Tregua y pacto

EL ACUERDO sobre las autonomías suscrito hace unos días por socialistas y populares ha resultado trabajoso: por la existencia de algunas divergencias, pero sobre todo por los enormes recelos actuales entre ambas formaciones. Que pese a ello haya salido adelante demuestra que la rivalidad no ha cegado al partido del Gobierno y al primero de la oposición hasta el punto de hacerles ignorar que comparten un amplio espacio de intereses: los del fortalecimiento, credibilidad y estabilidad de las instituciones democráticas. Es lamentable que otras fuerzas no hayan suscrito el pacto, pero el criterio de intentar garantizar como base mínima el acuerdo de esos dos partidos es lógico. No sólo porque representen a dos tercios de los votantes españoles (y al 70% de los de las comunidades más directamente afectadas), sino porque constituyen los ejes respectivos de cualquier fórmula realista de gobierno en los próximos años. Precisamente porque el desarrollo autonómico debe estar a resguardo de cambios de mayoría, el ideal de alcanzar un consenso lo más amplio posible pasaba por garantizar de entrada el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular (PP); ése precisamente, y no cualquier otro.El modelo de Estado diseñado por la Constitución se fundamenta en la generalización del sistema autonómico a todo el territorio, independientemente de la mayor o menor tradición de reivindicación nacionalista o regionalista de cada una de las 17 comunidades. A diferencia, por ejemplo, del modelo italiano, el español no establece diferentes categorías de autonomía en función de las competencias que pueden asumir, pero sí dos procedimientos -las llamadas vía lenta y vía rápida- de asunción de esas atribuciones. El objetivo del pacto ahora suscrito era ampliar, tras un periodo de rodamiento de los estatutos respectivos, las competencias de las comunidades de la vía lenta. En teoría, ello podía hacerse, bien mediante delegación del Estado, según lo previsto en el artículo 150 de la Constitución, o bien mediante la reforma de los estatutos correspondientes. Varias comunidades venían planteando desde 1988 esta segunda fórmula. Ello hizo temer el desencadenamiento de una dinámica imparable de emulación y agravios comparativos entre comunidades. Tal cosa hubiera hecho imposible cualquier intento de racionalización del proceso en un momento en que, superada la fase inicial de autoafirmación de cada comunidad, los ciudadanos exigían ante todo eficacia en la gestión.

Tras algunas vacilaciones, ambos partidos han acordado seguir el procedimiento de delegación estatal, aunque, como quería el PP, una vez asumidas las nuevas competencias se procederá a una reforma limitada de los estatutos para integrarlas en su articulado. Se evitan así los riesgos asociados a la apertura de tantos procesos constituyentes como comunidades implicadas en la reforma; pero al plasmar las nuevas competencias en los estatutos se sortea también el peligro de que el poder central pueda bloquear en un momento dado, y en función de intereses partidistas, el traspaso de competencias a una comunidad dada.

Despejada esa incógnita, y con un acuerdo de financiación válido hasta 1996, el desarrollo del Estado autonómico pasa ahora por aumentar su eficacia, y ésta, por el reforzamiento de las técnicas de cooperación: entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas entre sí, y siempre desde la perspectiva de garantizar un mejor servicio al ciudadano a un coste razonable (evitando duplicidades y despilfarros). Ese principio de eficacia afecta tanto a las comunidades de vía lenta como a las llamadas históricas. De ahí que resulte dificil de entender la resistencia de los nacionalistas catalanes y vascos a suscribir el acuerdo, pese a las garantías introducidas en el mismo sobre el mantenimiento de cauces bilaterales de relación con el poder central. Esos cauces, expresión del reconocimiento de la singularidad de las autonomías marcadas por fuertes rasgos diferenciales, no excluyen, como pretenden los nacionalistas, el interés de su participación en órganos multilaterales de cooperación.