El juez reconoce el contrato verbal de una inquilina

El Juzgado de Instrucción número 13 ha fallado a favor de una vecina de Pozuelo de Alarcón, Carmen Pardo Santos, que mantenía como inquilina un contrato verbal. El contencioso fue planteado por las anteriores dueñas de una finca, las hermanas Sara y Marta Palacios Larco, y por la nueva, la empresa inmobiliaria Arcona Ibérica.El fallo del juzgado, que según Carmen Pardo va a ser recurrido por la inmobiliaria, que depende de Parque Empresarial del Noroeste, SA, reconoce la calidad de inquilina de la demandante, quien reside en la casa desde el año 1982. En la finca donde se enclava, conocida como El Prado de la Vega, está prevista la construcción de un parque empresarial.

Lo peculiar de este contrato entre las hermanas Palacios Larco y Carmen Pardo, de 40 años, es que el acuerdo para el alquiler de la pequeña vivienda que se encuentra en la finca se hizo de forma oral hace 10 años. Una de las pruebas presentadas y que ha influido en la decisión judicial ha sido el reconocimiento policial de las firmas que las propietarias plasmaron en los recibos por el importe del alquiler.

Según Pardo, en la sentencia, que condena a la otra parte al pago de las costas, se la reconoce como "arrendataria" de la pequeña vivienda, vendida junto a la finca a dicha inmobiliaria. Un representante de esta empresa señaló hace unos meses que desconocía la condición de Carmen Pardo como arrendataria. En la sentencia se dice que "se ha actuado de mala fe" al ocultar este hecho, y obliga a los anteriores propietarios a plasmar en un documento la condición de inquilina de la demandante.

Coacciones

Carmen Pardo asegura que está viviendo "en un infierno". Lleva desde el 29 de julio del pasado año con el agua cortada; el 17 de septiembre sufrió un incendio presuntamente intencionado cerca de la vivienda, y últimamente ha tenido que soportar durante varios meses a un ex legionario afincando en unas ruinas cercanas a su vivienda que la amenazaba de muerte, le enviaba notas por debajo de la puerta y le decía que le iba "a cortar el cuello".

Estos hechos han sido denunciados en el juzgado de Majadahonda y en la comisaría de policía de Pozuelo de Alarcón. El mes pasado la policía local obligó al ex legionario a abandonar la finca.

La inquilina sospecha que éste ha sido enviado para obligarla a desalojar la casa. "Durante los dos últimos años he sufrido continuas coacciones mediante cortes en los servicios del agua, de la luz y del teléfono para que abandone la vivienda", añade. Otros edificios que tenía la finca han sido derribados y cortados los caminos de acceso.