"El decreto se desbarata al segundo asalto en una negociación"

Pregunta. El déficit del Inem supone un importante problema de gasto público, ¿no considera necesario que se hayan adoptado medidas para resolverlo?Respuesta. Habría sido preferible, primero, explorar y agotar las posibilidades de acuerdo para no generar un rifirrafe en dos escenarios, con los sindicatos y con el Parlamento. Yo creo que el Gobierno no. ha querido buscar medidas menos traumáticas, que atacasen mejor las causas reales del déficit. Si el propio señor Solchaga admite que el problema está originado porque los empresarios cogen trabajadores y los sueltan más rápidamente y en mayor cantidad que antes, no parece ni congruente ni justo, desde el punto de vista político y social, meter el hachazo a quienes son las víctimas de ese aumento del gasto. Tampoco han querido negociar sobre la base del informe de los expertos, que ya aconsejaba cortar el abuso que hay en la utilización de la contratación temporal, que no hubiera tenido resultados inmediatos, sino a medio plazo, pero más sólidos, para racionalizar el gasto del Inem.

P. El Gobierno dice que los sindicatos perdieron la oportunidad cuando se intentó negociar en 1991 el plan de competitividad.

R. No es cierto. El plan de competitividad fue una oportunidad abortada antes de empezar realmente la negociación. El señor Solchaga, es decir, quien dirige una negociación, lo que no puede hacer desde el primer momento es abundar más en las divergencias que en buscar aproximaciones. De la reforma del Inem, lo que se nos planteó allí fue dar carta de naturaleza a las empresas de contratación temporal. No se nos propuso convertir el Inem en un auténtico servicio público de empleo. Un negociador que está entre empresarios y sindicatos no se cuidó ni un pelo en aparecer desde el primer día más sensible y receptivo a todo lo que pedían los empresarios e intransigente con todo lo que venía de los sindicatos.

P. Además de recortar el subsidio del desempleo, ¿qué le parecen las otras alternativas para evitar la desviación del gasto, como aumentar la aportación del Estado con más impuestos, aumentar las cotizaciones sociales, recortar otros gastos o endeudarse más?

R. El abanico de posibilidades podría ser más amplio. ¿Por qué tenemos que considerar intocable un error fiscal como fue la reforma de 1991, si el Estado ha dejado de ingresar más de 500.000 millones de pesetas? Se sigue sin poner orden en la persecución del fraude y en conseguir que aquí tribute todo el mundo. El Estado se desentiende de las necesidades de protección social que se originan por un mercado de trabajo caracterizado por dos factores que han provocado el déficit del Inem: uno, que, en lugar de los 239.000 empleos, previstos, 1991 se ha saldado con una destrucción neta de empleo, y el otro, un abuso. disparatado, como veníamos denunciando los sindicatos, de la flexibilidad laboral.

P. ¿No prevé ningún efecto positivo del aumento de seis meses a un año en los contratos de fomento de empleo?

R. No; es un auténtico engaño, que no puede achacarse al desconocimiento del Gobierno ni a un error de cálculo. Manteniéndose las otras modalidades de contratación y en un momento de aminoración de la creación de empleo, lo previsible es que abunden. muchísimo más los contratos inferiores a un año.

P. Un estudio del PSOE concluye que en los últimos años se han destinado más recursos al desempleo y que hay más parados con prestación. Da la sensación que cada parte sólo descubre una cara de la moneda, el Gobierno ve el conjunto y ustedes lo individual.

R. Precisamente para no incurrir en esa tentación fácil que termina distorsionando el debate es por lo que el Gobierno no debe desgajar, a la hora de compararnos con otros países, el sistema del desempleo del sistema de protección social, y ahí estamos siete puntos por debajo de la medía comunitaria. Nuestro país, de entrada, tiene una tasa de paro que duplica la media comunitaria, y tiene que gastar más en ello. Pero, por otra parte, si hay algo difícil de comparar con otros países es precisamente el sistema de protección social. Nosotros estamos dispuestos a negociar, como uno de los indicadores de convergencia y cohesión ineludibles, el sistema de protección social, que comprende el desempleo, la protección a la familia, la vivienda.... y en donde estamos considerablemente por debajo.

P. Cuando dicen que están dispuestos a negociar, ¿quieren decir que están abiertos a discutir también el recorte de la cuantía y la duración del subsidio de desempleo?

R. Podemos negociar medidas que racionalicen los gastos del Inem, que mejoren su funcionamiento y que, por tanto, terminen aminorando el déficit. No creo que sea aceptable entrar en la lógica inexorable del recorte en las prestaciones. ¿Por qué han de considerar inamovibles políticas contractuales y de enfriamiento económico que han demostrado su fracaso y han de considerarse modificables las prestaciones sociales? Eso tiene una lógica infernal, que arruina cualquier negociación. Si resulta que la única cuestión que se puede negociar es cuánto se recorta a los parados, pero no se puede negociar en cuánto se recortan las 16 modalidades de contratación, pues será muy difícil negociar así.

