El fiscal del 'caso Alcalá 20' exculpa al Ayuntamiento

Madrid - 14 may 1992 - 00:00CEST

El fiscal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial pide en sus conclusiones provisionales la absolución del ex concejal del PSOE del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo en el caso del incendio de la discoteca Alcalá 20, según Europa Press.El fiscal, sin embargo, declara responsable civil subsidiario al Estado. Pide un total de 13- años de cárcel para siete de los ocho procesados, entre ellos un representante del Ministerio del Interior. A este funcionario, Guillermo Herranz, le acusa de dos delitos de imprudencia temeraria con una condena de seis meses de prisión cada uno.

El fiscal considera que en el incendio de la discoteca en 1983, en el que murieron 82 personas y quedaron con secuelas 28, hubo dos delitos de imprudencia temeraria, uno de falsedad de documento oficial sobre las inspecciones de la discoteca y otro de uso de documento oficial falso.

El fiscal acusa de imprudencia temeraria a Juan Antonio Iglesias, Carlos Mendoza, Doroteo Martín, Pedro Rascón, Emilio Urdiales (copropietarios de la discoteca), Miguel Gabaldan (instalador autorizado por Industria) y Guillermo Herranz (miembro de la junta de inspecciones de espectáculos). Gabaldón está acusado del delito continuado de falsedad de documento oficial, e Iglesias, del de uso de documento oficial falso.

Durante este largo proceso, afectados y Administración han negociado que se indemnizase a los primeros antes de que se dictase sentencia, lo que ha provocado más demoras. Interior y el Ayuntamiento acordaron indemnizar a las víctimas con 13,5 millones (la mitad cada uno de ellos) por cada fallecido. El Ayuntamiento resolvió el 29 de abril en un pleno destinar los fondos para pagar, mientras que Interior espera las petición es para resolverlas una a una. Hasta ayer había recibido 57.

"Creo que el fiscal ha exculpado a García Horcajo dado que el Ayuntamiento ha aprobado su parte de indemnización y el ministerio no ha comunicado nada" decía ayer Antonio García-Pablos, abogado de 58 afectados.

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