El Supremo pide al juez de Filesa un informe sobre los recursos de queja
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado al juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero Santos, un plazo de cinco días para que presente un informe sobre los recursos de queja interpuestos contra el auto en que recriminaba la "falta de objetividad" del fiscal del caso, Antonio Salinas. Previamente a este auto judicial, el abogado del Estado se mostró contrario a la postura del fiscal y dijo que calificar de "innecesarias" las diligencias implicaba "un juicio de valor que pretende sustituir el criterio del juez por el de quienes recurren".
La Sala Segunda del Supremo ha dado cinco días al instructor para que informe sobre los recursos de queja interpuestos contra su decisión de investigar 70 empresas y los movimientos bancarios de Filesa Malesa y Time Export.El presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruíz Vadillo, y los magistrados Luis Román Puerta y José Augusto de Vega serán los encargados de estudiarlos recursos y, en su caso, "emitir un pronunciamiento" sobre las recriminaciones del instructor contra el fiscal del caso.
El abogado de la acusación popular, Marcos García Montes, presentó ayer un escrito en el que pide al tribunal que de traslado a todas las partes personadas de los recursos de queja, "habida cuenta de la polémica suscitada en diferentes medios de comunicación entre supuestos enfrentamientos entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado".
Esclarecer la verdad
Por su parte, el representante de la Abogacía del Estado en el caso Filesa consideró "improcedentes" los recursos del fiscal y los inculpados por considerar que "no se debe prescindir de la práctica de aquellas diligencias que el instructor estima imprescindibles (...) por cuanto a través de ellas se pretende, en definitiva, esclarecer la verdad".Según el abogado del Estado, las diligencias del magistrado deben considerarse "esenciales" porque van encaminadas a esclarecer si los inculpados cometieron delitos contra la Hacienda Pública, y, de no efectuar tales diligencias, el Estado quedaría en indefensión.
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