Dos sindicatos policiales recogen miles de firmas para respaldar una petición de indulto de Amedo y Domínguez

Los policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por seis asesinatos fustrados por la Audiencia Nacional, anunciaron ayer desde la prisión de Guadalajara que no ejercerán el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tras conocer el avance de la sentencia que el lunes hará pública el Supremo. La sentencia confirma su condena a 108 años de prisión y declara la responsabilidad civil del Estado. Por otra parte, dos sindicatos policiales afirman haber conseguido "decenas de millares de firmas" para respaldar una petición de indulto para los agentes.La sentencia del 'caso Amedo' aún no había sido firmada ayer por los cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo. Uno de los dos ponentes, José Augusto de Vega, alegó problemas de convocatoria a los procuradores y manifestó que la notificación quedaba aplazada hasta el lunes o el martes de la próxima semana. Fuentes del Supremo atribuyeron a "necesidades de secretaría" el aplazamiento y descartaron la existencia de "problemas de última hora".

Por su parte, José Amedo y Michel Domínguez enviaron a las agencias informativas un telegrama desde la prisión de Guadalajara en el que dicen respetar profundamente las decisiones judiciales, aunque en su caso se sienten "totalmente desencantados". Los policías renunciaron "de forma irrevocable" a interponer recurso de amparo ante el Constitucional. Amedo y Domínguez alabaron la "inconmensurable" labor de su abogado, Gonzalo Casado Herce, y su actuación "profesional, leal y humana". Gonzalo Casado, por su parte, recibió "con profunda afección" las informaciones sobre la sentencia.

El Sindicato de Comisarios de Policía pedirá al Gobierno el indultó de Amedo y Domínguez, para lo que entregará unas 50.000 firmas de miembros y familiares de las fuerzas de seguridad. Esta solicitud se une a la de la Unión Federal de Policía, próxima a UGT, que en cuanto se conozca oficialmente la sentencia entregará en Justicia la solicitud de indulto junto a otras 50.000 firmas.

IU y el CDS consideraron ayer "correcto" el hecho de que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario en el pago de indemnizaciones a las víctimas de los GAL. La ministra portavoz, Rosa Conde, dijo que el Gobierno se pronunciará cuando conozca la sentencia.