Las paradojas de una transición

La desestabilización callejera fomentada por el Frente Islámico de Salvación (FIS) condujo a Argelia, en Junio, al establecimiento del estado de sitio, la dimisión del Gobierno y la asunción por parte del Ejército de la iniciativa en la gestión política. Mientras se reprimía la línea insurreccionista del FIS y se permitía a la base del movimiento seguir existiendo, se reactivaba la transición política bajo la vigilancia de los militares. El Ejército había intervenido para marcar los límites, pero no para tomar el poder.Lo ocurrido en junio de 1991 en Argelia puso de manifiesto los riesgos de bipolarizar la escena política entre el movimiento islamista y el antiguo partido único (FlN), así como la inestabilidad de procesos políticos ambiguos que no se basan en el establecimiento de unas reglas del juego comúnmente aceptadas. El carácter otorgado de la Constitución de 1989 -cuyos valores democráticos son innegables- y la falta de una ley electoral consensuada (han sido promulgadas cuatro leyes electorales desde 1989 aprobadas por una Asamblea del FLN elegida en febrero de 1987) sin duda han facilitado el torpedeo de la transición desde el aparato del régimen y ofrecido bazas al FIS para optar por la desestabilización, cuando consideraron que la escena política no les era todo lo favorable que deseaban.

El marco electoral

La constitución de un Gobierno independiente destinado a "reunir las mejores condiciones para permitir la organización de elecciones libres, transparentes y creíbles" y las sucesivas consultas del primer ministro Gozali con los partidos políticos a lo largo del verano para consensuar el marco electoral, apuntaron hacia una toma de conciencia gubemamental sobre la necesidad del pacto para hacer posible el proceso democratizador.

La negativa de la Asamblea Nacional a aprobar el 13 de octubre pasado la ley electoral acordada por Gozali con los partidos políticos ha puesto de manifiesto lo dificil que es superar las paradojas de una transición en que el marco que garantiza unas elecciones limpias y libres debe ser aprobado por un Parlamento vestigio del antiguo partido único, que se resiste a votar una ley que no vaya destinada a proteger sus intereses.

Así, los principales cambios que introducía la nueva ley (anulación del voto por delegación entre familiares directos, segunda vuelta electoral con tres candidatos, representatividad más equilibrada de las circunscripciones) fueron rechazados por la Asamblea, dejando en lo fundamental el espíritu de la ley de abril de 1991.

El presidente de la República, en vez de devolver dicha ley al Parlamento, como le concede la Constitución, optó por convocar elecciones para el 26 de diciembre y, en una especie de solución salomónica, remitir al Tribunal Constitucional el fallo sobre la ilegalidad del voto por delegación entre los cónyuges (que de hecho ha servido para que el marido votase por la mujer), acabando así con una de las prácticas que tradicionalmente han consagrado la desigualdad entre la ciudadanía argelina.

Con estas decisiones, el jefe del Estado argelino se inclinaba por no prolongar el infructuoso enfrentamiento entre Gobierno y Asamblea y poner fin de una vez por todas a la existencia de instituciones Ilegítimas incapaces de gestionar la democratización.

La celebración de los comicios, con la participación de todas las fuerzas políticas, es la última oportunidad que le queda a Argelia para salir del bloqueo político y afianzar la credibilidad de sus ciudadanos en la transición. Con ellas, Argelia se convertirá en uno de los primeros países del mundo árabe donde unas elecciones concurrenciales son susceptibles de influir en la formación del Gobierno.

Los dilemas de la transición

Aun siendo las elecciones un elemento capital para consolidar la transición argelina, son diversos los dilemas a los que a medio plazo tendrá que hacer frente la democracia en Argelia para su profundización y estabilización.

Por un lado, uno de los interrogantes se plantea en torno al comportamiento del FIS: si bien la democracia difícilmente podría construirse al margen de esta fuerza política de importante base social, no se sabe si podrá ser viable con ella en el poder. Y aunque es muy improbable que alguna formación política logre la mayoría absoluta en las elecciones, de lo que sí existe bastante certeza es de que el FIS estará bien representado en la nueva Asamblea y, lógicamente, en el nuevo Gobierno.

El doble lenguaje islamista con respecto a los valores democráticos (según se trate de lanzar la democracia en contra del antiguo régimen, de tranquilizar al exterior o de movilizar un universo mental radicalmente opuesto a las categorías transmitidas desde Occidente) más bien indica que serán factores relativos a su nivel de representación en el Parlamento, al grado de arbitraje que esté dispuesto a deempeñar el Ejército y a sus relaciones con el entorno exterior los que harán inclinar la balanza hacia un lado u otro. Por lo demás, ha de ser el enraizamiento de los valores relativos a la libertad política y a la autonomía del individuo lo que mejor conduzca a los electores a desconfiar de ideologías hegemónicas y excluyentes.

Entre los partidos minoritarios, probablemente sean el FFS de Ait Ahmed y el RCD de Sa'd, Sa'di, ambos berberistas, aunque de vocación nacional, los que mejores índices de votación obtengan, dominando -como ocurrió en las municipales de 1990 en la Kabilia argelina, donde la manifiesta impermeabilización ante el islamismo muestra la importancia de lo cultural e identitario en la dinámica política de la Argelia de hoy. Los bereberes (21,5% de la población) cuentan con un patrimonio cultural que no necesita de ninguna reafirmación en este sentido.

Liberalismo económico

Otra de las grandes dificultades a las que se enfrenta la transición argelina es lograr establecer un equilibrio razonable entre las contradicciones propias de los dos aspectos de la democracia: las exigencias del paso a la economía liberal, basada en el mercado y la competitividad, que engendran la desigualdad del reparto, y las exigencias de la democracia política, basada en los derechos humanos, el pluralismo y la alternancia, que implican la igualdad entre los ciudadanos.

En la sociedad argelina, de gran disparidad social, enorme tasa de crecimiento y paro y cada vez mayor distancia entre los integrados socioeconómicamente en el sistema y los marginados del mismo, un desmesurado entusiasmo neoliberal y un dogmático ajuste estructural corren el riesgo de agravar dichas contradicciones al punto de bloquear el sistema, impedir el desarrollo de la sociedad civil y acrecentar la frustración de unas poblaciones en las que la aspiración democrática se traduce sobre todo en ansiedad igualitaria y justicia social.

Argelia, lanzada desde 1990 a un ritmo de reformas liberales tan drástico como rápido, ha visto aumentar el índice de precios entre el 50% y el 200% y ha despedido a 125.000 trabajadores del sector público, mientras el paro alcanza al 22% de la población activa, y la tasa de crecimiento demográfico supera el 3% (el 45,4% de la población tiene menos de 15 años).

La frustración de las clases medias argelinas, bruscamente desclasadas; el recurso por parte de los más desfavorecidos a la economía informal y la imparable extensión del malestar ponen de manifiesto que la desaparición del Estado protector no ha ido unida a la capacidad de los ciudadanos para subsistir sin él.

Cuanto más crezca la distancia entre la democracia como ideal y la democracia como técnica de aplicación política, mayores serán los riesgos de desestabilización de esa sociedad decepcionada.