Reportaje:Plan de convergencia 1992-1996

Los parados perderán el derecho al subsidio si rechazan una sola oferta de empleo o un cursillo

Los parados que rechacen una primera oferta de empleo, aunque ésta no sea de su profesión y el sueldo sea inferior al del subsidio, o que no acepten asistir a un cursillo, perderán automáticamente el derecho a la prestación. Ésta es una de las novedades del Real Decreto sobre Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del Desempleo, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El real decreto establece un recorte generalizado del subsidio -que no afectará a los actuales perceptores-, aunque aún no está decidido si se aplicará a los despedidos con éontrato anterior a la entrada en vigor del decreto, la próxima semana, o sólo a los nuevos. El Gobierno, no obstante, puede admitir modificaciones posteriores en el Parlamento.

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El objetivo del Gobierno es "fomentar el empleo estable y evitar futuras desviaciones en el gasto por prestaciones del desempleo", según explicó ayer el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval. El decreto actúa en cuatro frentes: erradicar el fraude, reorganizar el sistema de ayudas a las empresas por la contratación de parados con dificultades para encontrar empleo, una rebaja generalizada de las prestaciones y medidas para la formación profesional. En conjunto, Martínez Noval aseguré que no se trata de un plan "para recortar el gasto público en desempleo".En la lucha contra el fraude, el Gobierno obligará a los parados con subsidio a aceptar una primera oferta de empleo o un cursillo de formación profesional si quieren mantener la prestación. Hasta ahora, se daban dos oportunidades para "aceptar un empleo adecuado". Pero la falta de definición legal de este concepto ha provocado que, en la práctica, no existiera ninguna medida coactiva para incorporar a los parados con subsidio al mercado de trabajo.

En el real decreto aprobado ayer se detalla lo que, "según la jurisprudencia", puede considerarse como oferta adecuada. Según explicó Martínez Noval, un parado estará obligado a aceptar una primera oferta aunque ésta no sea de su profesión y el sueldo sea inferior al del subsidio, si no quiere perder la prestación. Las únicas condiciones son que la oferta se corresponda con las condiciones físicas y de formación del demandante de empleo. Es decir, que esté capacitado para desempeñar el nuevo empleo, aunque le sobren aptitudes.

El recorte de las prestaciones por desempleo (ver cuadro) consistirá, en términos generales, en elevar a un año. el periodo mínimo de cotización que dará derecho a un subsidio inferior al actual en todos los casos. Paralelamente, se establece un subsidio asistencial para los parados que sólo hayan cotizado entre tres meses y un año. Según Martínez Noval, "nadie quedará desasistido con el nuevo sistema".

Estas medidas entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación en el BOE del real decreto aprobado ayer, la próxima semana. Queda claro que a los parados ahora con subsidio no les afectará el recorte, es decir, seguirán cobrando lo antes previsto. Lo que aún no ha decidido el Gobierno es "el régimen transitorio, ya que han surgido algunas dificultades jurídicas", según explicó el ministro. Antes de que el real decreto entre en vigor la próxima semana, el Gobierno definirá si el nuevo sistema se aplicará sólo a los nuevos contratos que deriven en despido o también a todas las relaciones laborales ahora en vigor.

Posibilidad de enmiendas

El Gobierno ha aprobado también la elevación de seis meses a un año del periodo mínimo de los contratos temporales de fomento de empleo. Martínez Noval señaló que esta medida no provocará rigideces en el mercado de trabajo "ya que los empresarios podrán seguir contratando por debajo de este tiempo si lo necesitan" a través de otras modalidades. El ministro confió, sin embargo, en que el conjunto de modificaciones "conducirá a que la mayoría de los contratos se realicen por un año".El real decreto que contiene estas medidas como "las más urgentes" dentro del plan de convergencia con la CE, será enviado a las Cortes la próxima semana para su convalidación. No obstante, el Gobierno propondrá su posterior tramitación como proyecto de ley para dar cabida a posibles enmiendas.

Acto seguido será discutido con sindicatos y patronal "en el contexto del plan de convergencia" según el ministro. Martínez Noval no valoró la posibilidad de una huelga general o la actitud de los sindicatos ante un hecho prácticamente consumado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0003, 03 de abril de 1992.

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