La OEA vacila

LA REUNIÓN que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró en Nassau ha representado un avance en el reconocimiento de la situación antidemocrática impuesta en Perú por Alberto Fujimori, tras el golpe de Estado del 6 de abril en el que, con el apoyo del Ejército y de la policía, disolvió el Parlamento y asumió poderes dictatoriales. Es cierto que la OEA urge a las autoridades peruanas a hacer efectivo "el retorno al sístema democrático representativo en el más breve plazo", sin lo cual no se restablecerá la ayuda internacional. Sin embargo, sobre el "retorno a la democracia" existe un gran equívoco.En efecto, Fujimori acudió a Nassau y presentó su concepto de lo que debe ser ese "retorno". Quizá hubo en sus palabras ciertas concesiones con respecto a sus planes iniciales (no habló del plebiscito que había anunciado), pero, en lo fundamental, reafirmó su objetivo de destruir el sistema constitucional peruano. La novedad de su discurso fue el anuncio de que convocará, sin fijar plazo, un congreso constituyente democrático. Pero a la vez concentró sus ataques contra los partidos que representan al pueblo en el Parlamento y habló de una democracia real y auténtica, en contraste con la que existía sobre la base del voto ciudadano. Hay, pues, razones para pensar que Fujimori se va a sacar de la manga una democracia orgánica a la medida de sus planes autoritarios.

¿Aceptará la OEA la nueva versión de democracia orgánica que Fujimori se dispone a inventar? Por ahora, su actitud ha sido de mucha reserva. Incluso el representante de EE UU insistió en que no se restablecerá ninguna ayuda hasta que se sepa lo que Fujimor¡ hace en realidad. No obstante, dos factores empujan en estos momentos a la OEA a flexibilizar la actitud de firme condena que adoptó a raíz del golpe peruano. Por un lado, después del retorno a Lima del vicepresidente San Román, reconocido como presidente legal por los miembros del Parlamento, no ha habido una oleada popular a su favor; tampoco se han manifestado los apoyos militares que San Román esperaba para restablecer la legalidad. A todas luces, el desprestigio de los partidos entre los peruanos es enorme y ello facilita las maniobras de Fujimori.

Por otro lado, las sanciones económicas aplicadas por la OEA en el caso de Haití no han dado el resultado esperado. Sigue la dictadura militar. En Nassau se han tomado medidas para reforzar esas sanciones, pero lo cierto es que no se vislumbran caminos para restablecer la democracia. La OEA no quiere que se repita, en el caso de Perú, el mismo fracaso que en Haití. Es, sin duda, un deseo legítimo. Pero sería muy grave que ello se tradujese en el abandono de lo esencial: la defensa de la democracia. Por compleja que sea la situación peruana, si la OEA se deslizase hasta legitimar unas fórmulas de democracia truncada encubridoras de un poder dictatorial, asumiría una grave responsabilidad. La diplomacia española debe reiterar su disconformidad con el golpe peruano. Su voz tiene peso, y en casos como éstos una actitud neta y continuada de Madrid puede reforzar las barreras para que el mal ejemplo de Lima no tenga seguidores.