El PP llevará la 'ley Corcuera' al Constitucional

El diputado del Grupo Popular y vicepresidente segundo del Congreso, Federico Trillo, hizo ayer un llamamiento "a quienes quieran descargar la conciencia" para que apoyen el recurso de inconstitucionalidad que el PP ha decidido presentar contra la Ley de Seguridad Ciudadana. El recurso, ya redactado, alega cuatro motivos: la retención policial (artículo 20), la entrada en domicilio sin permiso judicial (artículo 21), el valor probatorio de las informaciones de los agentes de la autoridad (artículo 37) y la ejecutividad inmediata de las sanciones, que exige el pago previo de las multas para poder recurrirlas (artículo 38).

El llamamiento de Trillo tuvo respuesta inmediata por parte de los grupos que están en contra del proyecto, que hoy será debatido en pleno. Izquierda Unida rechazó ayer la propuesta por entender que no puede unir su imagen a la del PP, y también porque sumarse al recurso arruinaría la campaña del colectivo que necesita 500.0,00 firmas para instar al Defensor del Pueblo a que recurra. El secretario general del CDS, Antonio Fernández Teixidó, dijo: "Esto no es un problema de conciencia. Si se quiere presentar algo conjuntamente hay que estudiarlo".Trillo dijo que no estaba fijada la fecha exacta de presentación del recurso, pero comentó que sería inmediatamente después del trámite necesario de publicación del texto legal en el Boletín Oficial del Estado.

Retención policial. El Grupo Popular adelantó ayer los motivos de su recurso de inconstitucionalidad. El PP piensa que vulnera el artículo 17 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad, la posible retención policial para identificación de los ciudadanos establecida en el artículo 20 del proyecto, y la posibilidad de que la policía pueda requerir a un ciudadano para que le acompañe a comisaría si no es identificado. Ello implica, en opinión del PP, "una privación coactiva de libertad cuyos fines son imprecisos, y cuyas garantías son inferiores a las establecidas en el artículo 17 de la Constitución".

Entrada en domicilio. La entrada en domicilio con ocasión de delito flagrante para supuestos de narcotráfico del artículo 21.2 supone una rebaja importante de "los niveles exigibles del contenido esencial de la excepción de flagrancia al derecho a la inviolabilidad" del domicilio y, en su opinión, se pasa en el proyecto "de la percepción directa al conocimiento".

El Grupo Popular ve en ello el grave peligro de que "se actúe por denuncias o declaraciones de terceros, por presunciones u otras pruebas distintas de la percepción o presencia directas" del agente de policía.

Pruebas policiales. El artículo 37 de la llamada ley Corcuera le parece inconstitucional al Grupo Popular porque supervalora, en su opinión, el carácter probatorio de las informaciones de los agentes de la autoridad, y ello "contradice y viola el derecho a una defensa contradictoria basada en la igualdad de las partes reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución y sancionada por reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional".

Pagar para recurrir. Por fin, el articulo 38 establece la inmediata ejecutividad de las sanciones previstas en el proyecto y la obligación de que cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria habrá de satisfacerse en el plazo mínimo de 15 días y máximo de 30. El Grupo Popular entiende que con esta exigencia se vuelve a introducir en el ordenamiento administrativo español el principio de pagar primero y recurrir posteriormente.