La policía abandona la Puerta del Sol, pero se acuarela a espaldas de Leguina

La policía ha abandonado este verano la sede de la presidencia de la Comunidad, en la Puerta del Sol -donde ha montado guardia en los últimos 145 años-, para trasladarse a un edificio próximo: el cuartel de Zaragoza. A la par que la antigua Dirección General de Seguridad, este inmueble fue cedido hace siete años al Gobierno de Joaquín Leguina por el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, en un complejo trueque inmobiliario con el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, los efectivos policiales se resisten a alejarse del kilómetro cero de las carreteras españolas.

Al comienzo de esta legislatura, el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado desembarcó en el Gobierno de Leguina como consejero de Política Territorial. Los mandos policiales se cuadraron y aceptaron, con seis años de retraso, desalojar un edificio ocupado por las Fuerzas de Seguridad del Estado desde 1847.La Brigada Provincial, la Inspección Central de Guardia y la sección de la Policía Científica -unos 400 agentes si se suman los dedicados a tareas de vigilancia- se mudaron al cercano cuartel de Zaragoza. Antes habían salido los cajones que contenían las fichas y el historial de los detenidos.

La Comunidad de Madrid va a cumplir su primer decenio de existencia el año que viene, y todavía sigue jugando al Monopoly con la Administración central. Hace siete años, el presidente Leguina montó una operación de permuta de inmuebles con el alcalde Enrique Tierno y el ministro José Barrionuevo. Sin embargo, no consiguió la salida inmediata de los policías.

"El valor simbólico del edificio de la Puerta del Sol supera cualquier estimación económica", subraya el director de Patrimonio de la Comunidad, Enrique Echegoyen. El Ministerio del Interior registró a su nombre el cuartel de Zaragoza tras haber firmado el convenio de cesión con el Gobierno regional, ya que, según Echegoyen, hasta ese momento nadie se había preocupado de inscribirlo. Esta irregularidad jurídica no parece preocupar a los responsables autonómicos, que consideran que el paso por el Registro de la Propiedad era indispensable para la permuta.

Unidad autonómica

Por otro lado, la necesidad de mantener la presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad también es tenida en cuenta. La Comunidad baraja la posibilidad de que en el cuartel de Zaragoza se instale la unidad (200 agentes) que Interior va a adscribir a Madrid, según el modelo de acuerdo suscrito ya con la Xunta de Galicia.

Un portavoz de la Dirección General de la Policía (DGP) aseguró ayer que el cuartel de Zaragoza "figura dentro del convenio de cesión de 1985, pero pertenece al Patrimonio del Estado, que lleva negociaciones más amplias de intercambio de edificios con la Comunidad". "No existen previsiones a corto o medio plazo para trasladar la Brigada Provincial o la Inspección Central a otras dependencias; la idea es que los agentes se queden donde están", agregó.

En la Jefatura Superior de Policía de Madrid tampoco tienen constancia de la propiedad del inmueble. "No va a ser un emplazamiento provisional; hay voluntad de que sea permanente", señaló un portavoz policial. Jefatura puntualiza, además, que los antiguos calabozos de la Dirección General de Seguridad -bajo el despacho de Leguina- "ya no se usan", a pesar de que están conectados mediante un pasadizo subterráneo con el cuartel de Zaragoza.

Tras la carambola de cesiones de edificios públicos planteada en 1985, la Comunidad de Madrid parece haber llevado la peor parte. Los responsables del Gobierno regional se tientan ahora las vestiduras cuando tienen que negociar otra permuta con la Administración central. Esta vez se trata del palacio de Parcent, en la calle de San Bernardo, que se pretende cambiar a Justicia por terrenos -previsiblemente en la plaza de Castilla-, en los que el ministerio pueda reagrupar sus oficinas.

Hace siete años, la Comunidad le ofreció a Barrionuevo el palacete de la calle de Miguel Ángel, que ahora ocupa la Delegación del Gobierno en Madrid, y un bloqu1e de oficinas anejo. Asimismo, la Administración central recibió el edificio del desaparecido diario Arriba, en la prolongación del paseo de la Castellana, actualmente en manos de Hacienda.

Interior, por su parte, se desprendió de la antigua Dirección General de Seguridad -con más de 13.000 metros cuadrados de superficie- y del cuartel de Zaragoza, con más de 5.000 metros cuadrados.

Tira y afloja

El tira y afloja entre ambas administraciones no ha terminado. Así, la Comunidad se niega a desocupar por completo las oficinas de la calle de García de Paredes -detrás de la Delegación del Gobierno-, donde, por ejemplo, se encuentran los estudios de la emisora autonómica Onda Madrid. Al menos, mientras los agentes sigan acuartelados a espaldas de Leguina.

En el Monopoly de edificios públicos, el Ayuntamiento de Madrid resultó el principal beneficiado, ya que se quedó con el palacio de Cañete -antiguo Gobierno Civil-, que flanquea en la calle Mayor la Casa de la Villa. Ahora están allí las oficinas de los grupos políticos municipales, la primera tenencia de alcaldía y las concejalías de Sanidad y Seguridad. Además, el Consistorio se quedó con los terrenos del Triángulo de Oro de la plaza de Castilla, donde hoy se levantan un polideportivo y oficinas públicas. A cambio, el Ayuntamiento de Madrid entregó al Ministerio del Interior un edificio en la avenida de Pío XII.