BIoqueo en Arroyo de la Media Legua

Balbina García y Feliciano Sánchez, un matrimonio de veinteañeros con un bebé de cinco meses, son protagonistas desde que se casaron, hace un año, de una historia común: los problemas de vivienda. Hasta ahora han vivido en casa de familiares, pero la falta de espacio y los roces entre suegra y nuera les pusieron en el brete de buscar otro techo. Sus ingresos, 120.000 pesetas, les dificultan alquilar un piso, y hasta dentro de cinco años no les dan la vivienda en cooperativa que están pagando (40.000 al mes). El viernes tomaron una resolución drástica: dar la patada a un piso municipal vacío. Desde entonces viven ahí, cercados por unos vigilantes que les impiden recibir alimentos.

El domicilio okupado, en el número 43 de Arroyo de la Media Legua, en Moratalaz, cercano al Ruedo de la M-30, pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). En el bloque viven familias expropiadas por el Ayuntamiento en bolsas de deterioro urbano, como la avenida de Daroca o el Puente de Vallecas Norte. También hay otras, gitanas, censadas por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada. Los pisos vacíos, unos cinco, están ya adjudicados a familias que los habitarán en cuanto las echen de su actual asentamiento.A media tarde del viernes, aprovechando una ausencia de los guardas jurados que vigila ban estas viviendas vacías, la joven pareja hizo un boquete en la puerta y forzó la cerradura del piso. Sabían que no estaba habitado porque a diario lo veían desde el edificio de en frente, otra vivienda pública donde han vivido junto a los padres de Feliciano.

El mismo viernes recibieron la visita de unos inspectores, que les conminaron a abandonar el piso. Pero su decisión era y es firme: seguir con la ocupación hasta conseguir que les ofrezcan un techo.

"No queremos nada gratis, ni tampoco un piso nuevo, nos conformamos con que nos de jen un prefabricado y ya pagaríamos un alquiler mensual", afirman. Algo que no pare e probable.

En la lista negra

La directora de servicios de la EMV, Marisa Frutos, es tajante: "El Ayuntamiento no ofrece piso a nadie porque dé la pata da en una puerta, y además, esa familia pasa a una lista negra para futuras adjudicaciones". "En los 20 años que llevo en este trabajo municipal sólo he conocido un caso, muy excepcional y sangrante, en el que se concedió vivienda a una familia que había ocupado un piso de forma ilegal", añade.Frutos explica que las casas que aún permanecen vacías en este bloque de Moratalaz serán habitadas en cuanto se solucione la expropiación de las familias a quienes van destinadas. "A veces los trámites de expropiación de la antigua vivienda se retrasan, pero esperamos concedérsela pronto a sus adjudicatarios", concluye.

Las directrices municipales sobre la ocupación ¡legal de vi vienda pública parecen claras. Pero la última palabra la dice el juez, que es quien debe autor¡zar el desahucio.

Los vecinos de estos bloques de Arroyo de la Media Legua no dejan de repetir casos similares en los que los okupantes han podido continuar viviendo en el piso forzado, al menos hasta que llega la orden de desalojo.

En estos tres días, la joven pareja no ha podido salir del edificio. En el portal y en la escalera les esperan tres guardas jurados que, si franquearan el umbral de la vivienda, les impedirían volver a entrar. Ayer volvieron los inspectores municipales para convencerles de que abandonaran el edificio "por las buenas". La respuesta de los okupas fue la misma: no sin tener una alternativa.

Feliciano, que trabaja de albañil con un hermano suyo, faltó ayer al trabajo y sabe que eso no puede ocurrir todos los días. Les han cortado el agua y la luz, y los alimentos y dodotis para el pequeño Sergio, de cinco meses, se los tienen que pasar desde el bloque de enfrente por medio de una polea.

A ninguno de los familiares, amigos y vecinos que les visitan se le permite portar paquetes con vituallas. Sin embargo, en el momento de la okupación tuvieron tiempo para subir varias sillas, una cama y una cunita para el bebé.

El matrimonio vivió durante casi un ano en casa de la. familia de él, formada por tres miembros y otros dos parientes que duermen allí de vez en cuando. Pero las relaciones entre suegra y nuera era malas, por lo que la pareja decidió trasladarse a la vivienda de los familiares de, ella, donde ya viven cinco personas. El siguiente paso fue la patada.

Nunca han acudido al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) para solicitar piso. "¿Para qué?, si hay unas listas de espera interminables", se justifican. Cuando se enteraron del plan de cooperativas decidieron apuntarse. Consiguieron la admisión, Y desde enero pagan unas 40.000 pesetas mensuales. "Eso está bien, pero ¿dónde nos metemos hasta que hayan construido las casas?", argumentan.

La Empresa Municipal de la Vivienda ya ha solicitado una orden judicial para desalojar a esta familia. La policía entrará a echarles en cuanto el juez lo permita. Puede. ser dentro de unos días o de unos meses.

Todos los años, la EMV, que adjudica unas 1.000 viviendas cada 12 meses, tiene unos 10 casos similares a éste. Por su parte, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente del Gobierno regional, reconocía hace un año que en su parqué de 100.000 pisos tenía 1.000 ocupados de forma irregular, muchos de ellos con el sistema de la patada.