La cúpula sindical italiana, incapaz de controlar la ira contra el Gobierno durante la huelga general

La actitud de los sindicatos italianos frente a la política de austeridad impuesta por el Gobierno del socialista Giuliano Amato sigue siendo motivo de protesta para sectores de sus afiliados, que la consideran tibia. Así lo indican los incidentes registrados ayer, sobre todo en Milán, durante las manifestaciones que acompañaron la huelga general de cuatro horas convocada por las tres grandes centrales italianas. La magnitud de la contestación está poniendo a prueba la capacidad sindical para controlar la reacción ante unas duras medidas de convergencia europea, en las que el Gobierno se juega su propia subsistencia.

"Unos sindicatos que, en la situación actual, convocan sólo media huelga, no representan a la base y se deslegitiman", decía un manifestante en Milán, para explicar el lanzamiento sobre la tribuna de oradores de castañas, petardos, bolas de acero y piedras. "Sin un sindicato representativo, capaz de dar a la protesta un cauce razonable y mesurado, las condiciones democráticas de la vida se volverían más difíciles y precarias", razonaba en Palermo Ottaviano del Turco, socialista, secretario adjunto de la CGIL, el mayor sindicato de Italia, tradicionalmente comunista.El enfrentamiento entre esas dos posiciones marcó el desarrollo de una huelga, ya inicialmente blanda, que, por su seguimiento, no llegó a alterar la vida de las grandes ciudades de Italia. Sólo el paro del transporte y la ausencia de periódicos dieron un carácter real a la protesta.

Hay sin embargo un rechazo generalizado a los recortes en sanidad y empleo públicos propuestos por el Gobierno para reducir el déficit mediante un plan que, por primera vez en la historia reciente del país, mira más al control del gasto que al siempre improbable aumento de los ingresos. Tan generalizado que los sindicatos entraron en liza contra unas medidas que, en un principio, les parecieron realistas frente a la urgencia de la situación italiana.

El pasado mes de julio, las tres grandes centrales demostraron su voluntad de colaboración con el Gobierno de Amato -nacido con enormes dificultades de una mayoría exigua-, al firmar unos acuerdos de contención salarial. Bruno Trentin, secretario de la CGIL, dimitió para expresar que, aún habiéndolos firmado al considerarlos necesarios, los acuerdos no le gustaban.

Reincorporado a su cargo, Trentin ha sido luego el principal impulsor de la escalada de la protesta hasta la media huelga general realizada ayer.

El pasado fin de semana, el Gobierno puso, además, en juego el voto de confianza, para acelerar la aprobación parlamentaria de un primer paquete de medidas económicas, que así pasaron casi inalteradas por la Cámara de Diputados. Esto restó autoridad a los sindicatos y dio nuevas argumentos a los partidarios de exacerbar las protestas.

"El Gobierno nos joroba con la complicidad del sindicato", se leía ayer en una de las pancartas de la manifestación de Milán, en la que los incontrolados lograron herir levemente, en la boca y un brazo, a Sergio d'Antoni, líder de la CISL, el sindicato de mayoría cristiana.

En el terreno político, la lucha contra el plan de austeridad del Gobierno la capitaliza el Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista. Este tiene, en cambio, el apoyo de las grandes empresas. Ayer, Cesare Romiti, consejero de Fiat, afirmó que el plan del Gobierno le costará a su grupo unos 630.000 millones de liras (unos 50.000 millones de pesetas), pese a lo cual lo considera el único medio para que la Italia del norte y la del sur sigan formando una nación unida.