Un intermediario declara que recibió tres millones por ratificar su firma en una venta de terrenos para Renfe

Fernando Sánchez Arlandi, socio de Malagueña de Obras y Proyectos (Maopsa), declaró ayer ante la comisión investigadora de Renfe en el Congreso que Juan Antonio Cardás, Carlos de Juan Villa y Salvador Marina, socios de dicha entidad, le dieron tres millones de pesetas por ratificar ante el notario de Madrid Manuel Clavero que su firma era una de las que figuraba en una escritura de compraventa de unos terrenos que más tarde se transmitieron a Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid).Maopsa es una de las empresas intermediarias, con toda probabilidad de mero carácter instrumental -así lo aseguró ayer el presidente de la comisán, José Félix Sáenz Lorenzo-, que compró terrenos en San Sebastián de los Reyes y que más tarde los transmitió a Equidesa, filial de Renfe. Sánchez Arlandi, considerado por la policía malagueña como un hombre de paja de los tres citados anteriormente, ya había declarado públicamente que él recibió tres millones por participar en la operación.

Durante la mañana de ayer, compareció ante la comisión Carlos Martín Rivas, administrador único de la empresa Toher SA, otra de las intermediarías que adquirió terrenos y gue luego los vendió a Equidesa. Este declaró que se dirigió a Equidesa para saber a qué personas de Toher habían pagado por los terrenos, ya que a él, en su empresa, le habían ofrecido nueve millones de comisión y no había recibido un duro. Según Martín Rivas, los responsables de Equidesa le dijeron que habían pagado a Toher, con cheques al portador, pero no precisaron quién había recibido los cheques.

Las comparecencias se iniciaron con Félix Arias, director general de planíficación urbanística de la Comunidad de Madrid cuando Eduardo. Mangada era titular del área de Urbanismo.

Expropiación

Arias dejó constancia ante los diputados de su extrañeza por el hecho de que Equidesa comprase terrenos en San Sebastián de los Reyes mientras la Comunidad señalaba en sus planes urbanísticos que había que actuar por medio de expropiación. Arias dijo que desconocía que Renfe hubiese comprado terrenos, pero sí sabía que se estaban haciendo en San Sebastián de los Reyes "compras alocadas". Sin embargo, Arias aseguró ante los informadores que durantt su gestión no supo más que las noticias de la prensa.

Además, el 22 de enero José María Rodes, uno de los principales inculpados en la operación, como ex director general del grupo empresarial de Renfe, declaró que en octubre de 1990 fue al despacho de Arias, donde se habló de la compra de terrenos. Rodes pasé un escrito de la reunión a Julián García Valverde, entonces presidente de Renfe.

Arias se mantuvo fiel al contenido del informe que Mangada y él mismo enviaron al ministro de Transportes. Y redondeó sus manifestaciones en el sentido de que conoció la compra de terrenos por Renfe en la zona, al informar a la comisión de que en una entrevista con ediles de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, éstos dijeron que había fuertes rumores de extrañas compras de suelo. Arias dijo ante la comisión que él les expresó su extrañeza, ya que la Comunidad en sus documentos hablaba de la necesidad de expropiar terrenos para el tren.

Javier Martínez Llorente, presidente de la agencia de detectives Monopol, declaró ante la comisión que en septiembre pasado le encargó Equidesa investigar qué personas estaban dentro de las empresas intermediarias en las ventas de terrenos porque tenían dudas y habían detectado irregularidades.

Alfonso Galiani compareció como director de la sucursal de Banesto, de la calle Serrano, donde se cambiaron cheques del BBV por otros de esta entidad. Galiani hablé en nombre del que era director de la entidad en el momento en que se hicieron las operaciones, y que consistieron en franccionar cheques al portador del BBV por otros de Banesto. El áctual director de la sucursal dijo que su antecesor había recibido una orden escrita de los hermanos Serrano Alberca para efectuar esta operación.

Para hoy está prevista, entre otras, la comparecencia de José Antonio Cardoz Pastor, que se encuentra encarcelado por el fraude del IVA y que es socio de Maopsa, una de las intermediarias en las compras de terrenos.

Por otro lado, el Partido Andalucista (PA) pidió ayer la creación de una comisión parlamentaria que investigue las actuaciones de Renfe en Sevilla.