Huelgas salvajes: chantaje a la nación

El autor considera que el paro indefinido del transporte de mercancías por carretera cuyo inicio está previsto mañana es absolutamente injustificado. Además, solicita al Gobierno que adopte todas las medidas que estén en su mano para evitar que ocurra algo parecido a lo que sucedió en el mes de octubre, de 1990. En aquella ocasión, y durante unos 15 días, otra huelga del transporte por carretera paralizó algunas zonas del país, en medio de graves y numerosos incidentes.

Mañana, día 1 de septiembre algunos sindicatos (que no organizaciones empresariales y ni tan siquiera profesionales), básicamente centrados en la zona norte de nuestro país, han convocado una huelga, (que no un paro de actividad como correspondería a una protesta de carácter meramente empresarial) de transportes de mercancías por carretera. Dicen sus portavoces que será un paro "largo y duro", e incluso aseguran que puede provocar desabastecimiento a la población en ciertas zonas, en concreto en las tres provincias vascas.Este anuncio viene acompañado por las amenazas de algún sindicato agrario de provocar cortes en las carreteras españolas coincidiendo con la vuelta a sus domicilios de millones de familias españolas dispuestas a reiniciar sus tareas profesionales, domésticas y escolares en un ambiente económico cuasi deprimido y con expectativas de dureza en los próximos meses reconocidas ya por el conjunto de los agentes sociales, económicos e incluso políticos del país.

Quien esto escribe preside una confederación de organizaciones empresariales de transportes de mercancías por carretera, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), con 11 organizaciones de ámbito estatal de los diversos subsectores del transporte, 48 provinciales, más de 24.000 empresas (de ellas, y en cierta medida como reflejo de la propia estructura del sector español de transporte de mercancías por carretera, más de 13.000 son empresas de un solo camión, es decir, autónomos) y un parque en tomo a los 74.000 camiones. Todas estas cifras están demostradas ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante pruebas fehacientes y que la convierte, sin ningún género de dudas, en la organización de mayor nivel de afiliación, a enorme distancia de cualquier otra, de la geografía española.

Pero no es mi intención hacer aquí un ejercicio de representatividad, salvo la mención anterior que entiendo obligada por cuanto, sin duda, CETM es poco conocida en términos generales, ya que no es su estilo provocar huelgas salvajes, cortes de carreteras, cercar ciudades y otras acciones similares de amenaza y coacción a los ciudadanos. Ni siquiera es su estilo decir baladronadas a los medios de comunicación (desgraciadamente muy sensibles a reproducirlas de inmediato, posibilitando así la extensión de conflictos, cuando menos en su aspecto propagandístico y de atemorización de la población y otros colectivos del sector y del conjunto de la industria española).

Es mi intención decir que me avergüenza y me indigna, como ciudadano español, como profesional, como empresario de transportes y como presidente de la mayor organización empresarial de transportes de este país, el estado actual de las cosas.

Porque si el ministro de Interior, José Luis Corcuera, no lo remedia, y a mí me falta fe en ese sentido por experiencias anteriores, esas baladronadas serán verdad, como lo fueron en octubre de 1990, cuando el país entero estuvo durante 15 días a merced de los convocantes minoritarios y violentos, a los que la pasividad (sin duda derivada de las instrucciones recibidas, no de su efectividad profesional) de las Fuerzas de Seguridad del Estado dio alas para bloquear el país durante dos semanas, aunque parte de esta situación fuese provocada a lo largo de los días por la incorporación de transportistas de buena fe que, ante el cariz de los acontecimientos, no tuvieron más remedio que sumarse a la actitud de los convocantes.

Malos precedentes

Huelga que como efecto beneficioso para el sector arrojó la implantación de un papel inútil, caro y fuente de multas denominado Declaración de Portes, que hoy, menos de dos años después, nadie quiere que siga en vigor. Vaya por delante que la situación de nuestro sector, que da trabajo de forma directa a más de un millón de personas, es crítica, como lo es la de otros muchos sectores de actividad del país.

Que incluso organizaciones razonables como es Conetrans, miembro de CETM, hayan llegado, por dicho motivo, a la exasperación y a la conclusión de que mejor parados (tranquilos, pacíficos, en sus bases, sin molestar absolutamente a nadie) que trabajando a precios ruinosos, como ocurrió durante unos días en enero de este mismo año.

Que la acción de la Administración (la central y tal vez más aún muchas, que no todas, de las autonómicas) para articular medidas positivas para el sector (dedicar los fondos pagados por el sector para formación a esa materia, no aumentar la presión fiscal específica sobre los transportes e incluso disminuirla, erradicar a los transportistas ilegales, que no sólo distorsionan la competencia, sino que pueden llegar a originar auténticos problemas de seguridad vial, como se acaba de ver, poner en marcha ciertas medidas sociales, etcétera) es desesperantemente lenta.

