El juez que investiga el voto por correo cita como imputados a los gestores del PP

Los apoderados del PP que gestionaron los votos por correo en las pasadas elecciones municipales en Madrid tendrán que acudir en los próximos días ante el juez acompañados por su abogado. Fuentes con acceso a las diligencias han señalado que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Rafael Mozo, los ha citado como "imputados". Esta figura jurídica supone un nuevo, momento procesal -antes fueron llamados sólo como testigos- y que el testimonio que presten se podrá utilizar ya en su contra si en el interrogatorio el juez apreciara indicios de delito.

El supuesto fraude del voto por correo en Madrid consistió en que, en miles de casos, los trámites de los sufragios enviados por el PP se saltaron las garantías legales. Quienes gestionaron los votos postales para ese partido -que tramitó 20.000 en Madrid- incluyeron la falsificación de al menos tres millares de firmas de notario, crearon certificados médicos de invalidez para personas perfectamente sanas y en algún caso suplantaron incluso la voluntad del elector, que votó por correo sin saberlo.Las personas que figuran en el sumario como apoderados son Antonia Astudillo -familiar del concejal madrileño del PP Gabriel Astudillo-, Ricardo Hurtado, Cayetano Mesa y María Asunción de la Peña.

Presidente de mesa

Las fuentes consultadas señalaron que, aunque existen testimonios de manipulación de la intención del elector, estos casos concretos no parecen numerosos, puesto que la mayoría de los votantes por correo llamados como testigos declaró ante el juez que deseaban votar al PP. Uno de los casos contrarios que figura en el sumario es el de Pablo Juste Ballesta, que presidía una mesa electoral y vio que su propio voto llegaba por correo, tramitado por el PP, cuando él pensaba abstenerse. Pablo vio también en su mesa un sobre con el voto por correo de su hermano, que se encontraba en Guinea Ecuatorial y que nunca se había interesado por votar. En la documentación electoral figura que su apoderada para tramitar el voto -dado que supuestamente los dos estaban inválidos- fue María Asunción de la Peña.Otra de las irregularidades que se aprecian claramente en el sumario, según fuentes de Izquierda Unida (coalición personada en el caso), es el hecho de que una mera autorización del elector para que le gestionaran el certificado de inscripción en el censo sirvió a los apoderados del PP para suplantarle en la emisión del voto (que, según la ley, es personal e indelegable). Asimismo, el sumario muestra indicios de que este partido siguió como norma general los caminos que la ley establece solamente para facilitar el voto de las personas impedidas: puede delegarse la tramitación -que no el voto- en un apoderado, y el notario certifica la autenticidad.

La nueva comparecencia ante el juez madrileño de los apoderados del PP ha sido establecida por el magistrado a petición del fiscal.

El objetivo de estas citas consiste principalmente en que los apoderados sé ratifiquen o no en sus declaraciones, que constan ya en las diligencias.

En ellas, señalaron que cumplían el último paso de enviar a los electores los sobres con las papeletas, para que introdujeran personalmente la del partido que escogiesen. Sin embargo, los testimonios de decenas de votantes -citados por el juez al azar de entre los que emitieron el sufragio por correo- indican que éstos simplemente pidieron al PP que les gestionase el certificado del censo y luego ya no se ocuparon de más. Alguien votó por ellos, si bien la mayoría deseaba votar al PP.

Esta fórmula permitiría, si se usara aviesamente, que un partido tenga la seguridad -incluso una lista- de qué electores le han votado, lo que podría generar presiones y compras de votos en determinados casos, máxime en unas elecciones municipales.

El proceso penal en marcha no invalidaría en ningún caso los resultados -convalidados ya por el Tribunal Superior-, y tampoco afectaría a la mayoría absoluta del PP. El PSOE -que luego se apartó del caso- denunció en principio unos 10.000 votos irregulares. El notario Alberto Ballarín testificó, tras revisar los documentos, que su firma fue falsificada sólo en 3.400 ocasiones.

La hipotética invalidez de esos 3.400 votos demostrados como irregulares no privaría al PP de su último concejal (Isaac Ramos), al que aún quedaría un margen de 90 sufragios. El juez está analizando, no obstante, la voluntad de falsear los resultados, independientemente de que después el margen de votos legales resultara lo suficientemente amplio como para que no se hubiera necesitado esa manipulación.

Los dirigentes del PP han negado en todo momento que conocieran las irregularidades. Al abrirse el caso, desmintieron incluso que hubiera falsedad en la firma del notario. El concejal Ángel Larroca, que intervino como asesor jurídico del PP en las primeras denuncias, sostiene: "Yo sigo creyendo, como me han dicho en mi partido, que no se ha hecho nada irregular". Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, manifestaba en una entrevista publicada ayer en EL PAÍS: "Es evidente que en ningún momento se quebró la voluntad del votante. Yo no conozco a nadie en el PP que haya hecho semejante cosa. Intelectualmente me repugna esa posibilidad. Y si alguien lo hubiese hecho, el primero en censurarlo sería yo".