USA quiere a Panamá

Hay un partido político panameño que, sin tapujos, ha dejado claro que promoverá un plebiscito popular para reformar la Constitución y, con ello, asegurar la permanencia de las bases norteamericanas en el país más allá de 1999, año en el que, según los tratados Carter-Torrijos de 1977, Panamá se haría teórica mente con el control del canal. Este partido, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), actualmente en la coalición que sostiene en el poder al presidente Guillermo Endara, ha lanzado un claro mensaje a los panameños: "Con el nacionalismo no se come".

El Molirena es un partido sin base social, construido exclusivamente para la campaña electoral, pero inmensamente rico. Su líder es Guillermo Ford, el típico representante de la oligarquía local, descendiente de norteamericanos, que se convirtió en un mártir tras la anulación de las elecciones de 1989 y su brutal apaleamiento por guardias nacionales de Manuel Antonio Noriega. Ford, vicepresidente segundo del actual Gobierno panameño, es a los ojos de sus compatriotas el principal valedor de los intereses de EE UU en el país.

La invasión de Panamá ha hecho a este país ser más colonia que antes. Hoy, por las calles de la capital panameña caminan los oficiales del Ejército norteamericano con sus uniformes de camuflaje, desprovistos de armas, pero agarrados a los maletines de negocios, lo que nunca hubiera imaginado el fallecido general Omar Torrijos. Noche y día, las patrullas mixtas -un policía militar norteamericano y un policía nacional panameño- circulan por la capital vigilando lo que sucede en las calles. En el aeropuerto civil de Tocumen se ha habilitado un paso exclusivo para soldados norteamericanos, a los que se exime de registros aduaneros para mayor humillación de los panameños, obligados a guardar colas y pasar por los controles tradicionales.

Mayor pista de aterrizaje

El aeropuerto está estos días bajo el mando de personal militar estadounidense. La razón es que la base de Howard, en las cercanías de la capital y una de las instalaciones militares que según los tratados Torrijos-Carter deberá ser devuelta a la soberanía nacional en 1999, realiza obras de ampliación en su pista de aterrizaje. El panameño se pregunta por qué, a siete años vista de la devolución, Howard amplía sus pistas. Lo mismo hace cuando comprueba que, Junto a sus instalaciones, los militares norteamericanos acaban de construir una carretera perimetral a la base destinada al uso de la población civil, con la que se evita el tradicional paso por ella. Son algunos de los síntomas, más bien hechos reales, que demuestran que el Comando Sur, con 9.000 hombres y nueve bases militares estratégicamente situadas a lo largo del canal, no quiere irse de Panamá, o al menos espera que los panameños que están en el Gobierno le pidan, como ocurrió con la invasión, que siga.

El desastre causado por Noriega en el país -que ha dejado a la izquierda nacionalista sin credibilidad política y a la nación sin un mínimo retén militar propio- coadyuda a que el derechista Gobierno de Endara se convierta en estos momentos en el tránsito hacia el que, a partir de 1994, será el Ejecutivo democrático que decida si los norteamericanos se quedarán o no en el país a partir de 1999.

El Gobierno panameño tiene hoy día funciones más propias de una alcaldía de ciudad populosa que de verdadera Administración de un país, pese a que Panamá sólo disponga de poco más de dos millones de habitantes y de una extensión, incluidos los 1.432 kilómetros cuadrados de la zona del canal, de sólo 77.082 kilómetros cuadrados. Los cinco rubros económicos del país (canal, oleoducto Charco Azul-Chirigui, zona libre de Colón, centro financiero y la producción de banano) escapan a su control. No ha de extrañar, pues, que uno de los principales asuntos que discute el Gobierno sea el de las contratas del servicio de recogida de basuras

Mientras, Panamá, con un sistema constitucional democrático, pero sin ni siquiera moneda nacional (el dólar hace las veces), se encuentra con un presidente al que se ignora cuando llegan personalidades al país. El pasado martes aterrizaron en el país el director de la oficina de la política nacional para el control de la droga en Estados Unidos, Bob Martínez, el zar antidrogas, y el ministro de Seguridad de Costa Rica, Luis Fishman. Ambos eran invitados personales del generalato del Comando Sur. Endara se tuvo que enterar de que estaban en su país y de lo que hacían a través de los periódicos.