Tiro de gracia

Una broma le va a salir muy cara al Ejército. Al sargento César Pérez Martín, de 31 años, le encantaba jugar con su revólver particular. Su afición era irrumpir en despachos y habitáculos del recinto militar de El Goloso, cerca de Colmenar Viejo (Madrid), empuñando y apuntando a sus compañeros con "un pistolón". Dicen que componía poses policíacas. El 24 de mayo de 1988, su graciosa actitud le costó un serio disgusto a José Antonio Vales, suboficial de complemento. Una bala le atravesó el pecho, lo que le obligó a pasar 53 días en el hospital La Paz, cuatro de ellos en la UVI.

Ahora, cuatro años despúes, un juez de Madrid ha condenado a Pérez Martín a tres meses de cárcel por cometer una "grave imprudencia". Si el sargento es considerado insolvente, lo que parece más que probable, el Estado deberá indemnizar a Vales con casi cinco millones de pesetas.Los peligrosos y reiterados juegos del procesado hicieron cundir cierto pánico entre sus compañeros, recuerda Vales. "A un cabo -José Manjón, que compareció en el juicio como testigo- lo tuvo encañonado una vez durante tres minutos; y al ver que no dejaba de apuntarle, le entró pavor y echó a correr por el patio".

"Era un pistolero total", subraya la víctima, cuyo pecho todavía conserva la gran cicatriz que le dejó la bala que perforó su pulmón. "Si me da un poco más al lado, no lo cuento; a punto estuvo de seccionarme la aorta". José Antonio Vales, licenciado en Derecho, de 28 años, hizo su desgraciada mili por la IMEC.

Jamás olvidará Vales el examen de Derecho Civil que preparaba aquel nefasto día en el despacho de su capitán. "Abrió la puerta bruscamente, levanté la, cabeza y le vi, en un plan de pistolero total, con los pies separados. Empuñaba el pistolón con ambas manos... Escuché la detonación; y enseguida, una fuerte presión y escozor en el pecho.

"Versión en entredicho"

La bromista actitud de Pérez Martín con la pistola ("que de grande daba miedo verla", resalta Vales) queda bien clara en la sentencia ahora dictada por el juez José Luis Calvo, titular del Juzgado de lo Penal número 4. Si José Antonio no hubiera sido atendido rápidamente, habría muerto, ha declarado el forense.La versión inicial del procesado quedó en entredicho en el juicio, celebrado hace unas semanas, comenta Carlos Usúa, abogado de la víctima. Según el procesado, la pistola se disparó inesperadamente, cuando acababa de dejarla sobre la mesa.

Vales decidió acudir a los tribunales civiles y eludir los militares, molesto por la versión que facilitaron los mandos de su cuartel días después del suceso. "Dieron por válido que había sido un accidente". Vales recuerda con rabia "la actitud amenazante" de sus jefes militares cuando fueron a visitarle al hospital de La Paz. "Sabe usted que está acusando de asesinato a su compañero" asegura que le dijo el coronel. "No le acusé de nada, me limité a contar las cosas como fueron", apostilla.

El juez Calvo Cabello sostiene que no hubo ánimo de matar, y que la relación entre ambos era incluso cordial: "Ese día tomaron café juntos". Amparándose en los testimonios de otros suboficiales y del cabo José Manjón, subraya: "El acusado tenía la costumbre de apuntar con el arma a sus compañeros...". Otro testigo, que hoy trabaja como fiscal en Barcelona, corroboró en el juicio las exasperantes bromas del acusado.

Imprudencia máxima

Su imprudencia fue máxima, porque debió "tener conciencia del, riesgo que creaba con su actitud", señala la sentencia, que también dictamima, amparada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: "El Estado es responsable civil subsidiario por los delitos que hubiesen cometido los militares con ocasión de ejecutar un acto de servicio"."Lo que la ley quiere", interpreta el magistrado en consonancia con el veredicto "es que aquellos supuestos en los que se da una relación de dependencia o servicio en cuyo desarrollo se produce una infracción penal, responda el Estado". La acción se produjo cuando Pérez Martín estaba de servicio. El fallo ha sido recurrido por el abogado del Estado, según fuentes judiciales.

Carlos Usúa, abogado de José Antonio Vales, sostiene aún que los hechos constituyeron un delito de homicidio frustrado.