Los acusadores de Juan Guerra lamentan que el auto del tribunal andaluz impida un juicio publico

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de archivar las diligencias del caso Juan Guerra sobre el despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla ha sumido en el desánimo y la frustración a quienes desde la acusación y la instrucción judicial han mantenido que existía responsabilidad política de quienes autorizaron y permitieron un uso privado de instalaciones públicas. Los comentarios "extrajurídicos" de abogados, policías e incluso magistrados han sido unánimes: "Han impedido que en un juicio público se dieran las explicaciones oportunas".Otras valoraciones, más irónicas, ponían un título de película al fundamento jurídico del auto del TSJA, en el que se argumenta que no ha quedado probado que nadie autorizara, ni tuviera conocimiento y prestara aquiescencia a las actividades privadas de Juan Guerra en el despacho. "Vamos, que Juan Guerra era El fantasma de la Delegación del Gobierno", afirmó un letrado de la acusación particular.

El auto de archivo del TSJA ha provocado también que surja entre las acusaciones la idea de que esta misma decisión se extenderá a las demás parcelas del caso que afecten a cargos públicos, fundamentalmente a las que se siguen por lag presuntas irregularidades detectadas en el Servicio Andaluz de Salud.

Fuentes próximas a las acusaciones de Izquierda Unida y el Partido Andalucista han señalado que durante este fin de semana se mantendrán reuniones entre los responsables políticos de estas formaciones y los letrados personados para replantear la situación y decidir la estrategia a seguir en el caso.

En este sentido, el abogado de la acusación de Izquierda Unida, Manuel Fernández del Pozo, señaló que es su intención "tratar de frenar la consolidación del auto de archivo de las diligencias", dictado el pasado miércoles por el TSJA.

Del Pozo señaló que exiten dos posibilidades de recurso al citado auto pese a que la sala de lo Civil y Penal afirma lo contrario. Según el letrado, es posible recurrir en súplica ante el propio TSJA, y en casación ante el Tribunal Supremo; recursos que, en caso de no prosperar, admiten en cada vía el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La vía del recurso del casación se completa con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo. No obstante, el letrado señaló que esas posibilidades harían eterno el asunto y su tiempo de resolución oscilaría entre uno y tres años, por lo que utilizará otra fórmula jurídica.

Alfonso Guerra

Por otro lado, el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se refirió ayer en Málaga al archivo de las diligencias: "Es el final jurídico de una operación, que comenzó hace dos años, como una operación política de fuerzas conservadoras, no sólo políticas sino también económicas, con el apoyo increíble de los comunistas de Andalucía. Se intentó en el año 1989 lo que no son capaces de ganar en las urnas, y contaron con el apoyo de un sector importante de la prensa, que ha estado durante dos años intentando una operación política, que ahora jurídicamente cierra un tribunal".