P. ¿Estarían dispuestos a discutir medidas para corregir el fraude y la picaresca?

R. Claro que sí, y hay algunas medidas que no cuestan dinero, que dependen sólo de una mínima voluntad política del Gobierno, como que se ponga mayor rigor en vigilar las declaraciones a Hacienda de los empresarios y sus cotizaciones a la Seguridad Social. En las propias encuestas de la Administración se comprueba que los empresarios están defraudando por partida triple: a la Seguridad Social, con trabajadores que están en el paro y que emplean en talleres clandestinos; a Hacienda, porque hay plusvalías que no afloran nunca, y a las leyes laborales. Después, ¿medidas que corrijan la picaresca de los trabajadores? Pues claro que estamos dispuestos a contemplarlas. Pero habrá que poner varas de medir justas, porque no se puede ser absolutamente tolerante y ratificar en sus cargos a quienes cometen abusos y fraudes en el ejercicio de cargos públicos, y con fraudes millonarios, y después ser absolutamente rigurosos porque un padre de familia con 40.000 pesetas de subsidio haga una chapuza a domicilio. Nosotros no vamos a ser encubridores de ningún fraude.

P. ¿Qué le parecen las medidas del decreto que fomentan el empleo indefinido?

R. No tengo mucha confianza en que la subvención al contrato indefinido vaya a aminorar la temporalidad, porque, aunque sean menores, se mantienen subvenciones para contratos eventuales, y porque estamos en una situación que tiende a la destrucción de empleo.

P. La convocatoria de media jornada de huelga general da la sensación de inseguridad.

R. No; la convocatoria de media jornada es un síntoma de confianza en que el movimiento sindical de este país, por primera vez, se ve en condiciones de arriesgarse a una fórmula de movilización nueva, que requiere una consolidación organizativa similar a la de otros sindicatos europeos. Segundo, es una expresión de responsabilidad; no hemos querido agotar todos los cartuchos, y queremos dar una oportunidad a la negociación antes de ir a una movilización de mayor envergadura a principios de otoño.

P. ¿No se han precipitado en la convocatoria?

R. Desde la entrada en vigor del decreto, las centralitas del sindicato están colapsadas por trabajadores afectados, que tienen encima de sus cabezas expedientes de crisis o el cierre de sus empresas. Haber esperado más a dar una respuesta nos hubiera desacreditado como sindicato ante esos trabajadores que reclaman una defensa efectiva.

P. ¿Qué esperan conseguir con la huelga?

R. Hacemos la huelga sobre todo para ganar en este debate con el Gobierno, para lograr una negociación sin esa presión previa que supone tener encima de la mesa el decreto. Yo espero que el Gobierno finalmente atienda al malestar social el 28 de mayo y que nos ahorre a los trabajadores y a todo el país un periodo más largo de conflictividad y de tensión; que se avenga cuanto antes a reflexionar y a negociar.

P. ¿De qué depende que convoquen una huelga general para el otoño?

R. Sencillamente de que, tras la huelga del 28 de mayo, el Gobierno se avenga a negociar.

P. Solchaga ya ha advertido que los ciudadanos no entenderían que los sindicatos condicionen su política económica.

R. Según las encuestas, los ciudadanos al que menos entienden y estiman es al señor Solchaga. Debería tener más prudencia para arrogarse la capacidad de interpretar a los ciudadanos.

P. ¿La oferta de negociación del PSOE tiene alguna posibilidad de prosperar?

R. Cada día que pasa parece que tiene menos posibilidades, porque la abortan desde el propio Gobierno. Sé viene a confirmar de nuevo que el PSOE, su ejecutiva y los clanes de Chamartín o de Las Navas ceden ante Solchaga, cuando les enmienda la plana en sus ímpetus iniciales y dice que de ninguna de las maneras habrá una negociación que afecte a cuestiones sustanciales del decreto. Lo que para mí es más grave es que quienes se achantan ante la arrogancia del señor Solchaga están admitiendo que la gobernación del país está cada vez más en sus manos.

P. Dice que los dirigentes del PSOE se han achantado, pero quizá ahora hay más críticas internas que antes del 14-D.

R. En lo que valen como expresiones individuales, valoro que haya más voces críticas. Pero la situación es más grave que en el 14-D, y se necesitaría un gesto, una actitud medible, más firme por parte de la militancia socialista, para enmendarlo la plana a quien hoy tiene la sartén por el mango dentro del Gobierno.

P. ¿No cree que este enfrentamiento no se hubiera producido con una oposición política más fuerte?

R. Claro que sí, eso es de cajón. Dejando meridianamente clara mi condición de sindicalista, como persona de izquierdas, creo que otro gallo nos cantaría si en este país hubiera una alternativa de izquierdas mucho más clara y fuerte.

P. ¿Qué explicación le encuentra a que el Gobierno haya decidido aplicar la reforma del subsidio con un decreto fulminante?

R. Son conscientes de que los argumentos del Gobierno, en una mesa de negociación, se ha brían desbaratado al segundo asalto con los datos en la mano y con el objetivo ineludible, también para los sindicatos, de racionalizar y aminorar el déficit del INEM. Por ello han preferido tirar, por el camino de la sor presa y la provocación. Por otro lado, el Gobierno parece tener verdadera debilidad por demostrar su sentido de la autoridad con los más débiles y es dócil con los, más fuertes al haber favorecido el enriquecimiento súbito.

P. Si el Gobierno admite la retirada del, decreto, al minuto siguiente tiene que dimitir su autor, el señor Solchaga.

R. Si retiran el decreto nos parecería una sabia rectificación y el Gobierno se apuntaría un tanto ante la sociedad española. Retirar el decreto sería restituir un clima de sosiego, y esto siempre acredita a un Gobierno, máxime cuando tiene que pedirle, al país esfuerzos para afrontar un reto histórico como la convergencia conmnitaria. Sería un asunto menor si tiene o no que. dimitir algún ministro. Otra cosa es que ese ministro quiera quedar por encima del Gobierno; entonces la dignidad personal le llevaría a presentar. la dimisión.