Huelga en Suráfrica

LA HUELGA general convocada en Suráfrica por el Congreso Nacional Africano (ANC), junto con otras fuerzas políticas y sindicales, ha sido un éxito rotundo: se puede discutir sobre la cifra exacta de participantes, que, en cualquier caso, hay que contar por millones, pero no cabe duda de que las barriadas negras quedaron desiertas o paralizadas y que el transporte, si circulaba, lo hacía vacío. Los choques sangrientos que se han producido en ciertos lugares -como con secuencia sobre todo de la actitud de sabotaje adoptada por la organización Inkhata, que agrupa a gran parte de la población zulú- no pueden aminorar el significado de estas jornadas de movilización, que serán seguidas de otras manifestaciones para presionar sobre el Gobierno blanco de Pretoria. La huelga tiene un carácter directamente político: se trata de obtener que el presidente De Klerk acepte las condiciones pedidas por el ANC para reanudar las negociaciones sobre el futuro sistema político, que deberá implantar una democracia auténtica.El obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, en unas declaraciones hechas después de la primera jornada de huelga, insistió en que ésta había sido un éxito para sus organizadores, y agregó: "El Gabinete debería aceptar que ha sido la respuesta de un pueblo que quiere un Gobierno de transición. Ya que no tenemos derecho de voto, ha sido nuestra manera de manifestar nuestra voluntad". En efecto, el objetivo de la huelga no es derribar el Gobierno de De Klerk -como lo ha dicho claramente el propio Nelson Mandela-, sino crear condiciones para una nueva etapa en las negociaciones entre el Gobierno y el ANC. Estas negociaciones se rompieron el pasado 17 de junio cuando, en la barriada negra de Boipatong, se produjo una matanza de 40 ciudadanos negros. En realidad, y por decisivos que hayan sido los pasos dados por De Klerk para acabar con el apartheid, muchos datos confirman que en el aparato represivo de su Gobierno perduran los viejos métodos: ayudas al Inkhata para provocar matanzas entre negros y disparos salvajes contra manifestantes en las barriadas negras.

En esas condiciones se comprende que Nelson Mandela, presionado por el ala radical de su movimiento, haya decidido convocar la huelga, si bien es un instrumento no carente de riesgos, sobre todo en tiempos de declive económico. En todo caso, NeIson Mandela ha avanzado dos demandas principales para reanudar las negociaciones: primero, crear un Gobierno de transición en el que participen los negros, en espera de la nueva Constitución, que deberá otorgar iguales derechos a todos los ciudadanos del país; segundo, que la ONU envíe observadores susceptibles de comprobar lo que realmente ocurre y de ayudar a la reanudación del diálogo entre las partes.

Este segundo punto está prácticamente resuelto: el norteamericano Cyrus Vance, antiguo secretario de Estado, ha sido nombrado enviado especial del secretario general de la ONU y ha mantenido conversaciones con el Gobierno y con el ANC. En la actualidad, un grupo observadores controla el desarrollo de la huelga. El plan de Vance es que permanezcan en el país entre 30 y 40 funcionarios de la ONU para ayudar a las negociaciones entre la población negra y el Gobierno de De Klerk.

El acceso de Suráfrica a un estatuto democrático tiene que ser obra de las fuerzas políticas de dicho país. Pero ha sido al mismo tiempo una causa internacional en la que el mundo entero se ha sentido movilizado. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, es lógico que existan obstáculos muy serios para el paso de una sociedad basada en la discriminación racial a una sociedad democrática, de ciudadanos iguales. Por ello es positiva la ayuda que la ONU ha empezado a prestar.