Una política presupuestaria severa

Además de la reforma laboral, el plan de convergencia concentra en la severidad de la política presupuestaria sus esperanzas de éxito. Se trata de atemperar el ritmo del crecimiento del gasto de todas las Administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- desde el 11,5% registrado en 1991 hasta un 5,9% en 1996. Los ingresos también bajarán su velocIdad pero en menor medida (desde el 10,4% hasta el 7,8%). Del documento que se presentará a las Cortes no se pueden obtener, sin embargo, demasiadas conclusiones sobre cómo se llevará a cabo este severo ajuste. Por ejemplo, no se menciona en ningún momento de qué manera se rellenarán los agujeros detectados en el INEM y en la sanidad, estimados en más de un billón de pesetas.En su comparecencia pública el pasado viernes, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, se limitó a señalar que la deuda pendiente por ambos conceptos está contemplada dentro del objetivo de reducción del déficit. Es decir, se trata de un esfuerzo añadido a la hora de situar la diferencia negativa entre ingresos y gastos en el 1% del PIB en 1996 desde el 4,4% registrado el pasado año.

El único compromiso "positivo" en cuanto al gasto público es mantener las inversiones en infraestructuras en el 5% del PIB. No se menciona, por ejemplo, lo previsto en borradores previos sobre la congelación de las plantillas de funcionarios públicos.

Respecto de los ingresos, el Gobierno se compromete a no incrementar la presión fiscal desde el nivel que se alcance en el año 1993. Para entonces entrará plenamente en vigor el nuevo impuesto sobre la renta -la primera declaración se efectuará en junio del año próximo- y está prevista la subida del tipo medio del IVA del 13% actual al 15% junto con la aplicación de un tipo superreducido.

La política monetaria perderá así su papel predominante en la lucha contra la inflación. Sólo si ésta se reduce y en la medida en que aumenten las tasas de ahorro tanto público como privado, será posible "un ajuste gradual a la baja de los tipos de interés nominales y quizá también de los reales". Para la incorporación de la peseta a la banda estrecha del Sistema Monetario Europeo (SME), obligatoria antes de 1994, "resta todavía un plazo de tiempo razonable y el Gobierno dará este paso sólo cuando esté seguro de que las perturbaciones diferenciales de la economía española puedan ser absorbidas".