa, pero la causa sigue a ritmo lento. En septiembre, la comparecencia de los directivos de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, marca el verdadero punto de inflexión en lamarcha del sumario. Ambos se acogen a su derecho a guardar silencio.

En octubre, los acontecimientos se precipitan. El BBV, el Banco Central Hispano y la empresa ABB comunican al Supremo que "no encuentran" los informes por los que pagaron cientos de millones de pesetas a Filesa, lo que refuerza las sospechas de que tales informes nunca existieron. Otras empresas si los hallan, pero el secreto del sumario impide conocerlos. El fiscal del caso, Antonio Salinas, y el juez Barbero se enzarzan en mutuas acusaciones de "dilación". Tercia en la polémica el fiscal del Estado, Eligio Hernández, quien, al no apreciar comportamientos delictivos en los aforados, pretendeque la causa se remita a Barcelona. Este primer recurso del fiscal, que acaba de ser resuelto con un voto disidente, ha supuesto un espaldarazo total al instructor.

En octubre y este mes, la pugna institucional se dispara: Barbero reclama al PSOE su contabilidad de los tres últimos años y el presidente del partido, Ramón Rubial, pide el amparo del Congreso, el Senado y el Poder Judicial. Las tres instituciones rechazan la petición.

El magistrado da su paso más espectacular cuando, con tres coches de policía, registra la sede del Banco de España y da un ultimátum de 24 horas al PSOE para que entregue sus cuentas. La negativa del partido motiva el envío de un secretario judicial en taxi a la sede socialista de Ferraz, donde el secretario pasa siete horas.

Cada movimiento de Barbero ha obligado al fiscal del Estado a llenar de recursos la Sala Segunda del Supremo. Tiene pendientes tres por los dos registros y el ultimátum de 24 horas, que en realidad serán seis, pues el juez los rechazará y deberá pronunciarse el tribunal. Eligio Hernández aún estudia ir al Coiístitucional en amparo.

Tras la entrada en su sede central, los socialistas esperan resignados a que escampe confiando en que, salvo su sede electoral de Gobelas cuyo alquiler se pagó algunos meses con dinero de Filesa-, al juez Barbero ya no puede quedarle mucho por registrar.