Los menores afirman que se prostituían para el supuesto jefe de la red de corrupción

Los cuatro jóvenes que testificaron ayer en la causa que se sigue contra los siete supuestos integrantes de una red de corrupción de menores afirmaron que ejercían la prostitución y que Carlos Alberto Romao, uno de los presuntos cabecillas de la red, les llevaba a un apartamento en la calle Amaniel donde les presentaba a los solicitantes de sus servicios sexuales. Después, Romao se llevaba un porcentaje del dinero obtenido al prostituirse.

Ayer testificaron J. J. H., de 17 anos, y José Manuel Rúa, de 18. Ambos eran menores cuando se cometieron los hechos. La declaración del primero se hizo a puerta cerrada, por ser el testigo menor de edad. Además, se leyó la declaración policial de otros dos chaperos (hombres dedicados a la prostitución), que ahora están ilocalizables por la justicia. Todas las declaraciones señalan que Romao les captaba, presentaba clientes y luego se quedaba con un porcentaje. El ministerio fiscal pide 33 años de cárcel para este encausado.La declaración de José Manuel Rúa, que ejercía bajo el nombre de Rogelio, fue muy clara. José Manuel explicó que conoció a Carlos Alberto cuando éste se le acercó con un Alfa Romeo rojo en el Paseo de Recoletos. Era julio de 1990 y se buscaba la vida en la calle Romao le preguntó la edad - 16 años, contestó Rogelio-. Le propuso ir a la agencia, así llamaban al apartamento de Romao en la calle de Amaniel. Aquí le presentó a un cliente con quien mantuvo relaciones sexuales. Así sucedió tres veces, en las que cobró 10.000 pesetas y entregó 6.000 a Romao. Éste intentó la primera vez mantener relaciones con el menor, que no lo consintió.

Romao declaró el viernes pasado que llevaba a los chavales a su casa por lástima, "para darles una cama y comida". Esta versión fue ayer apoyada por su abogado. El defensor explicó que uno de los testigos, J. J. H., "se prostituía a su libre albedrío, y después acudía a Carlos Alberto porque necesitaba cariño y le ayudaba a apartarse de las drogas y de la calle". Pero este testigo, según la acusación particular, cobró por un servicio prestado a una de las encausadas y le entregó un porcentaje a Romao.

El abogado de la acusación particular, Juan Carlos Salazar, explicó ayer que el testigo J. J. H. estudia bachillerato e intenta "rehacer su vida" bajo tutela de la Comunidad de Madrid

La sala dio lectura a dos declaraciones policiales. Una de ellas es la del portugués Abel Francisco da Silva, de la que se infiere una actitud de Romao hacia las drogas bastante distinta a la relatada antes. "Si quería pope (droga muy extendida en ambientes homosexuales), Carlos me lo daba, y si quería porros, también", declaró a la polícia. En el caso del menor portugués el presunto corruptor también sabía su edad, 15 años. Accedió a prostituirse porque Romao le amenazaba con devolverle a Portugal si no lo hacía.

La otra declaración leída ayer corresponde José Luis Jodar Díaz. Este contactó con los clientes no sólo en el apartamento, sino también en una sauna situada en la calle de Ayala, regentada por María Josefa Lombardía. El ministerio fiscal pide cinco años para esta mujer.

La investigación de esta supuesta red de corrupción de menores se inició a raíz de las declaraciones hechas en julio de 1990 por un menor. Éste señaló una serie de direcciones. El Juzgado de Instrucción número 39 ordenó intervenir el teléfono de Romao y dos meses después ordenó el registro de casi una decena de viviendas. En casa de Romao la policía se incautó de varias agendas con nombres y teléfonos de clientes y de artículos sexuales. Ese día se detuvo a 30 personas.

Sin noticia de los clientes

El defensor de Romao, Juan Carlos Hernando, expresó ayer su deseo de que declaren los clientes: "La ley debería de ser ejemplar contra los corruptores y las personas que utilizan los servicios de estos menores".Pero los nombres de los corruptores son la gran incógnita de este juicio. En 1990, cuando se incautaron las agendas de Romao, se dijo que algunos eran personajes públicos. Pese a que los menores se han negado a identificar a los beneficiarlos de sus servicios, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ordenó, en un procedimiento Judicial separado, la investigación de 15 clientes de los jóvenes.