El Estado debe a las constructoras 750.000 millones

El conjunto de las administraciones tienen pendiente de pago a las constructoras un total de 750.000 millones de pesetas, según manifestó ayer el presidente de SEOPAN -organización que agrupa a las grandes empresas constructoras-, Mariano Aísa. Del conjunto de la deuda, casi la mitad, unos 350.000 millones de pesetas, corresponden a la Administración central.El resto de los 750.000 millones dependen de las administraciones autonómicas y municipales, entre las que destaca la Junta de Andalucía. Sólo esta comunidad debe 100.000 millones de pesetas a las constructoras.

El presidente ejecutivo de SEOPAN hizo un amplio repaso de los resultados del sector durante el año pasado y expuso las perspectivas tanto para este ejercicio como para los dos próximos.

Las estadísticas de la organización empresarial demuestran que 1991 fue el ejercicio final del ciclo expansivo de la construcción, puesto que sólo creció un 4%, frente al 9% del año anterior, y del 13% de 1989.

Durante el año pasado, la construcción oficial aumentó un 7,5%, y la privada en torno a un 2%. Por subsectores, la obra civil se incrementó en un 9%, en tanto que la edificación creció un 1,5%. La vivienda nueva registró un comportamiento muy negativo, puesto que descendió un 7%.

La licitación oficial -indicador decisivo para estimar la evolución a corto plazo del conjunto del sector-, se situó en 1,5 billones de pesetas, un 32% menos que en 1990.

Otro dato que muestra los serios problemas por los que atraviesa el sector constructor es el descenso en la creación de empleo. En 1991 se crearon 20.600 nuevos puestos de trabajo, frente a los 71.400 de 1990. Además, la tasa de paro se incrementó en 1,5 puntos, ya que ahora está en el 17,5%.

Las perspectivas no son mucho mejores para el año en curso. Aísa adelantó que las expectativas apuntan a que en 1992 el sector de la construcción experimentará un retroceso de uno o dos puntos, y que sólo una política coherente tanto en el plan de carreteras como en el plan de vivienda pueden aliviar los problemas del sector en los dos ejercicios siguientes.

Para que este panorama se despeje, el presidente de SEOPAN recomendó cinco ejes de actuación: destinar cada año al menos el 5% del PIB a inversión en infraestructuras, instrumentar con celeridad los fondos de cohesión acordados en Maastricht, diseñar un marco estable para la inversión pública, establecer fórmulas alternativas de financiación extrapresupuestaria, y que el plan de vivienda tenga continuación a largo plazo. En este sentido, los grandes constructores opinan que el plan de convergencia no debe olvidar la inversión pública y debe tratar de "que la convergencia nominal no impida la real".

Aísa considera "inadmisible" la convocatoria de huelga en el sector que tendrá lugar el último día de marzo y la primera semana de abril. En su opinión, "no es tolerable que los sindicatos saquen la artillería pesada a la calle cuando teníamos un principio de acuerdo sobre el convenio general y sólo estaba en el aire la fundación laboral, sobre cuya constitución no había ningún tipo de compromiso".

El máximo responsable de SEOPAN, organización que está dentro de la estructura de la patronal constructora CNC, matizó que "hasta dentro de un año no habrá una postura definitiva sobre la fundación", y negó cualquier tipo de presión de CEOE para cerrar el paso al convenio general.