Una votación y muchas elecciones

El próximo 3 de noviembre los ciudadanos de Estados Unidos elegirán a un nuevo presidente, pero ésa no será la única elección que hagan ese día. Los norteamericanos también acudirán a las urnas para renovar un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes, el Gobierno de doce Estados, y participaran en varios referendos, entre los que destacan los que pueden poner límites al número de mandatos de los congresistas o autorizar la pena de muerte en Washington, la capital federal. Todo apunta a que los vientos de cambio que soplan en la sociedad norteamericana propiciarán no sólo un relevo en la Casa Blanca, sino también en la colina del Capitolio de Washington, donde tiene su sede el Congreso.

Los 100 escaños que tiene el Senado, dos por cada Estado, están ocupados actualmente por 57 demócratas y 43 republicanos. El próximo día 3 se ponen en juego 35 de esos escaños -un tercio cada dos años, ya que el mandato es de seis- y las encuestas indican que los demócratas aumentarán su mayoría en dos o tres escaños. El cambio principal puede venir por una mayor presencia de mujeres en la Cámara. Actualmente sólo hay tres senadoras y se espera que ese número se duplique tras las elecciones de noviembre.En la Cámara de Representantes ha habido mayoría demócrata en los últimos 38 años. Los 435 escaños que componen la Cámara baja están distribuidos entre los 50 Estados en función de su población y los Estados pierden o ganan escaños en la Cámara baja en función de su crecimiento o descenso vegetativo. La Cámara saliente estaba formada por 266 demócratas, 166 republicanos, un independiente que se declara socialista y dos vacantes. La Cámara se renueva cada dos años, que es el periodo de mandato de los representantes.

Los republicanos esperan ganar entre 20 y 25 puestos, ya que la mayoría de los escaños que salen a votación están ocupados por demócratas y los aires de cambio favorecen al aspirante frente al titular. Pero las diferencias entre la Cámara que salga elegida en noviembre y la anterior pueden basarse más en el relevo generacional que en el partidario. Las encuestas indican que la próxima Cámara tendrá más nuevos miembros que ninguna otra de los últimos 40 años. Y entre los nuevos congresistas se espera que haya más mujeres, más negros y más hispanos, lo que se hará notar en la actividad legislativa.

El calendario y la mecánica electoral norteamericana, con periodos relativamente largos en el Senado y muy breves en la Cámara, han hecho que se constituya una cierta clase política con congresistas perfectamente enraizados en sus circunscripciones y con carreras casi vitalicias en el Congreso. Esto y la tradicional mayoría demócrata han propiciado una campaña animada por el Partido Republicano contra los "políticos profesionales" y contra el llamado "poder de, Washington", al que se presenta como alejado del verdadero sentir de la gente común.

Como resultado de esta campaña, en 14 Estados se someterá a referéndum si se pone un límite al número de mandatos que pueden ejercer sus representantes en el Congreso Federal. Para los senadores se quiere poner un límite de 12 años (dos mandatos), y para los congresistas, entre 6 y 12 años, de tres a seis mandatos. De aprobarse estas propuestas en los 14 Estados -ya lo hizo en 1990 el Estado de Colorado, que ha limitado a 12 años el mandato de senadores y congresistas-, el 30% de los escaños del Congreso tendrá un plazo máximo de ocupación.

Todas las encuestas indican que la propuesta de limitación de mandatos recibirá el apoyo abrumador del electorado, pese a la oposición del Partido Demócrata, con Bill Clinton a la cabeza. Los demócratas consideran que no se debe limitar la capacidad de elección de los ciudadanos y que la forma de sanear la vida política es hacer más transparente el sistema de financiación de las campañas electorales.

El precio medio de una campaña para un miembro de la Cámara de Representantes se calcula en unos 400.000 dólares (unos 42 millones de pesetas) y la de un senador en cuatro millones (420 millones de pesetas), unas cifras que no salen del sueldo de los congresistas, que es de 125.100 dólares al año (algo más de 13 millones de pesetas).

El dinero con que pagan sus campañas tampoco es facilitado por ningún órgano político central, sino que es recaudado por cada candidato con el apoyo de comités y con el sostén logístico del partido. Esto explica, en parte, que no exista una disciplina de voto en el sentido europeo, ya que los senadores y congresistas deben atender, antes que nada, a los electores de su circunscripción y a los grupos que les apoyan financieramente, sean éstos representantes de intereses patronales, sindicales, religiosos, feministas, ecologistas o étnicos.

Medios de opinión tan influyentes como el diario The New York Times expresaban así su oposición a la limitación de mandatos de los congresistas: "El principal defecto de la limitación de mandatos es que castiga la experiencia. Si un senador no puede estar más de 12 años, y si los congresistas tienen incluso límites más estrictos, la continuidad y el poder real pasará de los representantes elegidos democráticamente a consejeros contratados y grupos de presión que no han sido elegidos".

Treinta y cuatro de los 50 Estados de la Unión han incorporado la pena de muerte a sus leyes, pero sólo 20 de ellos la han puesto en práctica desde 1976. Los ciudadanos del distrito de Columbia, sede de la capital federal, Washington, votarán el próximo 3 de noviembre si la incorporan también a sus leyes.

Tras la consulta laten la inquietud y el miedo de una población que ha visto crecer de una forma espectacular durante los últimos años los delitos violentos. La capital federal, pese a ser la sede de la presidencia, el Congreso y el cuerpo diplomático, está a la cabeza en las estadísticas de delincuencia y crímenes de Estados Unidos. Ello se debe a que en la población del distrito de Columbia, de mayoría negra, existen grandes bolsas de marginación y pobreza. Las encuestas indican que la votación será reñida. El 43% de los encuestados se muestra en contra de la pena de muerte, el 41% a favor, y el 16% se confiesa indeciso.

Un elemento esencial, de cualquier votación es la participación ciudadana, y ésta no ha hecho más que descender en las elecciones presidenciales de los últimos 30 años. En las últimas, que tuvieron lugar en 1988 entre George Bush y Michael Dukakis, votó el 50,1% de la población en edad de votar, es decir, con más de 18 años.

La baja participación se debe, en parte, a la obligación que tienen los ciudadanos de registrarse en un censo especial antes de cada elección. El Congreso saliente aprobó una ley para facilitar los trámites de registro y hacerlo coincidir con la obtención del carné de conducir o la inscripción en la Seguridad Social, pero el presidente George Bush vetó la ley y el Congreso no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para eliminar el veto presidencial.

Las condiciones y las facilidades para registrarse varían de Estado a Estado y existe alguno en que los ciudadanos pueden inscribirse el mismo día de la votación, pero en la mayoría el plazo concluye varias semanas antes. La abstención electoral es mayor en los Estados del sur, entre las clases más pobres y entre las minorías raciales.