Paisaje después de la batalla

Tras su reunión del viernes 29 de mayo, el Consejo de Ministros, principalmente a través de su portavoz, lanzó varios mensajes claros.El primero, quitar importancia a la huelga del día anterior. El segundo, afirmar textualmente que la huelga "no ha servido para nada", añadiendo que "el Gobierno no modificará ni un ápice su posición sobre el decreto-ley ni sobre el plan de convergencia". El tercero, recomendar a los sindicatos que reflexionen sobre su estrategia reivindicativa porque la sociedad española demanda otro tipo de sindicalismo de participación y de corresponsabilidad. El cuarto, reiterar la voluntad de diálogo, que no negociación, sobre el plan de convergencia. Para el Gobierno, el 28-M es algo de escasa importancia, una página que hay que pasar, un error de unos sindicatos -o, mejor dicho, de unas cúpulas sindicales- desfasados. En resumen, como dijo el ministro de Economía, lo mejor que se puede hacer es olvidar cuanto antes este tema.

Estas primeras reacciones del Gobierno muestran claramente que, al menos en su fuero externo, se considera vencedor absoluto de la huelga, y ésa es la percepción que quiere que la opinión pública tenga. En ese trabajo cuenta con el apoyo de una gran parte de los medios de comunicación y con el respaldo sin fisuras y clave de la televisión estatal.

¿Corresponde este mensaje gubernamental a la realidad de lo ocurrido el 28 de mayo?

El peligro principal de la huelga a estos efectos era el precedente del 14-D y la obligada comparación que los portavoces socialistas harían con esa fecha, aunque los sindicatos previamente habían insistido en que se trataba de algo diferente.

Pero una cosa es el mensaje externo y otra el convencimiento interno de los dirigentes socialistas de que la huelga ha tenido un apoyo masivo entre los trabajadores y, en general, en segmentos muy importantes de tradicional voto socialista. Ello a pesar de los mensajes gubernamentales de días anteriores, de la beligerancia de la patronal, del carácter temporal de muchísimos puestos de trabajo, del nivel abusivo de los servicios mínimos fijados y de la ocupación masiva de las calles por las fuerzas de orden público el día de la huelga. A pesar de todo eso, el respaldo fue importante, y eso lo saben tanto la patronal como el Ejecutivo.

La reacción de los sindicatos ha sido contraria a la del Gobierno no porque el 28-M no haya colmado sus expectativas, sino porque con toda probabilidad estiman que en un pulso a largo plazo, al menos hoy por hoy, tienen las de perder. Por eso, tratan de salvar lo que consideran más importante, y de ahí su mano tendida al Ejecutivo para negociar (que no meramente dialogar) y sin condiciones previas. ¿Sentido de responsabilidad, conciencia de su debilidad frente a la mayor fortaleza de las otras partes (Gobierno y patronal) o sospecha de dificultades de traducir la protesta social en opción política y en votos contrarios al Gobierno socialista? Seguramente, de todo un poco.

Hoy están así las. posiciones, y aunque en la vida política escasas veces son inmutables, es más que probable que en su esencia permanezcan. El Gobierno desea dar la impresión de que se considera vencedor de un incidente al que pretende dar escasa importancia, refuerza su entendimiento con la CEOE y, lo que es más importante, con los centros de poder económico del país, y llama a los sindicatos -o, más exactamente, a las cúpulas sindicales, a las que ataca, frente a su actitud comprensiva respecto de. algunas federaciones sindicales- a que desarrollen una actuación totalmente distinta. Sindicatos, sí, pero no éstos ni estos dirigentes. Mensaje, sin duda, inaceptable para estos legítimos interlocutores sociales.

Si el análisis anterior es correcto, cabe por lo menos un par de reflexiones. ¿Por qué esa postura tan rígida? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas de la misma?

Respecto de la primera cuestión, hay que afirmar que no es ninguna novedad. La década socialista se ha caracterizado cada vez más por el dogmatismo y la prepotencia económica y su hermana menor y minusválida, la política social. Hemos oído la falaz afirmación de que se hace la única política económica posible, y hoy estamos oyendo hasta la saciedad que no hay que perder el tren de Maastricht (siempre los curiosos símiles ferroviarios) y que en 1997 hay que estar en la primera división, caiga quien caiga, y que el único camino es el programa de convergencia, objetivo al que al Ejecutivo "le gustaría llegar con el mayor número de acompañantes (la ministra portavoz dixit el pasado 29 de mayo). Ese mayor o menor número depende sobre todo de la auténtica actitud negociadora del Gobierno, y que no trate de convertir Maastricht en una excusa para un ajuste duro y para más ataques al Estado regulador y protector, porque eso nada tiene que ver con Maastricht.

Para analizar las posibles consecuencias políticas de la rigidez gubernamental, lo primero es recordar un hecho cierto: la clientela política del PSOE es hoy menor y diferente de la de 1982. Ambos elementos son importantes. Es menor aunque la presencia de un líder relevante en un país que vota sobre todo líderes y no programas, así como la ausencia de alternativas suficientes, han hecho que después de 10 años el respaldo siga siendo notable. Es diferente porque, para decirlo en términos poco rigurosos, pero claros y perfectamente comprensibles, el electorado que vota al PSOE es hoy más rural, de mayor edad y más conservador que el de hace unos pocos años.

El enfrentamiento con los sindicatos -mientras dure- supondrá nuevos pasos en esa misma dirección, lo que plantea problemas al espacio político a la derecha del PSOE (porque este partido puede avanzar más en ese terreno), al espacio a la izquierda, porque confunde y desmoraliza a la izquierda sociológica (salvo que ésta sea capaz de articularse como opción política creíble que recoja los intereses y el malestar de esas capas y segmentos de la población) y al hoy ya principal partido del país y en fase ascendente, esto es, la abstención.

La huelga del 28-M, aun a pesar de haber mostrado la gran capacidad de convocatoria sindical, abre ínterrogantes importantes. De un lado, muchas de las medidas previstas en el programa de convergencia van a ser fuente de conflictividad social aguda. De otro, existe el peligro cierto de cansancio si se prodigan las movilizaciones. Estas, a la larga, no pueden llenar el vacío producido por la falta de una respuesta política de izquierda. Ésta es la gran contradicción a resolver.

El artículo está suscrito por Fernando Galindo José Antonio Gimbernat, María Gómez Mendoza, Faustino Lastra, Diego López Garrido, Juan Francisco Martín Seco, Juan José Rodríguez Ugarte, Jaíme Sartorius, Juan Manuel Velasco y Luis Velasco.