El fiscal del Estado sostiene que de la investigación de Filesa no se derivan responsabilidades para el PSOE

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, aseguró ayer que de lo investigado hasta ahora en el caso Filesa no se desprende que el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, ambos del PSOE, estén implicados en ningún delito, por lo que considera que el sumario debe tramitarse en Barcelona, donde estaba la sede de Filesa, y no en el Tribunal Supremo. Hernández añadió que el juez instructor de Filesa, Marino Barbero, ha emprendido una investigación "prolija" sobre "hechos que no le corresponde investigar", lo que le sitúa fuera de la estricta competencia de juzgar a dos aforados. El fiscal del Estado afirmó que se hace un mal servicio a la democracia presentándole a él como un "siervo de intereses partidistas".

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Fiscal, Eligio Hernández dio a conocer unas "valoraciones" contenidas en el recurso de queja presentado ayer mismo ante la Sala Segunda del Supremo contra la decisión del juez Marino Barbero de investigar la documentación de 70 empresas que se relacionaron con Filesa y los movimientos bancarios de ésta.

Según dichas valoraciones, el Ministerio Fiscal. "no pretende obstaculizar la instrucción" del caso Filesa, "sino que ésta se lleve a cabo por el juez competente". La Fiscalía añade que, tras haberse practicado las diligencias esenciales e imprescindibles —como corresponde a un procedimiento abreviado—, no se ha encontrado "relación alguna entre los hechos investigados y los aforados". Por ello, entiende que el asunto debe tramitarse en Barcelona —donde se encuentran las sedes de las empresas—, "sin perjuicio de que si de la instrucción resultare dicha vinculación se remita de nuevo a la sala".

El recurso añade que en la medida en que el juez "se sitúa fuera del ámbito de su competencia" y emprende "una investigación prolija sobre hechos que no le corresponde investigar, puede involuntariamente vulnerar el derecho al juez predeterminado por la ley".

Hernández se negó a dar el escrito íntegro del recurso de queja que deberá resolver la Sala Segunda del Supremo aduciendo que revelar el contenido de las consideraciones jurídicas podría vulnerar el secreto del sumario. En cambio, repartió fotocopias de las "valoraciones" por entender que éstas si interesan a la opinión pública y no vulneran el secreto sumarial. El Consejo Fiscal, organismo consultivo del fiscal del Estado, acordó no hacer "ningún pronunciamiento" sobre el auto del magistrado Barbero Santos. La Fiscalía, sin embargo, espera que la Sala Segunda del Supremo se pronuncien la resolución del recurso sobre las "improcedentes" manifestaciones del juez Barbero.

Quejas contra la prensa

Eligio Hernández se quejó del tratamiento de los medios de comunicación hacia la Fiscalía del Estado y, en la misma línea que el ministro del Interior, dijo que se hace un flaco servicio a las instituciones democráticas con informaciones "que no responden a la realidad". "Se está vertiendo a la opinión pública", aseguró, "que los fiscales actúan presionados por el fiscal general del Estado, como unos meros autómatas que se limitan a cumplir órdenes, presumiblemente por intereses partidistas". "Ni el PP ni ninguna otra fuerza política podrá demostrar que el fiscal ha vulnerado los principios de legalidad o de imparcialidad", insistió.

Hernández pidió disculpas por el énfasis de su tono de voz, aunque advirtió que en lo sucesivo no iba a admitir "ser sistemática e impunemente contestado". "Voy a dar respuesta de ahora en adelante", añadió. Esta advertencia la hizo extensiva a los los miembros del Consejo Fiscal, entre los que se encuentran representantes de las asociaciones de fiscales.

El juez Marino Barbero, prorrogó ayer por otros 30 días el secreto del sumario. Hasta ayer sólo habían llegado al Supremo tres de los ocho informes por los que Filesa cobró unos 700 millones de pesetas.