La pugna para renovar el Constitucional crea inquietud jurídica por el deterioro del tribunal

Las pugnas entre las fuerzas políticas para la renovación de cinco de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional -que correspondía realizar antes del 22 de febrero último están causando profundo malestar en medios jurídicos por el deterioro que causan al órgano máximo intérprete de la Constitución. Ayer mismo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, consideró "negativo" tanto "el sistema puro de cuotas" como "las profundas discrepancias sobre ellas entre las fuerzas políticas parlamentarias".

Sala también se manifestó "sensible" ante el desacuerdo parlamentario para la renovación parcial del alto tribunal, a pesar de los meses transcurridos desde que se inició el periodo para la designación. "Las instituciones deben ser respetadas incluso en las fechas", dijo. Respecto al sistema de negociación, estimó negativo el de cuotas y afirmó que los grupos parlamentarios, al negociar sobre personas, deben tener en cuenta "el currículo, la ejecutoria y la reconocida competencia de los juristas a elegir".El ex ministro centrista Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona -que negoció en 1980 con el socialista Gregorio Peces-Barba los 10 primeros jueces del alto tribunal- expresó ayer su preocupación ante el riesgo de que el "clientelismo lleve al Tribunal Constitucional, en lugar de juristas de especial relevancia, personas de especial irrelevancia y jurídicamente desconocidas".

'Auctoritas' y eficacia

Ortega recordó que el alto tribunal "debe de tener auctoritas suficiente para que cuando falle en contra de un sector, su criterio sea aceptado por su prestigio". Añadió que el Constitucional ha tenido "un nivel de eficacia muy superior al de otras instituciones y, como máxima instancia de arbitraje, no debe ser un premio de consolación y ha de salir de la órbita del clientelismo político".

Ortega y Díaz-Ambrona evocó la negociación realizada con Peces-Barba en 1980, en la que "yo acepté", dijo, "candidatos que me sugirió Gregorio y alguno de ellos, como Francisco Rubio Llorente [actual vicepresidente], nunca supimos si lo propuso uno u otro".

De aquellos primeros magistrados salió un presidente no previsto por el entonces jefe del Gobierno, Adolfo Suárez, quien deseaba que fuera elegido el ex ministro de Educación y Ciencia Aurelio Menéndez. Sin embargo, resultó elegido Manuel García-Pelayo, ya que ni los propuestos hubieran aceptado ni los negociadores trataron de imponer un condicionamiento del voto futuro. Fuentes jurídicas resaltaron el contraste entre aquella elección de presidente y la que llevó a la cúpula del poder judicial tanto a Antonio Hernández Gil en 1985, como a Pascual Sala en 1990, previo compromiso de la mayoría de los vocales.

Un estudio realizado por el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Fernández Segado destaca que los primeros magistrados elegidos por el Parlamento superaron con creces los votos mínimos exigidos. Asimismo, recoge "dos actitudes antagónicas": la del Gobierno de UCD, que en 1980 "incluyó en el paquete pactado con el PSOE los dos magistrados que le correspondía proponer [Jerónimo Arozamena y Rafael Gómez-Ferrer], mientras que en 1986, "el Gobierno socialista de Felipe González no iba a someter a ningún tipo de negociación la propuesta de Miguel Rodríguez-Piñero y Luis López Guerra".

La "quiebra del consenso"

A la "quiebra del consenso", señalada por este jurista, añaden otros la escasa relevancia jurídica y excesiva vinculación política de algunos de los candidatos de los grupos parlamentarios. Así, mientras desde el PP se ha señalado que el catedrático de Derecho Constitucional Pedro de Vega -hasta octubre de 1991 editor del diario El Sol- está demasiado marcado por su vinculación al sector guerrista del PSOE, el grupo conservador proponía al catedrático de Derecho Administrativo Juan Luis de la Vallina, fundador de Alianza Popular y actual diputado del PP, al declinar la propuesta el catedrático de la misma disciplina Fernando Garrido Falla. Fuentes parlamentarias reprochan a algunos juristas insignes que, a pesar de la importancia del alto tribunal, prefieran dedicaciones más lucrativas.

Por su parte, el PNV y EA no participarán en la renovación del alto tribunal, si no se reforma la Constitución para que en la elección de los magistrados sean tenidas en cuenta las comunidades autónomas, según informó. a Efe Emilio Olabarría (PNV) y a Europa Press Joseba Azkarraga (EA).