El Estado gasta más de 4.000 millones al año para pagar el paro a cerca de 7.000 ex presos
El Estado destina más de 4.000 millones de pesetas al año para sufragar el paro de cerca de 7.000 ex reclusos que se hallan acogidos al mismo, según datos ofrecidos por los ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social. Entre los beneficiarios de este subsidio se encuentran varios militantes de la organización terrorista GRAPO. En cambio, los ex presos relacionados con ETA han rehusado la posibilidad de disfrutar de esta ayuda económica. La obligatoriedad del Estado a abonar un año y medio de subsidio de desempleo a los ex presos proviene de una ley de 1984, aunque no se aplicó hasta dos años después.
El artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores considera "relaciones laborales de carácter especial" la de los penados en las cárceles. Y, como consecuencia de esta disposición, promulgada el 14 de marzo de 1980, la Ley 31/1984 establece que "también se extenderá la protección por desempleo a los penados que hubieran sido liberados". Según la ley, tienen derecho a percibir el desempleo los ex reclusos que salgan en libertad, bien por haber acabado de cumplir su periodo de condena, o bien por quedar en libertad condicional (tras cumplir las dos terceras partes de su condena) tras pasar un mínimo de seis meses en prisión.La evolución estadística de los ex reclusos que se han beneficiado del subsidio del desempleo ha sido la siguiente: en 1986, 4.606; en 1987, 5.493; en 1988, 5.995; en 1989, 6.025; en 1990, 6.522, y en 1991, 6.758. Los últimos datos del Instituto Nacional de Empleo, referidos al mes de enero de 1992, indican que en la actualidad perciben esta ayuda 6.864 penados.
Cada uno de los ex presidiarios tiene derecho al 75% del salario mínimo interprofesional, que está establecido en 787.920 pesetas al año, es decir, 590.840 pesetas. Si hay 6.864 penados acogidos al subsidio, ello cuesta al Estado 4.055 millones de pesetas.
Debido a que la tramitación del subsidio lleva aparejado que el ex recluso no pueda cobrarlo durante el primer mes delibertad, las comisiones de asistencia social de Instituciones Penitenciarias adelantaban el dinero. Pero ahora ya no se actúa así, porque dicho organismo asegura no disponer de suficiente presupuesto para ello y, además, porque prefiere que esas subvenciones sean realizadas por las comunidades autónomas, según un portavoz oficial.
Hasta 18 meses de paro
Cuando un penado se apunta al paro, tiene derecho a percibir la ayuda durante un periodo mínimo de seis meses, que puede ser ampliable hasta 18, según la información ofrecida por el Ministerio de Trabajo.Fuentes penitenciarias consideran "bastante alto" el número de penados acogidos al desempleo. Añaden que hay muchos otros que no lo están «porque no quieren tener que justificar que carecen de ingresos, ya que consideran que si lo hacen están de alguna forma controlados".
Y, en efecto, la Administración ejerce un lógico control sobre los perceptores del desempleo. Fue así, por ejemplo, como la policía logró encontrar a un militante de los GRAPO sobre el que había perdido el rastro: lo hizo cuando acudió a la oficina del paro para cobrar una de sus mensualidades.
Sin embargo, los ex reclusos de ETA rechazan la ayuda del Estado y no se inscriben en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo. Esta actitud contrasta con la postura de las Gestoras Pro Amnistía, que hasta el año pasado recibían las subvenciones concedidas por Justicia a los familiares de los reclusos para que pudieran viajar a visitarlos a las prisiones.
