El PSOE entregó 70 millones a la empresa de Aida Álvarez para pagar el alquiler de la sede electoral

Adolfo Carretero, presidente del Tribunal de Cuentas, sólo recibió ayer el apoyo socialista al defender en el Congreso de los Diputados su informe exculpatorio sobre la presunta financiación irregular del PSOE a través las empresas Filesa, Malesa y Time Export. IU y PP pidieron la dimisión de Carretero por el "propio prestigio" del tribunal. El documento da por bueno que el PSOE pagó en 1989 por alquilar la sede electoral de Gobelas 33, en Madrid, casi 70 millones de pesetas en metálico a Distribuidora Exprés 2.020 -gestionada por la ex coordinadora de finanzas socialista Aida Álvarez, que también aparece implicada en el caso Ollero- aunque las facturas carecen de fecha y de firma o no concretan a qué local se refieren.

La oposición se cebó con Adolfo Carretero al presentar el informe exculpatorio sobre la presunta financiación irregular del PSOE a través de las firmas Filesa, Malesa, Time Export, que cobraron cientos de millones a grandes empresas por supuestos estudios nunca mostrados, al tiempo que pagaron altas sumas a proveedores electorales del partido socialista por trabajos nunca esclarecidos.Eduardo Vallejo, del PNV, afirmó que el informe es insuficiente y deja traslucir que "es más lo que se oculta que lo se dice". Alberto Dorrego, del Grupo Mixto, reprochó que no se ha investigado lo que se pidió investigar. Jerónimo Andreu, de Izquierda Unida, fue el primero en pedir la dimisión de Carretero. Explicó que éste no es el informe que solicitó el Congreso, ya que se mandató a analizar las finanzas del PSOE "en relación" con las firmas conocidas, mientras que el informe sólo detalla la contabilidad interna socialista. Andreu también recriminó a Carretero que en anteriores comparecencias no indicara que el tribunal carecía de competencias para investigar firmas privadas. De hecho, el documento sólo detalla que se ha consultado a tales firmas si tenían relación con el PSOE, extremo desmentido por Filesa, Malesa y Time Export. De ello este diputado deduce que o bien Carretero ignoraba el proceso de fiscalización o bien ocultó la realidad.

Parecidos argumentos empleó la diputada del PP Luisa Fernanda Ruida para exigir la dimisión de Carretero por el "propio prestigio del tribunal" y para impedir que vuelva a utilizar su "voto de calidad", en alusión al uso que de este privilegio hizo para romper el empate entre los consejeros críticos y favorables al informe.

Carretero despachó tales pretensiones de dimisión de un plumazo. "Son juicios de valor que no puedo compartir", y llegó a ironizar cuando el PP le preguntó por qué no se solicitó que Transacciones Exteriores investigara los movimientos en el extranjero de Filesa y demás firmas del escándalo. "Quieren que el Tribunal de Cuentas actúe como Sherlock Holmes y se vaya a Suiza a investigar cuentas".

El presidente del Tribunal de Cuentas afirmó que no se había pedido la ayuda del Supremo, ni de la Inspección Tributaria, ni de Transacciones Exteriores para entrar en la contabilidad de las empresa sospechososas para no alargar la fiscalización, hecho que dijo habría sido interpretado maliciosamente, y para no crear "conflictos gratuitos de competencias". También admitió que la ingente documentación extraída de tales firmas por el excontable Carlos van Schouwen le llegó al tribunal a través de la fiscalía y de forma anónima, pero no fue utilizada porque, dijo, no se podía acreditar su autenticidad.