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Jueces para la Democracia defiende una ley de huelga basada en la autorregulación

El secretariado de Jueces para la Democracia, ante el anuncio gubernamental, "en términos preocupantes", dice, de la regulación por ley del derecho de huelga, se ha pronunciado en contra de que se legisle sobre esta materia "sin lograr un amplio acuerdo con los sindicatos, que son quienes institucionalmente gobiernan el conflicto dentro del papel que les asigna el artículo 7 de la Constitución". La asociación judicial progresista se manifiesta a favor del arbitraje y la autorregulación y contra la judicialización del conflicto.

"Propiciamos un modelo legal basado en la autorregulación sindical y, por ello, hay que pedir", afirma el secretariado de la organización Jueces para la Democracia, "a los sindicatos más representativos que ofrezcan los criterios" conforme a los cuales pretender ejercer el derecho de huelga.Jueces para la Democracia recuerda que "la huelga es un derecho cuyos titulares son los trabajadores", y asegura que "la ley, cualquier ley, no resuelve ningún problema en materia de huelga, si no se crean previamente y se fomentan jurídicamente prácticas sindicales de autorregulación en el ejercicio de ese derecho, especialmente en el ámbito de los servicios esenciales para la comunidad".

La dirección del mencionado colectivo judicial quiere que se cree una nueva cultura sindical que evite perjuicios innecesarios a los ciudadanos y usuarios y propone un modelo con tres niveles: la determinación de qué actividades deben reputarse como servicios esenciales; dentro de ellos, qué prestaciones han de considerarse indispensables, y los mecanismos de concreción de servicios mínimos en cada huelga concreta.

Ante una futura regulación legal, que considera "tendrá necesariamente que acoger los criterios de actuación de los sindicatos", la asociación judicial progresista manifiesta Ia necesidad de acabar con la dualidad jurisdiccional ( ... ) en materia de huelga" [además de conocer de estos asuntos los tribunales de lo social, las demandas contra la fijación de servicios mínimos van a los tribunales contencioso-administrativos]. Los magistrados de Jueces para la Democracia proponen unificar los casos en la jurisdicción social.

Despido como sanción

La dirección del colectivo judicial advierte asimismo que "no conviene edificar sobre el despido disciplinario el sistema sancionatorio ante incumplimientos de la regulación del derecho de huelga".Por el contrario, considera que "hay que exigir la estricta observancia del principio de proporcionalidad en una materia en la que entra en juego el ejercicio de un derecho fundamental y reservar la figura del despido para los casos de excepcional gravedad o que cuestionen el sistema de relaciones laborales".

La propuesta de Jueces para la Democracia subraya "la importancia de que se generen, por ley o por negociación colectiva, mecanismos de mediación y de arbitraje voluntario ( ... ), disminuyendo así el peligro de judicialización del conflicto".

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