Los males de la vejez

Sólo cuatro de cada 100 mayores son partidarios de acabar sus días en una residencia, pero el objetivo resulta difícil de cumplir para ellos. "Hay gente que se muere antes de conseguir la plaza", afirma una asistenta social del Ayuntamiento. En el Gobierno regional lo corroboran, pero nadie contabiliza esta particular estadística de defunciones. Decenas parece una cifra cauta."A una persona mayor sin recursos le ponemos hasta la dentadura gratis, pero si es de clase media, la verdad es que no rascabola", reconoce la consejera de Integración Social, Elena Vázquez. Coincide con ella la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Ana María García Armendáriz: "La angustia está en la gente normal, que ni puede optar a plaza pública ni tiene dinero para pagar una privada".

De estas dos mujeres dependen la mayoría de los abuelos madrileños, 360.000 entre 65 y 75 años y 240.000 con más de 75 inviernos. Ambas creen que el lugar del anciano es su casa, o la de su familia. Para favorecer esta situación funciona la ayuda domiciliaria -ahora víctima de los recortes presupuestarios-, que atiende a 6.000 personas.

Las dos ven el gran problema en el momento en que el mayor ya no se vale por sus medios o necesita cuidados que los parientes -o la cartilla de ahorros- no le pueden proporcionar. Entonces, el ingreso en una residencia pública parece la panacea.

Vía crucis

Pero la panacea tiene mucho de vía crucis. O de concurso-oposición. El primer paso es hacer la solicitud para una plaza pública en las juntas de distrito municipales. La Administración regional resuelve sobre ellas. La espera puede durar años: en este momento aguardan 4.000 mayores -la mitad, inválidos-, según la Comunidad. En 1992 han ingresado 825 personas en sus centros.

La demanda supera con creces la oferta. De las 19.113 plazas de Madrid, 6.667 son públicas -incluido Inserso- y 4.527 corresponden a centros privados sin ánimo de lucro.

Edad, pensión, familia y domicillo son los elementos para el baremo de entrada en un centro público. "Con más de 80.000 pesetas de pensión para una persona, desde luego hay que despedirse de plaza pública", reconoce el jefe de servicios de la tercera edad en la Comunidad, Santiago Morán. Y tampoco es que sean gratis: los residentes deben abonar entre el 70% y el 80% de su pensión.

Las paradojas no terminan ahí: resulta más fácil lograr plaza pública si el anciano se vale por sus medios que si necesita asistencia. O sea, cuanta más falta hacen los cuidados, más difícil es conseguirlos: de las plazas de la región, sólo 3.830 son asistidas (1.928 corresponden a centros privados con ánimo de lucro).

Así las cosas, las 7.810 camas que ofrecen los centros privados de pago se presentan como alternativa. El mayor problema es el precio: entre las 90.000 y las 150.000 pesetas mensuales para los mayores que se valen por sí La tarifa para los asistidos va de 150.000 a 300.000 pesetas al mes.

"Los precios pueden parecer elevados, pero están en función de los servicios que se ofrecen", puntualiza Juan Antonio Moya, presidente de la Asociación Madrileña de Residencias para la Tercera Edad. La ocupación ronda el 90%. "Seis de cada 10 ingresados están en lista de espera para centros públicos", dice.

La consejera Elena Vázquez confía en ir resolviendo la escasez con la puesta en marcha del Plan Gerontológico de la Comunidad de Madrid (el diseñado a escala nacional quedó estancado por falta de presupuesto). El Gobierno regional -con competenclas plenas en la materia- proyecta ofrecer suelo barato para que el sector privado construya centros. Irían dirigidos a personas asistidas con ingresos máximos de 6,2 millones de pesetas anuales.

La idea es subvencionar el 55% del coste mensual de la plaza -160.000 pesetas- y que la familia«o la pensión cubran el resto. "La escasez se solucionaría antes y mejor si la Comunidad hiciese conciertos ya con los centros privados", replica Moya.

Aun con el plan, los mayores no impedidos lo seguirán teniendo difícil. El año 2001, la vejez será la odisea especial de 740.000 madrileños con más de 65 años.