Un conocido estafador

José Antonio Cardós Pastor, encarcelado por el fraude del IVA y beneficiario de fondos de la empresa pública Renfe, es una persona bien conocida por la policía y los juzgados. Procesado, condenado y con varios sumarios abiertos por estafa y falsificación en documento público, tiene además otras tres condenas por entrega de cheques en descubierto. Su primera condena se remonta al año 1983. Cardós es uno de los socios de Consorcio Eléctrico Madrileño, la empresa que consiguió cerca de 400 millones de pesetas como "compensación" a sus derechos sobre unos terrenos de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes que adquirió Renfe.Dos de los dueños de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), Carlos de Juan Villa y el propio Cardós, se encuentran en prisión como presuntos implicados en el fraude del IVA. Ambos socios comparten también un sumario por estafa, por el que fueron procesados en 1988, antes de recibir los millones abonados por Equidesa, filial de Renfe. Este dinero forma parte de los "anticipos de tesorería" concedidos por el ex presidente de Renfe Julián García Valverde sin autorización del consejo de administración.

Personas que conocen la trayectoria profesional de Cardós, y que reconocen su habilidad, señalan que el asunto de los terrenos de Renfe -realizado a través de Consorcio Eléctrico Madrileño- es algo "demasiado alto" para él y dudan de su capacidad para entrar en contacto por sí solo con las personas implicadas en esta operación de compraventa. "Es un pirulero profesional", dice de Cardós un antiguo amigo suyo, utilizando la palabra que en la jerga designa a los estafadores.

José Antonio Cardós, nacido en Ibi (Alicante) el 7 de abril de 1946, participa desde hace ocho años en diversas operaciones, algunas de las cuales culminan en entrega de cheques sin fondos. En varias de estas ocasiones ha utilizado una empresa controlada por él: Financiera de Iniciativas Industriales. Para otra de sus especialidades, la compraventa de propiedades, ha utilizado, en cambio, la sociedad Inmobiliaria Villargo, SA, empresa con la que ha recorrido también distintos tribunales bajo acusaciones reiteradas de falsedad en documento público y estafa.

Antecedentes

Los antecedentes del economista José Antonio Cardós con la justicia arrancan del año 1983 por la entrega de cheques sin fondos. Esa vez, como ocurriría también en dos nuevas condenas en los años 1985 y 1986, la historia termina con el pago de multas.En una nueva actuación contra él por un juzgado de Almansa, de nuevo por la entrega de un cheque sin fondos, aunque en esta ocasión el descubierto alcanza la cifra de 2.070.000 pesetas, los antecedentes que llegan al juzgado con motivo de esta investigación señalaban ya lo siguiente:

17 de noviembre de 1980. Denuncia contra Financiera de Iniciativas Industriales -sociedad controlada por Cardós- por apropiación indebida de efectos cambiarios por valor de 249.000 pesetas.30 de marzo de 1984. El Juzgado número 3 de Madrid solicita su presentación.

21 de mayo de 1985. El Juzgado número 29 de Madrid solicita su presentación, "con resultado positivo".

16 de noviembre de 1985. Denuncia por entrega de talón sin fondos por valor de 137.500 pesetas.

16 de enero de 1986. Denunciado por un industrial de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), al que presuntamente dio un cheque en descubierto por importe de 1.486.000 pesetas.

21 de abril de 1986. El Juzgado número 22 de Madrid pide la presentación del representante legal de Financiera de Iniciativas, "dando resultado negativo".

Los antecedentes policiales en esa fecha señalaban cuatro detenciones: en Madrid en 1982, por amenazas; en febrero de 1984, por estafa; siete meses después, en Alicante, por estar reclamado por la justicia, y un año después, otra vez en Madrid, nuevamente por estafa.

Con posterioridad, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Cardós a 18 meses de prisión como autor de delitos continuados de falsedad y estafa.

La carrera hacia las últimas operaciones de Cardós, realizadas a través de Consorcio Eléctrico Madrileño, sigue dando trabajo a los tribunales. El motivo es su implicación en la red madrileña de fraude del IVA. Pero esa empresa es la misma que recibió 400 millones de pesetas de Renfe como compensación por renunciar a derechos adquiridos, en concepto de alqiler, sobre terrenos de San Sebastián de los Reyes.