El Tribunal Supremo declara al Estado responsable civil subsidiario en el 'caso Amedo'

Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Segunda delTribunal Supremo declararán al Estado responsable civil subsidiario por los atentados inducidos por los policías osé Amedo y Michel Domínguez. La sentencia, que será firmada hoy, mantiene las condenas de 108 años y ocho meses de prisión contra ambos policías. La declaración de la responsabilidad civil del Estado implica que éste deberá indemnizar, entre otros, a los etarras Fredérie Haramboure y Juan Luis Zabaleta con 6,9 millones de pesetas. El magistrado ponente presentará un voto particular por disentir de la mayoría.

El Estado tendrá que indemnizar, por insolvencia de los policías José Amedo y Michel Dominguez, a las siete víctimas de los atentados a los bares Batzoki y La Consolation, entre las que se encuentran los etarras Juan Luis Zabaleta Elósegui y Fredéric Haramboure, aunque éste último, miembro del sanguinario comando itinerante, no cobrará.Haramboure está acusado de una quincena de asesinatos, entre los que se encuentran los de las cinco niñas fallecidas en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Debería ser indemnizado por el Estado con 2,4 millones por las lesiones que sufrió en un atentado al bar Batzoki. pero esta cantidad será confiscada, ya que el etarra tiene embargados todos sus bienes para responder de los asesinatos cometidos en España.

El etarra francés tiene pendientes en España un total de 10 sumarlos, la mayoría por delitos de asesinato. Al menos en dos de ellos está procesado, y tiene pendientes de depositar sendas fianzas de responsabilidad civil, que, si no depositan en 24 horas, originan el embargo de todos los bienes.

Haramboure está efectivamente procesado en el sumario 8/1988, del Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional, por los 11 asesinatos del cuartel de Zaragoza. El juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 800 millones, a pagar solidariamente con los otros autores del atentado. En el sumario 98 / 1978, por el asesinato del magistrado José Mateu, la Fianza ascendió a 20 millones.

Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que no veían "ningún inconveniente" en retener la indemnización de 2,4 millones de la que debe responder el Estado como depósito parcial de dichas fianzas, cuestión que deberá quedar resuelta en el periodo de ejecución de sentencia.

El caso de Juan Luis Zabaleta Elósegui, hermano del dirigente etarra José Javier Zabaleta, Baldo, es distinto. Zabaleta salió en libertad el pasado mes de febrero, tras haber sido juzgado por tentativa de asesinato de dos guardias civiles. La sentencia, dictada en enero 1991, le condenó a ocho años de prisión.

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Zabaleta, en libertad

Zabaleta había sido entregado por Francia a España en noviembre de 1986, tras su detención en la cooperativa Sokoa. Con el tiempo cumplido en prisión preventiva debía haber permanecido en la cárcel hasta el 3 de abril de 1994, pero sucesivas liquidaciones de condena por actividades realizadas en prisión fueron reduciendo su tiempo de cumplimiento. Así los últimos 25 días de cárcel se los quitaron por haberse apuntado a un curso de informática. Su excarcelamiento quedó aprobado el 19 de febrero y fuentes oficiales aseguraron que actualmente se encuentra en libertad.

Zabaleta fue condenado en 1991, como miembro del comando Tximista, por el intento de asesinato de dos guardias civiles cuando entraban en un bar de Urnieta, en 1979. Pero los agentes se apercibieron a tiempo y se entabló un tiroteo en el que Zabaleta resultó herido en el estómago. El comando lo abandonó, pero logró escaparse de un centro sanitario.

El 8 de febrero de 1986, Zabaleta resultó herido en el atentado de los GAL contra el bar Batzoki. Meses después, el 5 de noviembre de 1986, fue detenido en Hendaya y entregado a España.

La sentencia del caso Amedo otorga a Zabaleta una indemnización de 4,5 millones por el atentado sufrido en el Batzoki. En aquella otra en la que Zabaleta fue condenado por la Audiencia Nacional, no tiene pronunciamientos sobre responsabilidades civiles pendientes, a excepción de 5.200 pesetas a pagar al dueño del coche robado para cometer el atentado. La hija de Juan Luis Zabaleta, Ainhize, de 5 años, deberá cobrar 450.000 pesetas.

También deberá ser indemnizado con 1,8 millones José Ramón Basáñez -herido en el atentado contra el bar La Consolation-, que tiene pendiente una orden de localización como supuesto miembro de ETA, aunque no tiene abiertos sumarios.

También deberá indemnizarse con 2. 100.000 pesetas a María del Carmen Martínez Aguirre, y con 200.000 pesetas a Nagore Otaegui, de 4 años, viuda e hija del presunto etarra Juan María Otaegui, muerto en un atentado de los GAL el 2 de agosto de 1985. Igualmente deberá ser indemnizado el francés José Cau, herido también en el atentado al Batzoki.

Una sentencia con dos ponentes

La declaración de la responsabilidad civil del Estado ha motivado división en el tribunal. El magistrado ponente, José Augusto de Vega Ruiz, formulará voto disidente sobre ese particular. Por ese motivo, la sentencia tendrá dos ponentes: De Vega redactará el cuerpo de la sentencia, mientras que el encargado de escribir el parecer de la mayoría del tribunal, es decir, lo referente al punto de discordia, será el magistrado Gregorio García Ancos.Las fuentes informantes señalaron que el resto de los pronunciamientos de la Audiencia Nacional -entre ellos la negativa a considerar a los policías José Amedo y Michel Domínguez miembros de una banda armada- será refrendado por el Supremo.

Ante el inminente pronunciamiento de la Sala Segunda del Supremo, la Unión Federal de Policía (UFP), próxima a UGT, manifestó que ante el supuesto de que dicha sentencia "no declare la absolución de los funcionarios José Amedo y Michel Domínguez Ortiz, solicitará inmediatamente ante el Ministerio de Justicia el indulto de los mismos". La UFP ha puesto en marcha una recogida de firmas para apoyar el indulto.

Mientras tanto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo aplazó ayer la firma de la sentencia por no estar preparadas todas las fotocopias, que se distribuirán hoy entre los cinco magistrados. Si éstos dan su conformidad y firman, la sentencia se notificará hoy. La elaboración de la sentencia, que consta de unos 150 folios, ha sido objeto de numerosos cambios de redacción en el texto inicial. Si hoy los magistrados deciden introducir más correcciones, la sentencia será notificada el lunes.

La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a José Amedo y Michel Domínguez a 108 años y 8 meses de prisión cada uno. En la vista del recurso, la defensa solicitó que se apreciase la presunción de inocencia, lo que, de haber sido estimado por el alto tribunal, conllevaría la absolución. La acusación popular, aun a riesgo de tener que repetir el juicio, pidió que se apreciase un quebrantamiento de forma por no haberse investigado los fondos reservados. También solicitó que se reconociese que Amedo y Domínguez pertencían a los GAL.

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