Contra la pared

El banco británico Abbey National adquirió a Cor su participación del 23% en la corporación Abbeycor Nacional Hipotecario después de la fecha de retracción de la quiebra del Grupo Cor decretada por el Juzgado número 10 de Barcelona. El Grupo Cor se enfrenta a un doble proceso legal al seguir adelante la suspensión de pagos admitida a trámite por el Juzgado número 60 de Madrid y tener decretada la quiebra por el Juzgado número 10 de Barcelona. La empresa, fundada en 1986 por el financiero Jesús Balaguer, no logra cristalizar un acuerdo con los acreedores. Un grupo de éstos estudia la impugnación de la venta de las acciones de Cor a Abbey National porque considera que "se ha producido en la práctica un alzamiento de bienes", señalan los representantes legales de los acreedores disconformes.

El pasado 24 de febrero, el juez admitía el expediente de suspensión del Grupo Cor con una deuda global de 3.142 millones de pesetas, de los que 2.000 millones corresponden a pagarés emitidos por la empresa y suscritos por inversores particulares en paquetes inferiores a tres millones de pesetas. Ese grupo, controlado por Jesús Balaguer y el constructor catalán Juan Antonio Mediavilla, centra su actividad en el mercado inmobiliario y se ha extendido en el sector financiero por medio de la sociedad hipotecaria Abbeycor Nacional Hipotecario.

Insolvencia

La sociedad hipotecaria Abbeycor estaba participada desde su fundación por Abbey National (67%), Grupo Cor (28%) y Winterthur (5%). En marzo de 1991, el Grupo Cor, agobiado por importantes problemas de liquidez, inició un repliegue culminado en octubre del mismo año con la venta del 23% de Abbeycor Nacional Hipotecario al socio mayoritario, Abbey National. Tras esta operación, el banco británico abandonó la actividad como sociedad hipotecaria para convertirse en Abbey National Bank SAE con nueva ficha en el registro del Banco de España. En paralelo a este proceso, y mientras Cor preparaba la suspensión de pagos (aceptada el 24 de febrero de este año), se abría inesperadamente una nueva vía judicial con la quiebra instada en Barcelona.El mecanismo judicial de la quiebra expresa ahora los interrogantes sobre la insolvencia real de Balaguer y Mediavilla, encubiertos por la iliquidez que les llevó a la suspensión de pagos. El juzgado de Barcelona ha fijado la retracción de la quiebra -fecha desde la cual los propietarios de la empresa son insolventes- en mayo de 1991. Sin embargo, Balaguer y Mediavilla vendieron su participación en Abbeycor mucho después -en octubre del mismo año-. Eso "significa que enajenaron activos cuando eran muy conscientes de su insolvencia", según afirman los representantes legales de algunos acreedores que no han llegado a un acuerdo para cobrar las cantidades adeudadas. Estas deudas, origen del actual litigio, corresponden a vencimientos de los pagarés emitidos por Cor.

Los representantes legales de los acreedores han requerido a David Pheland, consejero delegado de Abbeycor National, y a José Cercos, consejero del banco y consejero delegado de Winterthur, para advertirles que al adquirir las acciones de Cor incurren en "cooperación necesaria en una operación en la que la ocultación de bienes se verifica mediante desplazamiento del patrimonio del deudor", cita textualmente el escrito de los letrados. Después de aquella transmisión, el Abbey National está controlado por el Abbey británico en más del 90%, mientras que Winterthur incrementa su participación "desde el 5% hasta el 7%, como consecuencia de la reordenación accionarial de la sociedad financiera", señalan fuentes de la aseguradora. Los dos procesos legales a los que se enfrenta Cor son por su propia naturaleza incompatibles, en opinión de fuentes jurídicas. Cor anunció su intención de recurrir la quiebra. Esas fuentes jurídicas añaden que si ambas partes se empeñan en seguir adelante y recurrir las decisiones de la otra puede ser que se llegue al Tribunal Supremo. Cuando coinciden los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos, la Administración judicial suele dar preferencia a esta última porque la quiebra entraña mayores riesgos de que desaparezca la compañía.Antonio Peñarroja, el abogado que instó a la quiebra en nombre de una serie de acreedores, asegura que en este caso el procedimiento que debe seguirse es la quiebra "porque permite depurar responsabilidades". En esta línea se manifiesta María Rosa Moya, portavoz de un grupo de acreedores que reúnen una deuda de 2.000 millones de pesetas. María Rosa Moya señala que las cifras de activo y pasivo que se han presentado en la suspensión de pagos no se ajustan a la realidad ya que el activo, en su opinión, no pasa de 1.500 millones de pesetas y el pasivo asciende a 4.942 millones. Estas cifras difieren de las que Cor presentó en el juzgado. En el expediente se dice que el activo es de 8.390 millones y el pasivo de 3.142 millones. La empresa dice que sólo se trata de un problema de liquidez más que de solvencia.

Los representantes legales de la empresa reunieron a los acreedores el día 16 para formar un comité que negocie la venta de activos. En esa reunión los representantes (el abogado Julián Chamorro y el presidente de Dineinsa, Fernando Bermúdez) reconocieron un pasivo superior en 1.524 millones al declarado en el juzgado y que tiene su origen en "créditos difícilmente justificables jurídicamente".

Pólizas

De las deudas totales, 508 millones de pesetas corresponden a pólizas de crédito con diversas entidades financieras. El primer acreedor, con 175 millones, es el Banco Europeo de Finanzas, que fue intervenido el 30 de septiembre de 1991 por el Banco de Es paña y cuya venta está a punto de cerrarse con Unicaja. Después figura Bancotrans, con 125 millones. Le siguen BBV y Banco de Galicia (Grupo Popular) con 75 millones cada uno, y Caja de Álava con 25 millones. Otros 300 millones corresponden a diversos acreedores particulares con montantes de entre tres y cinco millones.