Los usuaríos del PAR de Rosales se sienten desinformados sobre los cambios del proyecto
Los vecinos que han comprado plazas en el aparcamiento de residentes Rosales II, inaugurado el pasado 15 de diciembre, denuncian numerosas anomalías en la puesta en funcionamiento del recinto. Consideran que la empresa concesionaria les ha impuesto a un administrador de la comunidad de usuarios; se sienten defraudados también por la variación del precio de las plazas, aprobado en la junta municipal en abril de 1990, pero del que no fueron informados. El aparcamiento de Rosales II se aprobó en 1989 con 496 plazas, cifra que la junta municipal varió a 666 en 1990.
La vicepresidenta de la comunidad de usuarios y miembro de la Asociación de Vecinos de La Rosaleda, Rosa María Pita, señala que no están dispuestos a admitir que la constructora del aparcamiento, GRD Proyectos y Obras, SA, les imponga una compañía administradora "que además gestiona 40 aparcamientos de residentes en Madrid".Rosa María Pita considera que de esta forma no pueden elegir a cualquier administrador de fincas que les ofrezca un presupuesto inferior al de 16 millones de pesetas que ofrece la empresa Administración de Fincas y Aparcamientos.
Los usuarios han firmado, con el contrato de compra de la plaza, unos estatutos de la comunidad de usuarios en los que el presidente y el administrador están autorizados a disponer del 20% del presupuesto de 16 millones de la administración del aparcamiento en 1992. "Esto es atípico en cualquier asociación, no hay precedentes", afirma Rosa María Pita., Este periódico no consiguió ayer contactar con los representantes de la empresa GRD.
Ampliación de plazas
El aparcamiento de Rosales II, para el cual se proyectaron en principio 496 plazas, según la información que recibieron los vecinos a través de cartas del Ayuntamiento depositadas en los buzones, fue ampliado en junta municipal en abril de 1990 a 666 plazas. Los usuarios, no obstante, han contabilizado, una vez entregada la obra al Ayuntamiento en diciembre, 691 plazas. El plazo de entrega de las plazas, de 14 meses, se demoró de mayo a diciembre de 1991.
Los vecinos tienen dudas de la necesidad de ampliar el número de plazas de automóviles -para lo que se construyó una cuarta planta de aparcamiento, mientras que en el proyecto inicial se hablaba de tres- cuando el número de peticiones admitidas en el momento en que se modificó el proyecto no superaba las 400.
Los usuarios señalan que no fueron informados en abril de 1990 del aumento del tamaño de las plazas, aprobado en el mismo pleno, lo que implicó la subida de su precio.
En este sentido, afirman que la única información proporcionada por el Ayuntamiento, aparte de la notificación de los sorteos de plazas, fue el folleto depositado en los buzones. El pliego de condiciones de la concesión de la obra obligada a la Junta Municipal de Moncloa a informar a los futuros compradores de cualquier variación en el proyecto.
En 1989 se les anunció que las plazas del aparcamiento costarían entre 1.272.000 y 1.372.000 pesetas, pero no recibieron notificación de que a partir de abril de 1990 estos precios habían aumentado a 1.390.00 y 1.445.000 pesetas, respectivamente. La causa alegada era que varió ligeramente el tamaño.
No obstante, en los últimos meses el precio oscila en torno a 1.900.000 pesetas, en aplicación de un recargo del 1,2% mensual hasta la finalización de las obras, condición que figura en la información sobre el aparcamiento de residentes buzoneada en sus casas.
El vocal de la Junta Municipal de Moncloa Rafael González confirmó ayer estos datos, y aseguró haber recibido quejas de los usuarios, las cuales está estudiando.
Rosa María Pita considera que el actual presidente de la comunidad de usuarios no ha intercedido a favor de los intereses de los mismos, ya que éste no a accedido a mostrar la documentación de la variación del proyecto inicial. Tampoco hubo una representación municipal en la reunión previa a la inauguración del aparcamiento, pese a haber sido reclamada por los vecinos.
Los usuarios del aparcamiento de residentes consideran injusto que, tratándose de "subsuelo público", una plaza cueste el doble allí que en la Ciudad de los Ángeles, por poner un ejemplo. "Pedimos explicaciones al jefe de explotación de la empresa concesionaría, José Gabiño Cabo", cuenta Pita, "y nos contestó: 'es que ustedes viven en Rosales'".
Una bicicleta para el vigilante
El presidente de la comunidad de usuarios del PAR de Rosales II, José Fernández Cavado, ha propuesto a los propietarios comprar una bicicleta en la que el vigilante pueda trasladarse por el aparcamiento, que tiene una longitud de unos 200 metros.Es un detalle anecdótico que suaviza las anomalías denunciadas por la puesta en funcionamiento del garaje. "Un día después de que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, viniese a inaugurar el aparcamiento, nos entregaron las llaves de acceso al mismo y una póliza provisional de seguro", relata Rosa María Pita, vicepresidente de la Comunidad de Usuarios del aparcamiento de residentes de Rosales II.
Los usuarios piensan que de poco les puede servir esa póliza de seguro, si, al día de ayer, un mes después de la puesta en funcionamiento, las salidas de agua contra incendios estaban cerradas, los manómetros de las mangueras marcaban una presión igual a 0, y la acometida de agua, salvo para los servicios sanitarios, está taponada en una de las rampas de salida de los coches.
La empresa de vigilancia y seguridad del aparcamiento, según la representante de la comunidad de usuarios, ha sido seleccionada por la concesionaria, GRD Proyectos y Obras, SA, al igual que la compañía de administración de fincas. La queja aquí es la misma: "¿Por qué no podemos seleccionar en el mercado la empresa que queramos?'.
Según el contrato, los vigilantes, de lunes a viernes, se han de encargar de la limpieza, colocación de bombillas y mantenimiento general del recinto: "Si algún día hay algún desaguisado, el vigilante puede no enterarse por estar pasando la escoba en el otro extremo del aparcamiento", señala un usuario.
Cierre de las puertas
Otra anomalía detectada por los usuarios es que las puertas de acceso desde las escaleras deberían quedar cerradas automáticamente, según consta en las condiciones de adjudicación de las obras a la empresa concesionaria. Sin embargo, éstas no tienen ningún sistema de cierre, por lo que, señala, Rosa María Pita, "hay que desayunar fuerte" para dejarlas cerradas. Esta condición es indispensable en caso de incendio, pues las cancelas que dan al hueco de la escalera pueden funcionar como tiro.
Los vecinos detectan una contradicción entre la prohibición de que los peatones bajen al aparcamiento por la rampa de coches, mientras que el presidente de la comunidad ha recomendado que se baje por las rampas por la noche.
