Pedrol espera que el Gobierno consulte a los colegios antes de suprimir las tarifas

Antonio Pedrol Rius, presidente de la Unión Profesional -la asociación que agrupa a todos los colegios profesionales de España- y de Consejo General de la Abogacía, aseguró ayer a EL PAÍS que espera que el Gobierno "convoque a los colegios profesionales, tal y como marca la ley, antes de tomar ninguna de las medidas previstas en e informe del Tribunal de Defensa de la Competencia".

La Unión Profesional se reunirá, probablemente, la próxima semana con el objetivo de adoptar una posición común de cara a las medidas liberalizadoras que prevé el informe elaborado por e Tribunal de Defensa de la Competencia, que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Como paso previo, Pedrol Rius comentó ayer que el Consejo Genera de la Abogacía -que agrupa a todos los colegios de abogados- espera que "el Ministerio de Justicia, de motu propio, les llame lo antes posible" para exponer sus puntos de vista sobre las medidas previstas en el informe.La principal crítica que Pedrol Rius comentó ayer se refiere a la supresión de las tarifas y, por tanto, a la liberalización del precio de los servicios que ofrecen los profesionales, es decir, al núcleo de la reforma que propugna Fernández Ordóñez. A su juicio, "el informe confunde entre tarifas mínimas y normas orientativas, que es lo que tienen los abogados". En su opinión, esas "normas orientativas son necesarias porque son un punto de referencia por si hay un conflicto, por lo que Ios colegios tienen la obligación de suministrarlas".

Actuación del juez

Pedrol Rius también considera imposible que los abogados ofrezcan un presupuesto a su cliente porque sus servicios "dependen de la otra parte, del abogado de la otra parte, y de la actuación del juez". Estas críticas se refieren sólo al colectivo de abogados, porque el presidente de la Unión Profesional dice que prefiere esperar a la reunión de esta asociación antes de ofrecer una opinión como representante de todos los colegios. Para entonces, no descarta ninguna actuación, "incluso podríamos recurrir la norma" pero espera que todo se reconduzca después de que les "den audiencia".El colegio de arquitectos es uno de los que ha reaccionado con más virulencia al informe de Fernández Ordóñez. Según la decana en funciones del colegio, Amalia Campo, los arquitectos están preocupados porque con las medidas previstas en el informe los ciudadanos quedarán desprotegidos". El motivo es que la liberalización "no va a incidir en el precio de las viviendas, que está sujeta a la especulación, y sí a la calidad de éstas". Los arquitectos también esperan ser consultados antes de que se avance algún paso en la reforma.

La Unión de Consumidores de España (UCE) aplaudió ayer -en un comunicado- las medidas previstas en el informe y adelantó que "se producirán reacciones de los órganos directivos de los colegios tratando de defender sus privilegios". La UCE pide una respuesta "unánime" de los usuarios y defiende que los profesionales "compitan en precio y calidad" y que los colegios se conviertan "en verdaderos instrumentos para defender la profesionalidad y no al profesional por el mero hecho de serlo en contra de sus clientes".