Que la propia capacidad del sector para autorregenerarse (disciplinar la competencia, reorganización interna buscando la concentración de las empresas, cambio de la mentalidad del servicio en función de las nuevas necesidades de la industria española, etcétera) es muy pequeña, prácticamente nula en multitud de casos (de nuevo debe recordarse que el 82% de los transportistas españoles son propietarios de un solo camión, el 98,5% de cinco o menos camiones, el 72% de ellos superan los 45 años de edad y el 85% del total ha finalizado como máximo los estudios primarios).

Las empresas están descapitalizadas, el acceso al crédito para inversiones es por un lado prohibitivo en costes financieros y por otro negado a muchísimos transportistas por su nivel de solvencia (el grado de morosidad y fallidos en el pago de créditos se ha multiplicado por tres en los últimos años), los precios a los que se trabaja no sólo no suben, sino que incluso han bajado desde el año 1989, en especial en el transporte internacional. En fin, existen múltiples indicadores que confirman la extrema gravedad de la situación por la que atraviesa el sector.

Pero aun así, la amenaza y la coacción constante de algunos líderes del sector, constituidos desde, hace tres años en comité de paro (se supone en consecuencia que su misión única es la de parar, hacer huelgas, de acuerdo con su denominación), no tiene ningún tipo de justificación.

Ninguno de ellos ha aportado nada, de hecho (análisis, estudios, proyectos, ideas), al recientemente aprobado (por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el 30 de julio pasado) plan nacional del sector, que es un primer esfuerzo mínimamente coherente para ayudar al transporte.

Este plan ha sido realizado por una comisión interministerial sobre los borradores presentados hace ya dos años por la Confederación Española de Transporte de Mercancías y completados con estudios posteriores realizados por consultoras especializadas en esta materia.

En las reuniones a las que asiste este comité de paro, no ya por su representatividad real (desconocida, por cuanto no presentan un listado de nada), sino por su capacidad de organizar altercados en las carreteras (somos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el sector en multitud de ocasiones sus rehenes, chantajeados por sus amenazas, vencidos de antemano por el miedo a que nos destrocen nuestros vehículos, que son nuestro único patrimonio), su razón es la del vocerío, su argumento el de la amenaza.

E insisto, luego van y las llevan a cabo por la incapacidad de los responsables políticos de hacer cumplir las normas de convivencia y respeto mutuo que fundamenta un Estado de derecho. Ese respeto que está por encima de los derechos de cualquiera (personas, empresarios, trabajadores, sector del transporte) cuando el ejercicio de los mismos lo pone en evidente peligro.

El 1 de septiembre, o a finales de octubre, o a primeros del próximo año, habrá nuevas convocatorias de huelga salvaje en el sector. Solos o con otros colectivos (agricultores, mineros, ganaderos, quién sabe cuáles) en mala situación. Y si las Fuerzas de Seguridad del Estado no lo impiden, serán un éxito, no desde el punto de vista del paro voluntario (derecho irrenunciable de cualquier transportista si es pacífico y tranquilo, aunque remedio ineficaz en la inmensa mayoría de las veces), sino del paro forzoso impuesto por los grupos violentos.

No debe olvidarse que con unos 30 camiones de gran tonelaje se cierran los accesos de una gran ciudad como Madrid. Que unos 500 camiones cortan las arterias básicas del país, y paralizan la actividad industrial de la nación. Un camión es una máquina muy grande, pero ello no constituye ningún mérito especial, por cuanto otros, con algo mucho más pequeño, pueden matar decenas de personas en un establecimiento comercial.

Un diálogo necesario

Ésa no es la salida para los problemas del sector. Así no nos ganaremos la confianza de quienes servimos, es decir, la industria y los ciudadanos españoles. Nuestra energía reivindicativa debe orientarse hacia negociaciones con las administraciones públicas para que, en la línea trazada por el plan nacional, articular medidas de apoyo al sector (pocas, concretas, bien dotadas económicamente, eficientes, operativas), dejándonos al propio sector la resolución del resto de nuestros problemas.

Nunca esas administraciones públicas sabrán gestionar nuestras empresas, ser más eficaces que nosotros en nuestras funciones. Que se centren en su papel, pero, eso sí, que lo hagan. Con rapidez y efectividad. Y entre ese papel, que no se olviden de garantizar el derecho al trabajo.

Si no lo hacen, una vez más (el transporte, la industria, el país entero) seremos rehenes de los violentos y se pondrán las bases para la siguiente huelga. Si eso es así, CETM, los socios que lo deseen, tendrá que protegerse. Decenas de miles de camiones no tendrán más remedio que aparcar en lugar seguro para evitar que nos los quemen. Señor Corcuera (con la ayuda inestimable de sus colegas José Borrell y Carlos Sólchaga), por el bien de todos, ayúdenos a evitarlo.