Filesa político

LO QUE los ciudadanos saben del caso Filesa es que unas empresas fundadas o gestionadas por miembros del PSOE percibieron de importantes compañías financieras o industriales fuertes sumas de dinero por unos informes de naturaleza tan improbable que casi nadie ha sido capaz de presentarlos, y que esas mismas empresas pagaron facturas correspondientes a gastos electorales del PSOE. Ante el conocimiento de tales datos, el PSOE podía haber hecho una de estas dos cosas: a) reconocer la evidencia y tratar de limitar sus efectos; b) negar la evidencia.Tras algunas dudas se eligió esta segunda posibilidad. Ello significaba optar por embrollar un asunto en sí mismo bastante simple (y similar a otros episodios de financiación irregular de partidos políticos registrados en varios países europeos). Tal opción buscaba seguramente ganar tiempo, alejar el desenlace: así se deduce de algunas iniciativas, absurdas desde la perspectiva jurídica y sólo explicables desde una deliberada voluntad dilatoria. Pero esa dilación ha multiplicado los negativos efectos políticos del caso: desde el descrédito de instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General, hasta los intentos de involucrar en el asunto al Parlamento y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Iniciativas que revelan, como mínimo, escasa sensibilidad jurídica, y, como máximo, voluntad obstruccionista de la justicia, contra lo expresamente establecido en la Constitución: es obligado "prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso".

Un partido que lleva 10 años gobernando y que se considera a sí mismo principal garantía contra la disgregación del Estado estaba obligado a contribuir al prestigio de las instituciones y a dar ejemplo de respeto a las leyes, incluso si de ello derivaba algún perjuicio para sus intereses. La dimensión política más profunda del asunto Filesa consiste precisamente en poner a prueba hasta qué punto el partido del Gobierno está dispuesto a supeditar sus propios intereses a los del sistema democrático en su conjunto. ¿Quién podía dudar, por ejemplo, que el nombramiento de Eligio Hernández, tras la polémica suscitada por su acceso al CGPJ, iba a avalar las sospechas de politización del sistema judicial? Quizá no tenga nada que ver, pero ¿cómo evitar que la gente piense que si se asumió el riesgo de ese nombramiento -o el de la reelección de Carretero para el Tribunal de Cuentas- fue pensando en el asunto Filesa?

Lo que está en juego no es el conflicto entre un juez y el PSOE, sino la posibilidad de que el poder judicial investigue a los partidos (incluido el que está en el Gobierno) cuando hay indicios de delito. Que los hay no lo podrá negar ningún dirigente socialista, y menos que nadie los que reconocen implícitamente la naturaleza del asunto al advertir a los partidos de la oposición que se guarden de ir demasiado lejos porque mañana puede tocarles a ellos. Es cierto que casi todos los partidos llevan en la mochila su propio caso, siempre en relación con sistemas irregulares de financiación (y a veces, además, con aprovechamiento privado de recursos públicos). También, que al PP le cayó la lotería con el error procedimental del juez que investigó la red montada por Naseiro y compañía. Pero es absurdo pretender que aquella carambola legitime el recurso a cualquier método tendente a reproducir como sea un desenlace exculpatorio. Tal cosa sólo podría hacerse quebrando gravemente el principio de legalidad y arrastrando por los suelos la credibilidad de las instituciones. Un precio que ningún partido responsable estaría dispuesto a pagar.

Es pronto para valorar la actuación del juez Barbero. El Supremo avala la legalidad de sus iniciativas, y sólo la falta de resultados podría demostrar su eventual inutilidad. Es verdad que algunas cosas chocan -como lo de solicitar las actas de reuniones políticas-, pero también que tales iniciativas son, al menos en parte, consecuencia de la falta de colaboración de ese partido en el esclarecimiento del asunto. La puntualización del Tribunal de Cuentas, indicando que los originales de los libros de contabilidad del PSOE están en poder de este partido, débilmente objetada ayer por Benegas, colocan a éste en desairada posición, pero alivian un tanto la de esa institución. Por otra parte, precisamente porque una investigación demasiado barroca favorece las tácticas dilatorias y las maniobras de distracción, resulta oportuna la recomendación de concreción y rapidez hecha por el Tribunal Supremo al juez Barbero. Pero alguien debería hacer comprender a los dirigentes socialistas que ellos están tan interesados como el que más en que este asunto no se eternice: tal como están las cosas, aplazar el desenlace no modificará su signo, y, en cambio, sí contribuirá a extender el descrédito hasta el último rincón del Estado. No habrán salvado los barcos, y habrán perdido su alma.