Sin derecho a chacha
Las leyes japonesas impiden a los extranjeros contratar servicio doméstico permanente
La empleada peruana, con ínfulas de catedrático en filosofía pura, las maneras de un arriero y mucho remango, se colocó en jarras en la cocina y espetó a su empleadora: "¡Señora, a ver si tenemos un poco de consideración y lava usted los platos hoy!". La aludida, una atemorizada súbdita española, aceptó el relevo, despachó el fregadero y el marido pagó los platos rotos. La concesión era obligada en un país como Japón, donde conseguir una empleada doméstica no es fácil, y perderla, una tragedia.
La burocracia nipona ha establecido tales disposiciones para permitir la contratación de una empleada doméstica que todo aquel que no sea director de banco, multinacional o diplomático deberá engañar, mentir o sobornar para hacerse con una ayuda en casa. Y cuando se logra que alguien comparta techo 24 horas, "la señora" debe andarse con cuidado o moderar los humos. Conviene mimar a la chica, tener el detalle de preguntar al novio, si es paquistaní, sobre los sustantivos avances de Pakistán en el nuevo orden mundial, alternarse con el escobón y no turbar a la pareja con cestas de la compra o coladas a destiempo.Las miles y miles de chicas, filipinas, tailandesas, coreanas o australianas, que se toman en serio su trabajo en Tokio y meten algunas horas salen por más de 300.000 pesetas al mes. Entonces, cuando empleada y empleadores no abusan, las cosas marchan. Contratar a una ciudadana japonesa es harina de otro costal.
Legalmente, nadie que no esté incluido en alguna de las tres categorías antes mencionadas puede hacerse responsable de una persona que quiera trabajar en Japón como empleada de hogar y, por tanto, regularizar su situación en el país. No importa que un matrimonio, él médico y ella abogado, tenga cinco hijos y el primogénito no haya cumplido los seis años. "Lo sentimos, su profesión no está en la lista", machacan los funcionarios de Inmigración.
Una hija inválida
"¡Pero yo tengo una hija inválida y requiere atención!", protestó recientemente una pareja de profesionales franceses. "Lamentamos tener que decirle que su caso no está registrado".El rechazo de esa solicitud no quedó así porque, al día siguiente, el padre se presentó en Inmigración con su hija en una silla de ruedas y montó la de Dios es Cristo. La protesta gala, escandalosa, resultó.
La joven presentada como prueba de la perentoria necesidad de ayuda doméstica, una garrida chavalota de 19 años, saltó del carrito poco después de que un abrumado funcionario, al borde del soponcio, firmase el nihil obstat. Amigos de los denunciantes aseguran que la emoción que causó en la pobre inválida la feliz resolución del caso fue tanta que no hubo necesidad de que sus padres le dijeran: "Corinne, levántate y anda".
La esposa de un corresponsal europeo, con tres hijos, de profesión sus labores e interesada en aprender algo de japonés en una academia cercana, presentó un certificado médico falso y compareció antes las autoridades con la apariencia de una octogenaria baldada. Puesta la ley, puesta la trampa, pero las picardías, por conocidas, se agotan pronto y hay que recurrir a otras cosas.
Dinero y amigos
Hace falta dinero, amigos y complicidades. Por 200.000 pesetas es posible, con un poco de suerte, encontrar a algún diplomático soltero de un país necesitado, que firme el patrocinio de la empleada. Por una suma mayor, puede ceder también un funcionario de embajada del arrogante norte, y quien esté dispuesto a compartir la mitad del sueldo dispondrá de una chica de servicio japonesa. Pero ninguna de las contratadas a través de las agencias disponibles puede trabajar en un domicilio de extranjeros más de ocho horas al día, a cerca de 3.000 pesetas cada una. Por tanto, los matrimonios con hijos pequeños con necesidad de una persona que pernocte en casa necesitarían contratar a dos.Intentar recabar las razones de una reglamentación que los afrentados consideran tan discriminatoria como absurda en un país con cerca de 300.000 trabajadores ilegales es prácticamente inútil. Las autoridades hacen la vista gorda cuando se trata de pedir los papeles a los emigrantes que abren zanjas y soportan los peores trabajos, pero mantienen en vigor y aplican con severidad unas disposiciones cuyo principal valor es sublevar a la colonia extranjera que sufre su imposición.
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