La juez del 'caso Ollero' prohíbe a la policía informar a sus jefes

La juez que instruye el caso Ollero, Pilar Llorente, prohibió al jefe de la unidad de policía judicial de Sevilla, Juan Luis Carmona, por escrito, informar a sus superiores, acerca de las pesquisas desarrolladas por su unidad sobre el presunto cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de obras públicas de la Junta de Andalucía. Con ello la juez quiso evitar que se produjeran filtraciones a cargos socialista y trascendiera la identidad de las 10 personas cuyos teléfonos han estado pinchados.

Según fuentes de la Audiencia, de Sevilla, en condiciones normales Carmona tiene la obligación de informar de cuanto haga, él o su unidad, al jefe la brigada, Ángel Monge, y éste, al jefe superior de Policía de Sevilla, quien a su vez despacha con Alfonso Garrido, delegado del Gobierno en Andalucía y hombre de confianza del vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.

Querella del PP

Por otro lado, el Partido Popular (PP) anunció ayer que mañana, jueves, presentará en el Juzgado de instrucción número 17 de Sevilla, del que es titular la juez Llorente, una querella por supuesta prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a Hacienda y quebrantamiento de secreto oficial contra las cuatro personas inculpadas hasta el momento en el caso Ollero: el intermediario Pedro Llach, el presidente de la constructora Ocisa, Jesús Roa; y los hermanos Jorge y Manuel Ollero, éste último ex director de Carreteras de Andalucía.

Ésta es la primera vez que el PP se persona como acusación particular en un caso de presunta corrupción. No obstante, la juez Llorente -que ayer se incorporó a su juzgado tras su periodo de vacaciones- debe decidir aún si acepta la solicitud del Partido Popular y, por tanto, admite a trámite esa querella.

El presidente del PP en Andalucía, Gabino Puche, justificó ayer el propósito de su partido de personarse en el caso Ollero en la necesidad de "dignificar la imagen de la Administración andaluza". En su querella, el PP exige a la juez que cite a declarar a los dos últimos consejeros de Obras Públicas de la Junta, en concreto a Jaime Montaner y a su sucesor y actual responsable Juan José López Martos. Según Puche, ésta es la primera ocasión en la que "existe una prueba irrefutable de tráfico de influencias".

El sumario sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de intermediario en la adjudicación de obras públicas de la Administración andaluza permanecerá secreto al menos hasta el próximo 15 de septiembre, aunque el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, se mostró ayer partidario, en declaraciones a Radio Nacional, de que el secreto sea prorrogado hasta el 15 de octubre.

Por su parte, el abogado de Jorge Ollero, José Luis Sánchez Cueto, anunció ayer que pedirá la comparecencia de los empresarios Gustavo Durán y Manuel Domínguez por considerar que están implicados en el caso.

Mientras, el Consejo de Gobierno de Andalucía ratificó ayer el cese de Manuel Ollero como director general de Carreteras. El portavoz del Gobierno autonómico, José Nevado, reiteró que la "Junta no tiene nada que esconder" y que el presidente regional, Manuel Chaves, no tiene inconveniente en comparecer ante el Parlamento regional, de mayoría socialista, si es requerido.