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Los defensores piden que se destruyan las cintas grabadas en el 'caso Naseiro'

Los cuatro catedráticos de Derecho Penal que defienden a los acusados del caso Naseiro pidieron ayer, durante la primera sesión del juicio, la destrucción de las cintas que contienen las comprometedoras conversaciones sobre la presunta financiación irregular del PP. Los defensores pidieron la nulidad de todas las actuaciones practicadas por el juez instructor Luis Manglano, a quien acusaron de haber vulnerado los derechos fundamentales de sus defendidos. El fiscal admitió "todas las irregularidades procesales" denunciadas, pero negó que Manglano vulnerase derechos esenciales que invaliden las pruebas.

A la primera sesión del juicio, celebrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no asistió ningún representante cualificado del Partido Popular, por lo que los cuatro acusados -Salvador Palop, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchis y el empresario José Balaguer- estuvieron únicamente arropados por sus defensores, y por Antonio Pedrol Rius, en su calidad de presidente del Consejo General de la Abogacía.La sesión de la mañana estuvo dedicada por completo al informe del letrado defensor de Palop, Manuel Cobo del Rosal quien procuró cargar las tintas contra Manglano: "Desde que me puse la toga", dijo al comenzar su discurso, "nunca había visto más vulneraciones de derechos en menos folios".

Cobo del Rosal recordó que la: investigación policial comenzó por unas sospechas de que "unos individuos" de los que no se citaba el nombre de Rafael Palop, hermano del concejal valenciano, se dedicaban al tráfico de cocaína. Como se recordará, el pinchazo dio como resultado la grabación de conversaciones entre Palop, Naseiro y Sanchis sobre cobro de comisiones a empresas de la construcción a cambio de licencias de obras.

Según este letrado, el juez Manglano no autorizó la prosecución de las escuchas mediante "resolución motivada" referida a "personas concretas" y en una causa criminal previamente existente, sino lo que hizo fue decir: "Vamos a ver qué delitos está cometiendo este señor esta mañana y le pinchamos el teléfono. También criticó ásperamente al mismo juez por haber incomunicado a los detenidos del caso Naseiro y no haberles dejado designar a un abogado de su elección. El defensor del empresario José Balaguer, Gonzalo Rodríguez Mourullo, consideró que el borrado de las cintas originales y el trasvase a casete de las conversaciones invalida estas pruebas.

El fiscal del Tribunal Supremo Juan Martín Casallo admitió la existencia de "irregularidades procesales" en la actuación del juez, pero negó que ésta vulnerase derechos fundamentales que invalidasen las pruebas obtenidas. Según el fiscal, la intervención de la policía fue correcta y adecuada a la legalidad establecida porque puso en conocimiento del juez el contenido de las conversaciones.

Casallo calificó de "gravísimo" el delito de cohecho, independientemente de la pena que tiene señalada en el Código Penal, y afirmó: "El cochecho es un cáncer contra la sociedad, que afecta a la credibilidad de las instituciones democráticas". El fiscal solicita para cada uno los tres acusados del PP penas de tres meses de arresto y diversas multas por un delito de cohecho consumado.

Para el fiscal, la prisión incomunicada decretada por Manglano, sin derecho a designar libremente un abogado, fue "una medida lógica y adecuada", porque "el delito de cohecho es muy difícil de probar y las pruebas desaparecen rápidamente". El fiscal pidió al Supremo que no decrete la nulidad de actuaciones y prosiga el juicio hasta dictar sentencia.

"Yo soy acusado"

"Yo soy acusado", contestaba Salvador Palop, cada vez más irritado, en los sucesivos controles de acceso al Tribunal Supremo. "¿Es usted testigo, letrado o periodista?", le volvían a preguntar. Quien hace dos años fue portada de diarios y revistas no era reconocido ayer por los funcionarios del tribunal que iba a juzgarle.

Lo mismo debió pensar Manuel Cobo del Rosal, defensor de Palop, quien afirmó ante los magistrados: "En esta fase [del juicio] quien se sienta en el banquillo es el Estado de Derecho". Este nuevo acusado sólo fue defendido ayer por el fiscal.

Ni Naseiro ni Palop ni Balaguer efectuaron declaraciones a la prensa. Sólo Ángel Sanchis habló. Tampoco él se consideraba un acusado. "Yo he sido espiado y maltratado, yo soy acusador, no acusado", explicó a los informadores. El padre de Palop no pronunció ni el habitual "sin comentarios". La hija de Rosendo Naseiro declinó el protagonismo en los inculpados.

Más locuaz se mostró la acusación. Juan María Bandrés, que representa a la Unitat del Poble Valencià (UPV), admitió que hubo errores en la tramitación inicial del asunto. "En la Justicia española nada puede ser perfecto", pero las anomalías "no tienen suficiente calado" para dictar una anulación de las pruebas, indicó. Pere Mayor, secretario general de UPV, calificó las pruebas del caso como "concluyentes" de la existencia de un delito de cohecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de junio de 1992

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