Julio Segura defiende que la privatización sólo puede mantenerse desde la derecha
La discusión sobre las reformas que deben acometer las empresas públicas y las cooperativas ha reunido estos días en Valencia a especialistas europeos. En ellas, el economista Julio Segura se alineó con los argumentos del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. En su opinión, "sólo por razones ideológicas se puede mantener que hay que privatizar y desregular las empresas públicas de servicios". Esa ideología es, a juicio de Segura, la que defiende la derecha.
El director de la fundación Empresa Pública del INI, Julio Segura, ofrecerá hoy en Valencia las conclusiones del XIX Congreso Internacional de Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). Como adelanto a esas conclusiones, Segura comentó ayer a EL PAÍS su opinión contraria a las privatizaciones y desregulaciones de empresas públicas.Segura -como también hizo el lunes Narcís Serra- se refirió al proceso de privatizaciones públicas que acometió el Reino Unido durante el mandato de Margaret Thatcher. Según su análisis, tras la privatización de las compañías eléctricas en Re¡no Unido las tarifas son más altas, no se utilizan las energías más baratas, el servicio es peor y ha habido que regular más".
Las críticas de Segura a la privatización de las empresas públicas de servicios se resumen en la siguiente frase: "La competencia en estos sectores no va a mejorar ni la calidad del servicio ni su precio". Su oposición a la privatización de las empresas públicas industriales es más matizada.
El problema aquí es que muchas de ellas no son rentables y precisamente por eso han acabado en el sector público. El futuro que augura a éstas es "su desaparición paulatina", pero -como ejemplo- matiza que "también en Alemania o en Reino Unido mantienen una industria del carbón que ha dejado de ser rentable por el impacto que el cierre de las minas tendría en el empleo de esas zonas".
Privilegios del sector público
Para las restantes, Segura defiende la igualdad de condiciones con el sector público, lo que supone "tanto eliminar los privilegios de financiación desde la Administración como las interferencias políticas y de gobierno".
Esta favorable opinión de las empresas públicas contrasta con la que mantuvo -en las mismas jornadas- el economista Alvaro Cuervo, quien criticó que, "en la empresa pública, los malos resultados conllevan aparentemente la aportación de más fondos por parte del presupuesto para seguir tirando". A su juicio, en estas empresas "el ajuste, de llevarse a cabo, se realizará cuando políticamente sea viable o admisible".
Ambos están de acuerdo, no obstante, en la necesidad de clarificar la función de la empresa pública y someterla a una disciplina más rigurosa.
Los problemas de las empresas de la economía social -el segundo tema a discusión en el Congreso de CIRIEC- fueron resumidas por el economista José Barea, organizador de las jornadas. A su juicio, las cooperativas -tanto de trabajo asociado, como agrarias o de consumo- y las sociadades anónimas laborales (las sales) necesitan reestructurarse para acabar con "la atomización actual".
Los responsables de estas empresas, según Barea, deben mejorar su capacitación profesional para poder competir con los de las restantes empresas. Las cooperativas agrarias, además deberían facilitar la creación de asociadas para la comercialización de sus productos. Por último, este economista destaca la necesidad de mejorar la estructura financiera de todas estas empresas que, en España generan el 1,25% del producto interior bruto y el 2,5% del empleo.
