La Comunidad cerró 18 centros de ancianos en el último año y medio

La Comunidad de Madrid ha cerrado 18 residencias privadas de ancianos y tramita el cierre de otra desde la entrada en vigor, en octubre de 1990, de la Ley de Actuaciones Inspectoras de Centros de Servicios Sociales. La mayoría ocupaba pisos del casco antiguo que carecían de autorización para ejercer su actividad. En ellas, los ancianos padecían situaciones de hacinamiento, falta de higiene y de personal capacitado para atenderles.

Casi 17.000 ancianos madrileños viven en residencias de la tercera edad, según los datos de la Comunidad de Madrid. El 64%, en centros privados. En total existen 370 residencias, 336 privadas y 34 públicas. Desde octubre, la: inspección ha visitado 300 de estos centros y ha abierto 38 expedientes, la mitad de los cuales han acabado en cierre.Las mayores deficiencias se encuentran en pisos pirata (los que no tienen la autorización preceptiva) situados en distritos antiguos como Tetuán y Centro. Se trata de negocios particulares. Por el contrario, los centros regentados por entidades religiosas o sin ánimo de lucro ofrecen buenas condiciones.

Uno de los pisos pirata en trámite de clausura es el situado en el número 5 de la calle de Sagasta. La Comunidad ordenó su cierre cautelar después de comprobar que en él vivían hacinados una quincena de ancianos. En ese plazo se subsanaron las principales deficiencias, pero su titular no solicitó la autorización. A pesar de ello, sigue funcionando con sólo seis ancianos. La encargada del local asegura que en julio va a convertirlo en una pensión. Según el jefe del servicio de inspección, registro y autorizaciones de la Comunidad, Pedro Plans, "tenía que estar ya cerrado".

Las personas mayores acogidas en las residencias privadas pagan precios que oscilan entre las 80.000 y las 300.000 pesetas mensuales. En los centros públicos se abona un porcentaje de la pensión. Un millar de ancianos espera poder ingresar en alguna de las residencias sociales de la Comunidad de Madrid.