En el centro de la investigación

El abogado y senador de Herri Batasuna (HB), Íñigo Iruin, se encuentra en el centro de varias investigaciones que inició el titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, y que actualmente están bajo la competencia del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. Una de ellas se refiere al papel jugado por este letrado en la red del impuesto revolucionario que desarticuló la Ertzaintza (policía autonómica vasca).En concreto, dos empresarios extorsiogados por ETA declararon que, días después, Iruin les dio una cita el 6 de julio de 1990 para encontrarse con unos representantes de ETA, quienes plantearon una exigencia económica. Este letrado atribuyó a fines altruistas su papel de intermediario en esta operación. José Carlos Apezteguía, ya detenido, ha reconocido ser uno de los recaudadores participantes en esta extorsión.

Iruin, que nunca ha difundido el nombre de los interlocutores de los extorsionados, no dudó en identificar públicamente a estos últimos, a pesar del riesgo que podía suponer en cuanto a represalias de la organización terrorista.

Precisamente, estos dos empresarios denunciaron las presiones ejercidas por dicho letrado sobre ellos tras conocerse las imputaciones contra dicho abogado.

Según la providencia por la que el juez Bueren remitió al Tribunal Supremo estos hechos presuntamente delictivos, el senador Iruin hizo repetidas llamadas a ambos empresarios para que comparecieran junto a él en conferencia de prensa y "explicaran" por qué acudieron a este letrado para buscar un mediador en el pago del impuesto revolucionario a la organización armada.

Tan insistente actitud de Iruin, que llegó a pedir una carta manuscrita a los extorsionados, llenó de inquietud a los denunciantes, hecho que pusieron en conocimiento del juez. Bueren estimó que tal actitud de Iruin podría constituir actuación delictiva complementaria a las amenazas sufridas".

La fiscalía, al pronunciarse sobre la competencia del Supremo para investigar a este aforado, precisó que existían indicios de presunta colaboración con la banda armada y el propio fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ratificó que se investigaba su pertenencia a la dirección de ETA.

La Ertzaintza tiene pendientes pruebas periciales sobre citas a extorsionados cuya escritura se coteja con una máquina que se requisó en el despacho de Iruin.