El PSOE dice que carece de competencias para resolver el caso de la colza

Las puertas del PSOE se abrieron ayer a los afectados de la colza, una vez levantada la acampada que montaron en la calle de Ferraz de Madrid, donde está la sede él partido. La reunión mantenida con el responsable de movimientos sociales, Alejandro Cercas, supone la reanudación de un diálogo (que será seguido de un encuentro con el subsecretario de Trabajo y una nueva cita en Ferraz, donde ayer se informó a los afectados que el PSOE carece de competencias para asumir funciones "privativas de los tribunales".

El deshielo entre el PSOE y las asociaciones de afectados por la colza permitió ayer la reanudación de las negociaciones para hacer realidad el procedimiento y cuantía de las indemnizaciones a las víctimas y enfermos del síndrome tóxico. Una mediación del Defensor del Pueblo y Francisca Sauquillo, senadora socialista y abogada de un colectivo de estos afectados, permitió el pasado viernes reanudar el tráfico, tras once días de interrupción, frente a la sede nacional del PSOE. Este paso era la condición que había impuesto el partido para recibirles.En la reunión de ayer participaron el secretario federal (le Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del PSOE, los abogados Francisca Sauquillo y Antonio García-Pablos y representantes de varias asociaciones. Al cabo de tres horas el portavoz de los afectados, Juan Antonio Sánchez, remitió al resultado de próximos encuentros con el subsecretario de Trabajo (el próximo viernes) y el propio Alejandro Cercas para ofrecer una opinión con fundamento.

Limitaciones del partido

Según Sánchez, en el PSOE les han dicho que "entienden el problema, pero que el partido tiene sus limitaciones y apoyará lo que se decida en la reunión del viernes en el Ministerio de Trabajo". Dejó sin respuesta la pregunta de si creía que el PSOE les utilizó demagógicamente en su batalla contra la UCI). La versión del PSOE fue transmitida a través de una nota en la que recuerda que carece de competencias "para asumir funciones que son privativas de los Tribunales" y se reitera el compromiso del partido a que se cumplan los acuerdos adoptados en el Parlamento.

Por otra parte, dos testigos comparecieron ayer en la Audiencia Nacional para declarar en el sumario de los altos cargos que instruye el juez Carlos Bueren, propuestos por la defensa de José Guilló, ex director de Comercio Interior en 1981 y uno de los 10 altos cargos inculpados en el sumario, informa

Los testigos, Pedro Fernández Silva, jefe de la Sección de Aceites, Vinos y sus transformados en 1981 y Manuel García Blanco, subdirector de Disciplina de Mercados, fueron interrogados sobre una serie de documentos que figuran en el sumario para que los identificaran. En el sumario han declarado en dos ocasiones 10 altos cargos de la extinguida administración de UCD.

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la asociación de afectados del barrio de Moratalaz que desalojen la sede porque la necesitan para colectivos más necesitados.