Ollero dice que no acusó al titular de Obras Públicas de favorecer a Ocisa, pero no desmiente su declaración

Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, negó ayer en una nota haber culpado al consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, de favorecer a la constructora Ocisa. No obstante, Ollero explicó luego que su desmentido se refiere a los titulares e interpretaciones de algunos medios de comunicación, pero no desmiente lo que ha trascendido de su declaración ante la comisión investigadora del Parlamento regional. El PSOE se opone a remitir la declaración de Ollero al fiscal, como éste ha solicitado.

"No he inculpado ni acusado a nadie, y menos al consejero (...) ni he recibido órdenes de favorecer a Ocisa". El comunicado del ex director general de Carreteras se refiere al caso Jorge Ollero [nombre de su hermano, detenido con 22 millones de presuntas comisiones ilegales] en vez de simplemente al caso Ollero. El propio Manuel Ollero señaló a este diario: "Lo que ocurre es que, en algunos casos, los titulares no coinciden con el texto".El Parlamento andaluz se niega a facilitar al fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, una copla de las declaraciones de Manuel Ollero, en las que éste responsabiliza al consejero de Obras Públicas de la adjudicación de la obra que originó el escándalo. Flores considera que el testimonio es "interesante" para la investigación judicial. En cambio, el presidente de la comisión, el socialista Guillermo Gutiérrez, argumenta que los contenidos de las reuniones no son públicos "para nadie".

Manuel Ollero explicó en la comparecencia ante la comisión parlamentaria, conocida por filtraciones a los medios de comunicación, que el consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, le ordenó valorar por primera vez para la adjudicación de una obra las condiciones de pago y llamar posteriormente a la empresa constructora Ocisa para negociar la oferta de financiación. Según el fiscal Flores, esto debe figurar en las diligencias judiciales.

Oposición rotunda

El fiscal ha sugerido al Parlamento andaluz que le envíe una copia de las actas de la declaración y ha explicado que, si existe imputación a López Martos, el testigo debe repetir la comparecencia en el despacho de la juez. Sin embargo, el presidente de la comisión se opone en redondo, a no ser que la petición se curse oficialmente y le obligue la ley, ya que los trabajos "son secretos para todo el mundo" y los testigos no acuden al Parlamento con asesoramiento jurídico.

Gutiérrez y el secretario regional del PSOE, Carlos Sanjuán, han calificado de "peligrosísimo, perjudicial e irresponsable" que las declaraciones de Ollero hayan trascendido. El presidente de la comisión ha recordado que un diputado que facilite información reservada puede ser inhabilitado por tires meses.

El miembro de la comisión Mariano Pérez de Ayala, del Partido Andalucista (PA), negó que Ollero "inculpara" al consejero y añadió: "Algunos titulares no se corresponden con la realidad". El andalucista también dijo que no había filtrado información alguna a la prensa.

La implicación de López Martos por su ex colaborador ha creado una situación compleja para la Junta, habida cuenta de la dificultad de desmentir unas declaraciones secretas, y aún más, tras condenar su filtración.

No obstante, personas próximas al presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, estiman que el consejero no puede "aguantar políticamente" sin ofrecer una explicación hasta el 12 de noviembre, fecha en la que está citado para comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el caso.

Fuentes de la comisión señalaron ayer que Ollero contestó en su declaración con mucha más amplitud y detalle de la que se le requirió.

También informaron que, mientras Ollero aseguró que el consejero sólo le indicó negociar con Ocisa, el director regional de esta empresa, Maximiliano Navascués, que compareció igualmente el jueves, dijo que el ex director general le había comentado que iba a ver a otras constructoras.

Por otro lado, la juez Pilar Llorente levantó ayer el secreto del sumario, aunque hasta hoy las partes personadas en el caso no podrán acceder a las diligencias. Tras el levantamiento del secreto, que ha sido prorrogado en tres ocasiones, los abogados de cada una de las partes personadas en el caso podrán conocer el contenido de las más de 30 cintas magnetofónicas grabadas de las conversaciones telefónicas de los principales inculpados.