Sáenz de Santamaría dice que criticó a los jueces "con el lenguaje de los prohombres"

El ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría ratificó ayer todas sus declaraciones contra jueces y fiscales en el proceso al que fue sometido en la Audiencia Nacional y en el que el fiscal solicitó penas de seis años y tres meses de cárcel por calumnias y desacato. El ginecólogo dintinguió entre instituciones "que no le merecen ningún respeto", y las personas que las integran y justificó las críticas a los jueces con "insultos y descalificaciones" al ser éste "el lenguaje de nuestros prohombres" adaptado a las relaciones sociales.

Sáenz de Santamaría reconoció sin dificultad cuantas descalificaciones e insultos pronunció tras salir de la cárcel merced a un indulto del Gobierno. Era el mes de abril del pasado año y Sáenz de Santamaría, a las mismas puertas de la prisión, calificó a los fiscales de "cáncer de la democracia" e imputó a la Sala Segunda del Supremo garantizar a los jueces la impunidad de sus actos, "por muy delitivos que fueran".El ginecólogo desgranó el rosario de persecuciones judiciales que ha venido sufriendo en los últimos años. "Siete años", dijo, "de persecución en persecución, de juicio tras juicio y al cabo de siete años hay una sola sentencia del Tribunal Supremo, que aprecia hasta 10 irregularidades procesales cometidas por los jueces".

En el extenso interrogatorio al que fue sometido por el fiscal Jesús Santos, Sáenz de Santamaría puso buen cuidado en distinguir entre las instituciones y las personas que las integran. Estas últimas, jueces o fiscales, le merecen "todo respeto", contra ellas "no guarda odio ni rencor" y aún entiende que actuaron "creyendo que era justo lo que hacían, con su mejor conciencia".

En cambio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, "como institución, no me merece ningun respeto" aseguré el ginecólogo, "porque no está a la altura de las circunstancias". El procesado insistió en varias ocasiones en que en los últimos 150 años ningún juez ha sido condenado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y criticó la tardanza del Supremo en enjuiciar a personas aforadas.

Insultos y descalificaciones

Sáenz de Santamaría justificó los insultos y descalificaciones utilizados en sus comparecencias públicas como parte de la "crítica a los poderes públicos" dentro de la "realidad social" impuesta. En ese sentido, citó sin nombrarle al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, como paradigma de la "utilización del insulto" y del "embrutecimiento del lenguaje en las relaciones sociales".El ginecólogo admitió haber utilizado insultos y descalificaciones como "adaptación a la realidad, al lenguaje que utilizan nuestros prohombres". Según explicó, lo hizo conscientemente para llegar a una "situación límite", por "necesidad de sobrevivir". "Para sobrevivir utilicé el lenguaje que entiende la sociedad y no tengo la culpa de su embrutecimiento ni de la pérdida de sensibilidad".

En otros momentos del interrogatorio, el procesado recordó que fue condenado por practicar un aborto a una niña violada desde los nueve años por un tío suyo, que no fue condenado por violación sino por "estupro de prevalimiento". Añadió que tras ser indultado de la pena de cuatro años de cárcel, un informe de la fiscalía de Málaga le calificaba, de "delincuente habitual" y que sus cuentas bancarias siguen intervenidas, además de tener depositada una fianza de 5 millones de pesetas.

El fiscal Jesús Santos dijo que Sáenz de Santamaría mantuvo una conducta "reflexiva, premeditada y reiterada", así como una "contumaz actitud de reiteración de estas expresiones" Añadió que expresiones como "asalto a toga armada" utilizadas por el acusado motivaron su ingreso en prisión ante la "alarma social" provocada. Con todo, el fiscal consideré excesiva la pena a imponer y calificó alternativamente el delito más grave como injurias, que permite reducir la misma.

Los abogados defensores, Pedro Apalategui y José Luis Galán, aseguraron que la "alarma social" fue la provocada por el encarcelamiento del ginecólogo tras el indulto del Gobierno. Dijeron que el derecho al honor es patrimonio de las personas y no de las instituciones y pidieron la libre absolución del ginecólogo procesado.