Los inquilinos deberán pagar parte de los gastos de conservación de los pisos alquilados

La futura ley de arrendamientos urbanos obligará a los inquilinos de las viviendas a pagar parte de los gastos de conservación de los edificios, coste que hasta ahora sólo era asumido por los dueños de los edificios. Sin embargo, esta disposición, junto al resto de la ansiada y esperada ley del alquiler, tardará aún tiempo en ver la luz. De momento, el Consejo de Ministros ha decidido aplazar hasta el próximo mes de septiembre su visto ' bueno al texto definitivo, aunque ya hay consenso en el seno del Ejecutivo sobre los pilares de la nueva norma.

La reforma del mercado del alquiler, que ya ha sido debatida por el Gobierno en reuniones del Consejo de Ministros, será muy probablemente detallada esta misma semana por la comisión de subsecretarios. Sin embargo, fuentes cercanas a La Moncloa señalaron a este periódico que "su aprobación definitiva por parte del Gobierno no se efectuará el próximo viernes, y se retrasará hasta el reinicio de las actividades en septiembre".La dedicación casi exclusiva de los miembros del Gobierno a detallar el paquete de medidas de ajuste económico ha sido el principal motivo de este retraso, aunque varias propuestas de reforma del mercado del alquiler llevan rodando de despacho en despacho prácticamente desde febrero. El coste político de una medida de este calibre es otro de los factores decisivos de este aplazamiento, puesto que los miembros del Gobierno quieren calcular hasta el detalle su repercusión social.

Al margen de la fecha de aprobación, y a la espera de los retoques técnicos que se puedan introducir en la comisión de subsecretarios, las líneas maestras de la nueva ley están bastante claras.

La más trascendente y ya reconocida por el propio ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, es que la duración mínima del contrato de alquliler será de cuatro años, aunque en el texto definitivo es muy probable que se articulen excepciones, dirigidas a personas que, por el carácter de su trabajo, no necesiten permanecer tanto tiempo en un mismo lugar. Durante estos cuatro años, la renta del alquiler se irá actualizando en función de la inflación. Esta medida supone en la práctica la abolición del decreto Boyer, que fijaba en un año duración máxima de los contratos de arrendamiento.Subrogaciones

La reducción de las subrogaciones -cesión de los derechos de alquiler- al matrimonio o a los hijos menores de 25 años, es otras de las innovaciones de la futura ley. De esa forma, se persigue acabar con las rentas congeladas a medio plazo con el menor coste social posible.

Los alquileres con rentas Congeladas son uno de los factores desequilibradores del mercado, aunque una rápida actualización de sus rentas hubiera provocado un importante problema social, debido al elevado número de personas con dificultades económicas que viven en este régimen. De cualquier forma, las rentas congeladas también se actualizarán anualmente con la inflación, y el inquilino y el arrendador deberán compartir los costes fiscales de la vivienda alquilada.

Además de estas medidas básicas, ya conocidas, se ha introducido la obligación de los inquilinos a participar en los gastos de conservación del edificio en el que habitan. La concrección exacta de cuál ha de ser ese reparto es uno de los aspectos que aún están por delimitar.

En la actualidad, ese coste corre a cargo de los propietarios de los edificios, lo cual provoca un serio deterioro en un buen número de pisos de alquiler, sobre todo en los que están sujetos a rentas congeladas.

Los dueños de estos edificios siempre han argumentado que las rentas que perciben de los inquilinos no cubren el espectacular incremento experimentado por los gastos que suponen realizar unas obras de reacondicionamiento.